Las dinámicas políticas del país no dejan de sacudirse. Si bien la llegada de Claudia Sheinbaum al poder representa una continuidad de la Cuarta Transformación, también ha significado una renovación de las estructuras de poder que cada vez se hace más evidente.
El ejemplo más claro es el derrumbe del senador Adán Augusto López, a quien le va a costar mucho quitarse el polvo del traje, y salir indemne de la revelación del convivencia que se registró en su administración como gobernador de Tabasco con el crimen organizado.
La grave acusación contra Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su poderoso secretario de Seguridad, hace muy difícil pensar que en su paso por la gubernatura no hubiera estado al tanto de la conducta criminal de su subordinado.
Es la misma ingenuidad que pretende emplear como defensa Felipe Calderón, para desligarse de los delitos que cometía Genaro García Luna en sus narices.
De hecho, sobran testimonios en Tabasco de que múltiples colaboradores y asesores le advirtieron al entonces gobernador sobre la peligrosidad de Bermúdez Requena.
Lo que debería preocupar al senador tabasqueño es que la acción judicial contra el ex funcionario no proviene de un gobierno extranjero o se trate de acusaciones basadas en reportes periodísticos.
Ha sido el propio Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum el que ha informado puntualmente del proceso jurídico y de la búsqueda internacional de quien ya se considera un prófugo de la justicia.
En todo caso, la presidenta ha tenido la cortesía de no involucrar directamente al senador en el caso, aunque él sabe perfectamente lo que este proceso implica en términos políticos.
El tsunami no impactó solo a Tabasco, sino a toda la red de aliados que tejió Adán Augusto en la República, incluido Tamaulipas, donde un grupo buscó resguardo bajo su paraguas. Ellos también resultarán damnificados.
En paralelo, la procuración y la impartición justicia en el estado también ha empezado dar muestras de mayor empeño, como si empezara a salir del aletargamiento.
Un ejemplo claro es la prisión preventiva dictada al ex presidente de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar.
Por más que el ex edil consiga la protección de la justicia federal a través de amparos, es evidente que el proceso en su contra es sólido y le resultará difícil evadir la responsabilidad penal.
Otro más: ayer por la noche se conoció una nueva vinculación a proceso al ex titular de la Secretaría de Bienestar por la compra irregular de 2 millones 600 mil despensas.
Y en el mismo contexto se puede incluir la renovada ofensiva contra el huachicol que ha arrojado decomisos históricos en los últimos meses.
La señal es clara: el pacto de impunidad comienza a resquebrajarse. No es solo una nueva narrativa desde el poder, sino una estrategia que combina operación política con voluntad judicial, en la que salen fortalecidas las figuras de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
