CIUDAD VICTORIA, TAM.- Pasaron dos años desde que Mario “G”, ex Secretario de Educación de Tamaulipas durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso y finalmente fue declarado culpable de los delitos de peculado y ejercicio ilícito de servicio público. Se trata del primer ex funcionario de primer nivel al que se le declara culpable y que en breve recibirá una sentencia que podría alcanzar los 20 años de prisión como pena máxima.
Pero no es el único, de las más de 100 denuncias que la actual administración de Américo Villarreal ha interpuesto a ex funcionarios del anterior sexenio, incluyendo al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hay al menos otros cuatro ex secretarios, cuyos casos judicializados, ya están muy avanzados en etapa de juicios orales.
Los expedientes presentados por las diferentes dependencias a la Contraloría, hoy Secretaría de Anticorrupción y buen Gobierno, incluyen desvío de recursos y un amplio catálogo de delitos de corrupción. La dependencia estatal presentó los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción que inició las indagatorias y presentó las denuncias ante el juez para iniciar las judicializaciones.
Aunque los primeros pasos iniciaron desde el proceso de entrega-recepción en octubre del 2022, los obstáculos han sido importantes, primero con un fiscal anticorrupción que demoró delliberadamente las investigaciones y luego con carpetas incompletas que eran regresadas por los jueces.
En el caso que involucra al ex secretario de Educación, el 15 de enero del 2018, Mario “G”, en su calidad de Subsecretario de la SET, celebró un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife, México S.A. de C.V.
En el convenio, Mario “G”, representó a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas (SET) como Subsecretario de Administración de la mencionada dependencia.
Durante las audiencias de jucio oral se estableció que Mario “G” no contaba con las facultades para establecer el convenio con la aseguradora, ya que solo lo podría haber firmado el entonces titular de la Secretaría de Educación.
La acusación establecida en la carpeta 14/2023, señala que durante el tiempo en que el convenio tuvo vigencia (15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022), se realizaron diversos depósitos y transferencias de la cuenta de Metlife a una cuenta de Banco Santander de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, por 8 millones 285 mil 878.87 pesos, y no a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Los depósitos por concepto de servicio de retención de primas a los trabajadores en su nómina equivalente al 1 por ciento de cada retención quincenal, luego fueron retirados de la cuenta de la SET para efectuar pagos por distintos conceptos, entre ellos pago a proveedores y servicios, así como a la cuenta bancaria de Mario “G”.
La Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, es la única facultada para regular los ingresos y asignar las partidas presupuestales del ejercicio anual, por lo que lo realizado por el ex funcionario era irregular. Las acusaciones las había enfrentado el ex Secretario de Educación en libertad, pues desde la presentación de la denuncia como de la vinculación a proceso, el Juez Patricio Lugo Jaramillo estableció como medida cautelar, la presentación periódica a firmar.
En la audiencia del jueves 21 de agosto, la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, Martha Patricia Rodríguez Salinas, dictó fallo condenatorio, y programó para el 26 de agosto de 2025 a las 11:30 horas en la Sala “H”, del Centro Integral de Justicia en el Estado, la audiencia de reparación de daño e individualización de sanciones.
El único Secretario que permanece en prisión Otro de los casos que van muy avanzado es el del ex Secretario de Bienestar Social (Sebien) Rómulo “G”, el único funcionario de primer nivel que está en prisión desde el viernes 17 de enero de este año, cuando fue detenido en el municipio de Valles, San Luis Potosí y trasladado a Victoria donde fue internado en el penal de esta ciudad. Los delitos que se le imputan y por lo que fue vinculado en audiencia el 17 de julio de este 2025 son Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.
De acuerdo con la carpeta de investigación (87/2024), Rómulo “G” habría hecho la contratación indebida de 2 millones 600 mil despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio. La contratación que debió ser realizada por la Secretaría de Administración y avalada por la de Finanzas, se realizó en el año 2021, cuando el acusado se desempeñó como Secretario de Bienestar Social en el Gobierno del Estado.
Aunque la denuncia fue judicializada desde 2024, estas iniciaron sin la presencia del ex funcionario, quien hizo caso omiso para presentarse, por lo que el juez giró varias órdenes de presentación. Ante la negativa para presentarse, finalmente el juez obsequió una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, para ser presentado en Tamaulipas, donde se le requería para que respondiera a las acusaciones formulada
Tras labores de investigación, se determinó que Rómulo “G” se encontraba en ciudad Valles, San Luis Potosí, por lo que Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía potosina lo detuvieron en la colonia Altavista en el citado municipio, donde se le notificó del ordenamiento en su contra. El ex titular de Bienestar Social de Tamaulipas, fue ingresado en los separos de la subdireccion de la FGESLP de la Huasteca Norte, hasta que elementos de la Fiscalía de Tamaulipas acudieron y lo trasladaron a la capital de Tamaulipas, para presentarlo ante un juez. Finalmente fue vinculado a proceso el 16 de julio de este año y el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso, y estableció un plazo de investigación complementaria de tres meses, mismo que ha concluido, por lo que en breve también se celebrará una audiencia del caso. Rómulo “G” tramitó un amparo contra la prisión preventiva justificada dictada por el juez, sin embargo este no le fue otorgado por lo que continúa siguiendo su proceso desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria.
EL SECRETARIO CON MÁS DENUNCIAS EN SU CONTRA
El ex Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), es quizás el que más denuncias en su contra enfrenta en este momento, al menos que hayan sido judicializadas. Las denuncias incluyen delitos de ejercicio ilícito de servicio público y desempeño de funciones judiciales o administrativas, por los que ya ha sido vinculado a proceso, la primera de ellas con fecha del 5 de octubre del 2023 (257/2023).
La segunda vinculación a proceso ocurrió el viernes 18 de octubre del 2024, por la carpeta 375/2024, mientras que la tercera vinculación ocurrió apenas cuatro días después el martes 22 de octubre de ese mimso año, por los mismos delitos.
A Gilberto “E” como al ex Secretario de Educación, el juez le ha permitido atender las denuncias en libertad, ya que acude a las audiencias, por lo que solo debe presentarse a firmar de manera periódica ante la Unidad de Seguimiento de Causa y Suspensión Condicional con sede en Reynosa, además de la prohibbición de salir del país, entre otro tipo de medidas.
Las acusaciones al ex titular de Seduma se relacionan con condonaciones que realizó a algunas empresas, por multas e infracciones impuestas por la dependencia a su cargo que realizaba operativos en bancos de materiales y otros establecimientos, que incumplían las normas de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas. Los montos que acusa la Fiscalía Anticorrupción, podrían considerarse daño al patrimonio estatal suman 4 millones 786,320 pesos Pese a más de una decena de amparos promovidos para evitar ser investigado, en la mayoría de ellos se le han negado al considerar que existen pruebas suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.
UN SECRETARIO FUGITIVO DE LA LEY
Otro de los titulares de dependencias estatales es Jesús Alberto “S”, que desde su posición como Secretario de Administración, era el encargado de firmar las licitaciones y adjudicaciones que requería el Gobierno del Estado, por lo que también enfrenta más de una denuncia. Sin embargo, Jesus Alberto “S”, no se ha presentado a las audiencias por lo que se considera fugitivo de la justicia y cuando sea localizado, un juez podría decretarse la prisión preventiva justificada. En la carpeta 86/2024 se le acusa, junto a la ex Contralora Gubernamental Elda Aurora “V” del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, por lo qe fue vinculado a proceso, aún cuando no se presentó a las audiencias.
A ambos ex funcionarios se les señala que el 15 de junio de 2022, adjudicaron de manera directa 14 contratos a dos personas morales y una física, por un monto de 8 millones 233 mil 500 pesos. Se acusa que ilícitamente adjudicaron de manera directa los 14 contratos, fraccionando el importe total de los servicios señalados en los referidos contratos, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. Otra de las acusaciones (309/2024) por el que se acusa del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, toda vez que en diciembre de 2020 realizó adquisiciones por un monto de 125 millones de pesos. En otra de las denuncias, esta presentada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en febrero del 2024, se acusa a Jesús Alberto “S” de peculado a través del desvío de más de 180 millones de pesos
Aquí se señala que se simuló la entrega de recursos por parte del Gobierno del Estado a la Universidad, a través de un “contrato de dación de pago”, situación ilegal para una entidad pública. La simulación convertida en peculado contra la UAT se dio a través de la entrega de un inmueble con un valor real de 13 millones y al que se le asignó un monto de 187 millones de pesos, como parte de los mil 650 millones que el Estado debería entregar a la Universidad como aportación.
DOS DENUNCIAS CONTRA LA EX CONTRALORA GUBERNAMENTAL
Mientras que el martes 4 de marzo del 2025, un juez vinculó a proceso por segunda ocasión a la ex Contralora Gubernamental Elda Aurora “V”, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas. Será el próximo mes cuando podrían continuar las audiencias de este caso, al cumplirse el plazo de seis meses para el cierre de la investigación, otorgado por el juez de cont
POR PERLA RESÉNDEZ
EXPRESO-LA RAZÓN
