TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tras acreditar que la institución incumplió con la reparación integral del daño a una víctima indirecta de homicidio y mantuvo una investigación penal con largos periodos de inactividad, lo que vulneró sus derechos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.
El caso se remonta a 2018, cuando la víctima directa, menor de edad, fue secuestrado y posteriormente privado de la vida. Desde noviembre de 2021, su padre denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas (CEDHT) irregularidades en la investigación ministerial, y en el proceso detalló que su hijo había sido levantado y obligado a trabajar para el crimen organizado.
En agosto de 2022, la CEDHT emitió la Recomendación 20/2022, en la que ordenó a la Fiscalía estatal desahogar diligencias, garantizar la reparación integral y capacitar a su personal.
Aunque la FGJET aceptó la recomendación, solo acreditó avances en capacitación, nombramiento de enlace institucional y colaboración con procedimientos administrativos internos. En lo sustancial, incumplió con dos de los cinco puntos clave: concluir la investigación penal y la reparación del daño.
En su análisis, la CNDH documentó que la Fiscalía tuvo periodos de inactividad de hasta tres años en la carpeta de investigación relacionada con el homicidio.
Las únicas diligencias sustantivas fueron realizadas hasta enero de 2025, con información que ya estaba disponible desde 2019, lo que evidenció falta de exhaustividad por parte del agente del Ministerio Público responsable.
La omisión, de acuerdo con la CNDH, configuró una violación directa al derecho de acceso a la justicia, pues impidió avances en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los responsables.
El incumplimiento más grave señalado por la Comisión fue la falta de coordinación de la Fiscalía con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas (CEAVET) para garantizar la reparación integral del daño.
Desde 2022, la FGJET se limitó a remitir oficios, pero no realizó gestiones efectivas para que la víctima indirecta accediera a indemnización, medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, como establece la Ley General de Víctimas.
Han transcurrido casi tres años desde que el familiar de la víctima fue reconocido formalmente como víctima indirecta sin que reciba compensación alguna ni medidas de apoyo, lo que representa una revictimización y una omisión grave en la protección de sus derechos.
Ante el incumplimiento de la Recomendación 20/2022, la CNDH resolvió el recurso de impugnación promovido por la familia y emitió la Recomendación 112/2025, en la que ordena a la FGJET reactivar la investigación penal y desahogar todas las diligencias necesarias en un plazo máximo de seis meses, coordinarse de inmediato con CEAVET para concretar la reparación integral del daño incluida la indemnización, colaborar plenamente en la denuncia administrativa que la CNDH presentará contra el agente del Ministerio Público y otros servidores involucrados ante el Órgano Interno de Control, capacitar en derechos humanos y perspectiva de infancia y adolescencia al personal de la Unidad de Investigación responsable en un plazo no mayor a seis meses, y designar un enlace de alto nivel que dé seguimiento directo a las acciones recomendadas y mantenga comunicación con la CNDH.
La Comisión estableció que la Fiscalía tiene 15 días hábiles para informar si acepta la recomendación y, en caso de hacerlo, deberá presentar pruebas de cumplimiento en plazos establecidos. De lo contrario, la CNDH podrá solicitar al Congreso de Tamaulipas la comparecencia del fiscal.
La CNDH acreditó que la Fiscalía estatal incurrió en violaciones a los derechos de seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia y reparación integral, además de posibles responsabilidades administrativas de parte de personal de la Fiscalía por falta de exhaustividad y diligencia en la integración de la carpeta.
“La inactividad procesal y la ausencia de acciones efectivas para garantizar la reparación a la víctima resultan incompatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, puntualiza el documento.
Por. Staff
Expreso-La Razón
