El tiempo pasa muy rápido y por eso es fácil olvidar las condiciones políticas y sociales que se vivían en Tamaulipas hasta hace no mucho tiempo.
La próxima semana, se cumplirán tres años de la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador del estado.
Como un ejercicio para dimensionar el largo camino que se avanzó, y el actual estado de salud democrática, vale la pena recordar cómo fueron los meses previos a la elección, el conflicto posterior, y la víspera de la llegada formal de Morena al poder.
El 23 de septiembre del 2022, ya con la elección ganada con casi 100 mil votos de diferencia (730,864 contra 642,433 de César “Truko” Verástegui), el grupo parlamentario de Morena en el Senado utilizó su plataforma política para respaldar al gobernador electo, y condenar “el uso faccioso de las instituciones por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien junto con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio libró ocho órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas”.
Unos días antes, el 21 de septiembre, el mismo Américo Villarreal Anaya había convocado a una rueda de prensa urgente para advertir que un juez de control, Miguel Moreno Castillo, había liberado al menos ocho órdenes de aprehensión contra su círculo cercano, y quizás contra él mismo.
El objetivo evidente era frenar la toma de posesión programada para una semana después.
Estaba en marcha una operación sin precedentes para lograr este propósito, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía todavía en sus manos la impugnación presentada por Acción Nacional con la que pretendían tumbar la elección, por la supuesta intromisión del crimen organizado.
Los magistrados, encabezados por el presidente Reyes Rodríguez Mondragón -cercanísimo a Roberto Gil, asesor estrella y abogado personal de Cabeza de Vaca- dilataron la discusión cuanto pudieron para darle oportunidad al panismo de allegar supuestas pruebas supervenientes para invalidar el triunfo del ahora gobernador.
Pero el expediente armado por el abogado Marco Antonio Baños nunca tuvo sustento. Era un collage de publicaciones digitales e impresas que pretendían pintar un escenario de caos e inseguridad durante la jornada electoral, y que no tuvieron peso jurídico alguno.
Eran los tiempos en que el cabecismo, herido por la elección perdida, peleaba una batalla a muerte por aferrarse al poder. En el Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortíz Renán operaba a sus anchas y los satélites del poder estatal, movían sus piezas en la Ciudad de México para sacarse de la manga cualquier chicana política, por ridícula que pareciera, para evitar la llegada de Morena al gobierno de Tamaulipas.
Hasta el candidato del PAN, César Verástegui, mostró mayor ecuanimidad que la dirigencia estatal de su partido que insistía en anular una elección que claramente habían perdido.
Esa era la orden del Gobernador y sus incondicionales buscaron cualquier método para conseguirlo.
No lo lograron, pero en su retirada, dejaron un campo sembrado de minas políticas y un profundo daño a las instituciones del estado.
Hoy, el deterioro democrático de Tamaulipas ha empezado a revertirse y ese es el mérito principal de la administración de Américo Villarreal Anaya que dentro de una semana llegará a la mitad de su sexenio.
Y esa es una buena noticia.
El grupo parlamentario de Morena en el Senado expresó su solidaridad al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y rechazó “el uso faccioso de las instituciones por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien junto con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio libró ocho órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas”.
En un escrito signado por la mayoría de la bancada morenista, acotó: “Reprobamos la actuación del gobernador de Tamaulipas y del juez de control Miguel Moreno Castillo, asignado en Altamira, quienes ejecutan un plan vergonzoso y siniestro que busca imponer medidas de terror judicial en el estado, contra los ciudadanos y contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez; Carlos Canturosas, hermano de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, y el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz, entre otros.
“Lo que busca es tratar de impedir la llegada del gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, y que la transformación llegue a Tamaulipas a sólo 10 días de su toma de protesta.”
Los senadores del partido guinda demandaron “poner un alto a la difusión de los documentos falsos expuestos por un columnista, que carece de sustento tras las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desconociendo la legitimidad de dichos documentos”.
A esta serie de filtraciones, refirieron, se suma la publicación de estados de cuenta apócrifos. Por medio de un notario especializado de Países Bajos “se logró desmentir la información sobre supuestos depósitos bancarios a Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo del gobernador electo”, lo cual lo deslinda de toda relación “con la institución bancaria involucrada”; además, un análisis comprobó que los estados de cuenta mostrados eran falsos.
Agregaron que “intereses mezquinos” de García Cabeza de Vaca buscan dañar la reputación del mandatario electo, “difamándolo y buscando manchar su imagen para interferir con esta falsa información en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial”.
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Aunque ya se tiene un gobernador electo, la titularidad de la gubernatura de Tamaulipas se mantiene en el aire, lo anterior debido a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sigue sin resolver la impugnación que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) por la presunta intromisión del crimen organizado en la contienda celebrada el pasado mes de junio, la cual derivó en el triunfo del candidato de Morena, Américo Villarreal.
El exconsejero electoral, Marco Antonio Baños, explicó a Expansión Política que la Sala Superior tiene como fecha límite para resolver la impugnación el 30 de septiembre, debido a que la toma de protesta del nuevo mandatario local está prevista para el 1 de octubre.
Dado lo anterior, Baños confió en que la contienda se pueda anular, dada la magnitud de pruebas que se entregó al TEPJF en el “juicio madre” como lo llama la coalición Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democtática (PRD), que postuló al candidato César Verástegui.
«Si la elección se anula, por supuesto tendría que haber un gobernador interino y por consecuencia habría elección extraordinaria», detalló el también representante legal del otrora candidato panista.
al Magistrado Presidente del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, por su presunto interés de anular los resultados de la elección en la entidad.
«Pedirle al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Presidente de la Sala Superior, que deje de obstaculizar la justicia, que no siga incurriendo en el retardo del que somos víctimas junto con todo el pueblo de Tamaulipas y que permita la resolución inmediata”, dijo.
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La historia terminó: Américo Villarreal Anaya será el próximo gobernador de Tamaulipas, ya que no existió ninguna irregularidad para invalidar la elección, determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, presentó a detalle el proyecto de resolución del juicio electoral 101, mismo que fue respaldado en lo general por la unanimidad del Pleno del órgano.
El Partido Acción Nacional (PAN) pidió la anulación del triunfo por violencia generalizada y financiamiento del crimen organizado a la campaña del morenista.
El grueso de las pruebas presentadas fueron notas de medios de comunicación y videos de Facebook que apuntaban a la supuesta intervención de los cárteles del Golfo y Los Zetas, la columna cívica “Pedro J. Méndez” y la familia Carmona en la elección a la gubernatura.
La mayoría del Tribunal consideró que no hubo vulneraciones a la cadena de custodia y a los principios de neutralidad e imparcialidad, y la intervención del crimen organizado con violencia generalizada a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En primer turno, las magistradas Janine M. Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso, y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez expresaron sus votos a favor de validar el triunfo de Villarreal.
Al final de la sesión extraordinaria, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón manifestaron su apoyo a la validación de los resultados electorales.
Villarreal Anaya ganó con 731 mil 383 votos frente a 642 mil 800 sufragios del entonces candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, César Verástegui Ostos.
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La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó, por unanimidad de votos, el cómputo, la declaración de validez, la entrega de la constancia de mayoría y la elegibilidad de Américo Villarreal Anaya, postulado por la candidatura común “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México.
El Partido Acción Nacional (PAN) impugnó el cómputo de la elección, la declaratoria de validez y la constancia de mayoría en favor del candidato referido, realizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Al respecto, el tribunal electoral local confirmó los actos combatidos y, en contra de esa determinación, el PAN promovió juicio de revisión constitucional ante esta Sala Superior.
Durante la sustanciación del medio de impugnación, Morena solicitó que el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, se abstuviera de participar en la discusión y resolución del juicio. Sin embargo, este fue declarado infundado, por unanimidad de votos, debido a que no se acreditó la actualización de alguna causal de impedimento legal.
Por tanto, en sesión pública por videoconferencia, a propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior confirmó los actos impugnados y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Américo Villarreal Anaya, según lo siguiente:
1. Respecto a la elegibilidad de Américo Villarreal debido a su reincorporación al Senado en los días previos a su toma de protesta, se determinó que la separación solo es exigible hasta la realización de los cómputos, por lo que se puede reincorporar válidamente una vez concluidos, pues la finalidad de la norma es garantizar la equidad en la contienda.
2. Sobre la vulneración de la cadena de custodia de los paquetes electorales en diversos distritos, se argumentó que dicha vulneración no quedó demostrada, por lo que tampoco podría generar la nulidad de la elección.
3. En cuanto a la presunta intervención de los “servidores de la nación”, como representantes de casilla el día de la jornada, se sostuvo que, en el caso, no se acreditó que hubieran generado una presión sobre el electorado. Sin embargo, se le vinculó al Instituto Nacional Electoral para que, en treinta días hábiles a partir de su notificación, establezca lineamientos para evitar que esa participación pueda afectar los procesos electorales en un futuro.
4. Respecto a la presunta intervención del crimen organizado y violencia generalizada, así como vínculos del gobernador electo o integrantes de Morena con algún grupo delictivo, se tuvo que no se presentaron pruebas que lo acreditaran.
Por último, en cuanto a la participación de ciertos funcionarios públicos en actos de campaña, si bien se tuvo acreditada, la Sala determinó que esas participaciones no fueron generalizadas, reiteradas ni determinantes, por lo que no afectaron las condiciones de validez ni el resultado de la elección (SUP-JRC-101/2022).
Por. Miguel Domínguez Flores
