TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante el 2025, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas ha remitido 18 procedimientos de responsabilidad administrativa al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, luego de que diversos entes públicos y organismos no cubrieran los montos establecidos en los pliegos de responsabilidades, por diversas irregularidades.
El primer expediente corresponde al municipio de Méndez, identificado como ASE/DGAJ/DS/PRA/004/2025, por un monto de 284 mil 200 pesos. El asunto fue turnado a la Primera Sala del Tribunal y se relaciona con presuntas omisiones en la solventación de observaciones detectadas durante la fiscalización.
En este caso, la ASE determinó la existencia de responsabilidades económicas que no fueron cubiertas dentro de los plazos establecidos.
Otro expediente fue presentado en contra del Colegio San Juan Siglo XXI, bajo el folio ASE/DGAJ/DS/PRA/005/2025, por un monto de 362 mil 544 pesos. Este caso fue enviado a la Tercera Sala del Tribunal y está relacionado con la falta de comprobación adecuada de recursos públicos entregados al organismo educativo, lo que derivó en un presunto daño patrimonial que no fue reintegrado.
Dos casos más se registran en el municipio de Camargo. El primero, ASE/DGAJ/DS/PRA/008/2025, representa un monto de 198 mil 117 pesos y fue turnado a la Primera Sala. El segundo, ASE/DGAJ/DS/PRA/009/2025, asciende a 266 mil 842 pesos, también remitido a la Primera Sala, ambos vinculados con irregularidades en la administración municipal y la falta de cobertura económica de los pliegos girados por la Auditoría.
El expediente de mayor monto observado corresponde a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Camargo, identificado como ASE/DGAJ/DS/PRA/010/2025, por 4 millones 656 mil 100 pesos. Fue enviado a la Primera Sala del Tribunal y deriva de observaciones relacionadas con el manejo de los recursos del organismo operador de agua, principalmente en gastos sin justificación y adquisiciones que no cumplieron con la normatividad.
Otro procedimiento se inició contra el municipio de Jiménez, folio ASE/DGAJ/DS/PRA/011/2025, por 245 mil 166 pesos, turnado a la Segunda Sala del Tribunal. El caso se encuentra relacionado con presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto público municipal. De igual manera, se abrió un expediente contra el municipio de Güémez, identificado como ASE/DGAJ/DS/PRA/012/2025, por un monto de 1 millón 737 mil 793 pesos, enviado a la Tercera Sala, por conceptos no solventados y sin respaldo documental suficiente.
La ASE también remitió el procedimiento ASE/DGAJ/DS/PRA/013/2025 contra el organismo FOMICRO por 312 mil 476 pesos. Este expediente fue asignado a la Primera Sala y está relacionado con la falta de recuperación y comprobación de recursos destinados a programas de financiamiento social. En el sector educativo, se abrió el expediente ASE/DGAJ/DS/PRA/014/2025 dirigido a la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, por 31 mil 105 pesos, debido a observaciones menores que no fueron aclaradas ni reintegradas en tiempo.
A su vez, el municipio de Casas enfrenta el expediente ASE/DGAJ/DS/PRA/015/2025, por un monto de 1 millón 227 mil 473 pesos, vinculado con presuntos pagos irregulares y falta de documentación comprobatoria. Finalmente, el expediente ASE/DGAJ/DS/PRA/016/2025 corresponde nuevamente al municipio de Güémez, por un monto de 79 mil 161 pesos, derivado de observaciones no solventadas referentes al ejercicio del gasto operativo.
Los expedientes fueron integrados en el Departamento de Substanciación y enviados al Tribunal para su resolución. La ASE precisó que, además de estos casos, existen otros procedimientos en etapa de investigación que continúan su curso legal.
Estos procedimientos tienen como finalidad determinar la existencia de faltas administrativas graves atribuibles a servidores públicos o particulares, aplicar sanciones y asegurar el resarcimiento del daño causado al erario estatal o municipal.
En su informe semestral entregado al Congreso del Estado, la Auditoría Superior señaló que la presentación de estos procedimientos no constituye el cierre del proceso fiscalizador, “sino el inicio de una etapa en la que se requiere seguimiento puntual” para garantizar que los expedientes concluyan con la imposición de sanciones y, de ser el caso, la judicialización ante probables hechos constitutivos de delito.
La ASE afirmó que el éxito de estos procesos es esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección del erario público, al permitir la recuperación de recursos que pueden ser reinvertidos en beneficio de la población tamaulipeca.
El organismo advirtió que uno de los principales retos será asegurar el avance y conclusión de los procedimientos dentro de los plazos establecidos, de manera que las acciones de fiscalización se traduzcan en resultados concretos y duraderos para la administración pública estatal y municipal.
Por. Staff
Expreso – La Razón
