Una primera premisa que hay que rescatar de la desinformación es que ni en México ni en ningún país del mundo vota la totalidad de los ciudadanos mayores de edad. En nuestro país el promedio de participación en elecciones ha sido del cincuenta por ciento, aproximadamente 60% en elecciones presidenciales y mas o menos el 50% en elecciones intermedias. De tal manera que los 13 millones de votos emitidos en la elección del Poder Judicial equivalen al 23% de los electores que normalmente acuden a votar en la elección del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Otra falacia es que los trece millones de votos fueron aportados por Morena que se encargó de acarrear y manipular a esos electores para que votaran en forma casi unánime por sus candidatos a Ministros, Magistrados y Jueces, pero lo cierto es que hubo ciudadanos que asistieron para mostrar su inconformidad con la elección inutilizando su boleta como una muestra de su desacuerdo. Un ejemplo es el caso de Luis Carlos Ugalde, ex Director del IFE que acudió a la casilla electoral para demostrar que se confundió con las boletas y la forma de elegir.
Otro sofisma es que la república ha sido destruida por la apropiación del ejecutivo de los otros dos poderes al obtener la mayoría calificada en las dos cámaras del Poder Legislativo y ahora la mayoría de los juzgadores a través de la elección del primero de junio. En este punto, es pertinente recordar que en 1994 Ernesto Zedillo fue acusado en los medios de impulsar una iniciativa de reforma constitucional para darle un golpe de estado al Poder Judicial y tener un pleno de ministros a modo, nombrados por el Presidente, para poder llevar cabo sus proyectos sin ser obstruido por las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.
Afirman que la elección por voto libre, directo y secreto de los ciudadanos, ha llevado a la Suprema Corte, a las magistraturas y los juzgados, a gente sin la preparación y la experiencia necesarios para ejercer la delicada función judicial, pero omiten decir que la mayoría de los electos no son novatos en el servicio público y cuentan en su formación con estudios de licenciatura, maestrías y doctorados en derecho, y por otra parte, que por obligación legal, como los juzgadores actuales, deberán fundar sus resoluciones en la constitución y las leyes vigentes.
Haciendo gala de su actitud racista, algunos analistas se mofan en los medios y las redes sociales del origen étnico de Hugo Aguilar Ortiz, el abogado oaxaqueño de origen mixteco que presidirá la Suprema Corte de Justicia, y se olvidan o ignoran deliberadamente que el primer oaxaqueño de origen zapoteca que presidió la Suprema Corte de Justicia en 1857, fue el licenciado Benito Juárez, que posteriormente sería Presidente de la República, y dejó una huella historica en el ejercicio de esos cargos.
Anticipan los voceros del desastre que el desempeño de los nuevos juzgadores será parcial y errático, porque se ha destruido la carrera judicial que según su posición política es un acervo valioso que se ha desechado por esta nueva forma de designar al Poder Judicial de la Federación. Señalan que se ha perdido el único mecanismo capaz de contener la destrucción de las instituciones que ha llevado a cabo sistemáticamente el gobierno de la cuarta transformación.
No pasa por el análisis de los comentocratas, la revisión de los miles de amparos utilizados como mecanismo de obstrucción del trabajo del gobierno del sexenio anterior, para impedir las reformas constitucionales y legales necesarias para actualizar el marco jurídico, y tampoco las suspensiones provisionales que se otorgaron frívolamente para impedir el trabajo del Poder Ejecutivo, tampoco hablan de la impropia actitud en la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia que hacía guardia y coreaba porras a las puertas del Palacio Legislativo, para impedir, de facto, que ese poder sesionara en su recinto para ejercer su función.
Sin embargo, trece millones de ciudadanos acudieron a las urnas para estrenar su nuevo derecho constitucional, los nuevos juzgadores han sido designados por un número de ciudadanos superior a los 9.6 millones que votaron por el PAN, a los 5.7 que votaron por el PRI, y los 6.2 que votaron por el MC en las pasadas elecciones de 2024, y que les bastaron para obtener en conjunto 44 diputaciones federales y cuatro senadurías.
Tan bien electos y legítimos son esos legisladores, como los nuevos ministros, magistrados y jueces. Muy lejos de la ofuscación ideológica de Hector Aguilar Camín qué ha dicho que vivimos en “una dictadura constitucional sancionada en las urnas”. Como establece el artículo 39 de la constitución, en México, “la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. El pasado 1 de junio la integración del nuevo Poder Judicial Federal ha dimanado de la voluntad popular de los mexicanos. Cuentas claras.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
