Hace unos días, un caso de abandono institucional y familiar sacudió las redes sociales en Ciudad Victoria. Se trata de una mujer joven, Fátima , presuntamente diagnosticada con trastorno bipolar en fase maníaca, con psicosis. Vive sola, sin tratamiento médico y sin la supervisión de algún familiar.
Vecinos de su fraccionamiento han reportado en repetidas ocasiones ataques e insultos agresivos por parte de la mujer y aunque se han comunicado insistentemente al 911 para solicitar la intervención tanto de sus familiares como de las autoridades, la respuesta, en ambos casos, ha sido prácticamente nula.
Este no es un hecho aislado. Refleja cómo, en Tamaulipas, la salud mental sigue sin ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, a pesar de que su descuido impacta directamente en la seguridad y la convivencia social. En el estado aún no existe una ley específica de salud mental y hay una grave falta de regulación para atender este tipo de situaciones.
En Ciudad Victoria, la única opción para la atención de la salud mental es la UNEME-CISAME, ubicada en la colonia Nuevo Amanecer. Brinda servicios ambulatorios en promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento psicológico y psiquiátrico y cuando se trata de casos graves que requieren hospitalización la única alternativa es el Hospital Psiquiátrico de Tampico, centro de referencia estatal. Sin embargo, su ubicación complica la coordinación con otros municipios.
La Secretaría de Salud estatal cuenta con módulos y centros de atención (CECOSAMA y CAPA), pero su funcionamiento es limitado debido a la escasa comunicación con el 911 lo cual retrasa la atención ante una crisis en el domicilio. No existe en el estado una línea directa para emergencias de salud mental.
La ley es clara: cuando una persona es incapaz de autogobernarse por un problema de salud mental, la familia es responsable de hacerse cargo. La Ley de Salud y el Código Civil de Tamaulipas contemplan la figura de tutela, que incluye la protección de bienes, el cuidado y la supervisión de la persona pero suele suceder que muchas familias se deslindan de esta obligación, dejando al paciente solo y en riesgo, lo que a su vez representa un peligro para la comunidad.
En la legislación estatal existe un capítulo de salud mental dentro de la Ley de Salud. Desde 2023, el gobierno federal creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) pero Tamaulipas carece de un protocolo operativo público y obligatorio que coordine a la Secretaría de Salud, Seguridad Pública y DIF para actuar con mayor eficiencia y rapidez en una crisis. Al final, los casos terminan sin seguimiento.
En los últimos años se han intensificado las campañas de prevención en salud mental, pero siguen siendo insuficientes y esporádicas. El problema crece: tan solo en 2024, el INEGI reportó un aumento del 300 % en la tasa de suicidios en el estado, la mayoría en hombres y los municipios con más incidencia fueron Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. Los trastornos más recurrentes son ansiedad y depresión.
El caso de Fátima es un ejemplo más que demuestra que los temas de salud mental no pueden permanecer encarpetados ni fuera de las reformas a la Ley de Salud. Es urgente crear un protocolo estatal para la intervención en crisis psicológicas y psiquiátricas, aplicable en coordinación entre Secretaría de Salud, Seguridad Pública, DIF y ciudadanía. También es necesario establecer campañas focalizadas por municipio, atacando los principales problemas de cada zona y dando seguimiento a los resultados.
La salud mental es parte del bienestar social. Ignorarla vulnera los derechos de las personas enfermas y pone en riesgo a toda la población.
No debemos esperar. Hay que actuar.
