En medio de los habituales reclamos y exigencias de la oposición que le tira a todo lo que se mueve, este domingo 3 mil 4772 candidatos disputarán 881 cargos de juzgadores que por primera serán elegidos mediante el sufragio popular.
Aunque debido a la falta de perspectiva los aspirantes a jueces, ministros y magistrados igual que muchos ciudadanos no alcanzan aún a apreciar que, a diferencia de sus antecesores, que fueron impuestos desde el poder, tendrán como valor agregado el respaldo de los votantes.
Ni siquiera están plenamente conscientes de que escribirán un capítulo relevante de la historia judicial mexicana.
Mientras que los representantes del PRI y el PAN, que como siempre, le apuestan al fracaso del proceso, miles de ciudadanos acudirán a las urnas a tratar de renovar el viejo y corrupto sistema de impartición de justicia, casi siempre al servicio de los poderosos e influyentes.
Es necesario reconocer que el desinterés popular generado por la competencia no fue todo culpa de la oposición, también tuvo mucho que ver la complejidad del proceso elaborado por las autoridades electorales que, con tantas trabas, en vez de facilitar, han desalentado la afluencia de los votantes.
Un modelo menos enredado habría creado mayor entusiasmo, aunque existe confianza de que los electores le darán una lección a los que prefieren el modelo de la designación de los jueces que su elección a través del voto.
Cabe destacar asimismo que los opositores que reprobaron ferozmente el método electoral no criticaron que haya sido un jurado popular electo mediante el voto el que juzgó al exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna, actualmente preso en una cárcel de Nueva York, acusado de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Tampoco elevaron la voz para condenar que, mientras que la UIF de Hacienda congelaba las cuentas bancarias del acusado, un tribunal de la ciudad de México resolvió liberarlas, una práctica común de la justicia mexicana.
No tenemos idea de cuál será el desenlace de la elección, pero hay que reconocer que es el primer intento de mejorarlo y que en la medida de lo posible tratará de que, como dispone el artículo 17 la constitución de la República, en lo sucesivo la administración de justicia empiece finalmente a ser sea pronta, expedita, imparcial y gratuita.
Por la trascendencia del acontecimiento, desde este espacio reiteramos el llamado a los electores para que acudan masivamente a votar por quienes les parezca, que aprovechan la ocasión para ayudar a sanear el poder judicial y a los centenares de juzgadores que, además de las escandalosas percepciones que reciben por su tarea, a menudo se enriquecen también vendiendo en vez de dar a cada uno lo que le pertenece.
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