CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas, seis ex secretarios que formaron parte del gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca enfrentan avanzados procesos judiciales por delitos relacionados con corrupción, peculado y uso indebido de atribuciones.
Se trata de expedientes que han llegado a la etapa de juicios orales y que representan algunos de los casos más importantes derivados de más de un centenar de denuncias interpuestas por la actual administración de Américo Villarreal Anaya.
A estos procedimientos contra los ex titulares de Bienestar, Educación, Administración, Desarrollo Urbano y Contraloría, se suman los presentados recientemente contra ex funcionarios de Salud, incluida la ex Secretaria Gloria Molina.
Fueron iniciados a partir de auditorías y revisiones realizadas por dependencias estatales, que posteriormente turnaron la información a la entonces Contraloría y hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esta dependencia integró los expedientes y los presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual judicializó las denuncias y las llevó ante jueces de control.
Rómulo “G”: ex titular de Bienestar Social detenido
Uno de los procesos más emblemáticos es el de Rómulo “G”, ex secretario de Bienestar Social, único de los funcionarios de primer nivel que permanece en prisión preventiva. Fue detenido el 17 de enero de 2025 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y trasladado a Ciudad Victoria, donde quedó internado en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes).
La carpeta de investigación 87/2024 lo acusa de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas. Según las indagatorias, en 2021 autorizó la compra de 2 millones 600 mil despensas a través de adjudicación directa, por un monto de 650 millones de pesos, dentro del programa Bienestar Alimenticio.
La contratación debía realizarse a través de la Secretaría de Administración con aval de Finanzas, lo que no ocurrió. Ante su negativa a presentarse voluntariamente a las audiencias, un juez giró orden de aprehensión.
En audiencia del 16 de julio de 2025 fue vinculado a proceso e impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El plazo de investigación complementaria concluyó en octubre, y se prevé que en las próximas semanas inicien las audiencias del juicio oral.
Rómulo “G” tramitó un amparo contra la prisión preventiva, pero este le fue negado, por lo que continúa recluido en espera de sentencia.
Gilberto “E”: con múltiples procesos
El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto “E”, es uno de los funcionarios con mayor número de denuncias judicializadas en su contra. Hasta el momento ha sido vinculado a proceso en tres ocasiones por delitos de ejercicio ilícito del servicio público y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
Las vinculaciones ocurrieron el 5 de octubre de 2023 (carpeta 257/2023), el 18 de octubre de 2024 (375/2024) y el 22 de octubre del mismo año, todas por hechos relacionados con la condonación indebida de multas e infracciones a empresas sancionadas por la dependencia a su cargo.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, dichas condonaciones ocasionaron un daño al patrimonio estatal estimado en 4 millones 786 mil 320 pesos.
El ex funcionario enfrenta los procesos en libertad bajo medidas cautelares que incluyen prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente en Reynosa ante la Unidad de Seguimiento de Causa y Suspensión Condicional.
Pese a promover más de una decena de amparos, la mayoría le han sido negados al considerar que existen elementos suficientes para que los juicios continúen.
Mario “G”: en espera de sentencia
Otro caso relevante es el del ex secretario de Educación, Mario “G”, acusado de firmar en 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Administración de la dependencia, un convenio con la aseguradora Metlife México S.A. de C.V. sin contar con las facultades para hacerlo.
La carpeta 14/2023 establece que entre 2018 y 2022, periodo en que estuvo vigente el convenio, se realizaron transferencias por 8 millones 285 mil 878.87 pesos de la aseguradora a una cuenta de la Secretaría de Educación en Banco Santander, y no a la Secretaría de Finanzas, como obliga la normatividad estatal.
Posteriormente, esos recursos fueron retirados y utilizados para pagos diversos, incluyendo transferencias directas a la cuenta personal de Mario “G”.
Tras enfrentar el proceso en libertad y bajo la medida de firmar periódicamente, el 21 de agosto de 2025 la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, Martha Patricia Rodríguez Salinas, dictó fallo condenatorio. La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño quedó programada para el 26 de agosto en Ciudad Victoria, pero esta no se llevó a cabo porque el acusado no se presentó. Su defensa alegó que se encuentra hospitalizado en Monterrey.
Jesús Alberto “S”: prófugo de la justicia
El ex secretario de Administración, Jesús Alberto “S”, enfrenta varias denuncias y actualmente es considerado prófugo de la justicia al no haberse presentado a las audiencias en su contra.
La carpeta 86/2024 lo señala, junto a la ex contralora gubernamental Elda Aurora “V”, por uso ilícito de atribuciones y facultades. Se le acusa de haber adjudicado de manera directa 14 contratos el 15 de junio de 2022, por un monto total de 8 millones 233 mil 500 pesos, fraccionando importes para evadir la licitación, en contravención al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones.
Otro expediente (309/2024) lo relaciona con adquisiciones irregulares por 125 millones de pesos en diciembre de 2020.
Adicionalmente, en febrero de 2024 la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó una denuncia en su contra por peculado, al simular la entrega de un inmueble valuado en 13 millones de pesos, pero reportado en 187 millones, como parte de la aportación estatal a la institución.
Ante su ausencia, el juez podría dictar prisión preventiva justificada una vez que sea localizado.
Jesús Alberto “S” es además diputado local suplente de Ismael García Cabeza de Vaca.
Inicia proceso en Salud
A la par de estos procesos, esta semana se dio a conocer que la Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal, por un presunto quebranto al erario de 343 millones 966 mil pesos en contratos celebrados con dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona.
El apoderado legal de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, explicó que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; la ex secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa; el ex subsecretario de Planeación y Vinculación Social, Horacio García Rojas Guerra; el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; y el entonces director de Compras, Román Castillo Airola.
Los delitos señalados son uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las investigaciones, durante 2017 y 2018 se celebraron contratos con Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, ligadas a Julio César Carmona Angulo y Carlos Alejandro Romero Guerra, respectivamente. Carmona Angulo es hermano de Sergio Carmona, conocido como “El rey del huachicol” y asesinado en 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León.
El modus operandi, según el apoderado legal, consistió en que las empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para realizar contrataciones cercanas a 500 millones de pesos. De esa cifra, se dejó de cubrir 157 millones “de manera sospechosa”, sin que hasta la fecha exista indicio de que las compañías hayan ejercido acciones legales para reclamar el adeudo.
De los recursos comprometidos, 221 millones eran de origen estatal y 122 millones provenían de fondos federales. Los contratos estaban destinados al mantenimiento de hospitales de la entidad, aunque persisten dudas sobre la efectiva prestación de los servicios.
Elda Aurora “V”: ex contralora vinculada a proceso
La ex contralora gubernamental, Elda Aurora “V”, enfrenta procesos relacionados con las mismas adjudicaciones irregulares del 2022 en las que participó Jesús Alberto “S”.
Fue vinculada a proceso en marzo de 2025 por uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas. El juez de control otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, por lo que se espera que las audiencias continúen en el segundo semestre del año.
Las denuncias contra estos ex funcionarios forman parte de más de un centenar de expedientes abiertos contra ex integrantes de la administración de Cabeza de Vaca, incluido el propio ex gobernador.
Con los recientes cambios en la Auditoría Superior del Estado, en la Fiscalía Anticorrupción y en el Poder Judicial, se prevé que los procesos avancen en los próximos meses. El gobierno de Américo Villarreal ha señalado que su intención es que estos casos concluyan antes del término de su sexenio.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
