Tres años después de aquella elección bajo tormenta, Tamaulipas no encaja en el retrato de caos que circula en redes, tampoco en un optimismo desbordado, pero sí en un punto preciso y documentado donde los datos duros describen un estado más estable que en la década anterior y con avances verificables.
Quien siga solo la conversación digital verá incendios eternos, conspiraciones y colapso, pero más del 50 por ciento de ese ruido proviene de granjas de bots dedicadas a fabricar tendencias y multiplicar ataques, un ecosistema artificial que contrasta con los indicadores económicos, de seguridad y de confianza institucional.
En seguridad la fotografía es distinta a la narrativa tóxica, el SESNSP reporta reducciones sostenidas en homicidio doloso y una caída superior al 70 por ciento en secuestro, un dato mayor para un estado que entre 2010 y 2016 encabezó los peores registros del país y donde los enfrentamientos eran cotidianos en grandes ciudades.
En el sexenio anterior operó una red de vigilancia política conocida por todos y documentada por instancias federales, un esquema que seguía opositores y filtraba expedientes; su desactivación redujo la tensión institucional y desmontó el ambiente de persecución heredado.
En economía los avances son verificables, Tamaulipas cerró 2024 con más de 31 mil millones de dólares en exportaciones, una cifra histórica según DataMéxico, y el empleo formal aumentó más de 30 mil plazas en dos años, mientras el puerto de Altamira reportó crecimientos de doble dígito en movimiento de contenedores y carga general.
El dinamismo se sostiene con inversiones ligadas al nearshoring, nuevas líneas de producción en la industria automotriz y electrónica, ampliación de parques industriales y modernización de cruces fronterizos que fortalecen la posición estratégica del estado en la frontera norte.
Las calificadoras financieras también marcaron una diferencia, HR Ratings elevó la perspectiva crediticia del estado y Fitch ratificó estabilidad en las finanzas públicas, lo que contrasta con los incrementos de deuda y señalamientos de la Auditoría Superior registrados en el cierre del gobierno anterior.
En percepción pública se da un fenómeno interesante, las encuestas nacionales colocan a Américo Villarreal en una franja media con entre 42 y 47 por ciento de aprobación, pero la ENCIG del INEGI muestra que 62.9 por ciento de la población confía en su gobierno, el índice más alto del país, un dato que no encaja con la narrativa de desastre que domina en redes.
Ese contraste explica buena parte de la disputa discursiva, porque la oposición apuesta a un clima de colapso mientras los indicadores muestran que la ciudadanía evalúa un entorno menos explosivo que el de los años marcados por violencia extrema, persecuciones políticas y conflictos permanentes entre poderes del estado.
En obra pública avanzan proyectos de largo plazo como la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, la modernización de aduanas, infraestructura carretera, ampliación del puerto de Altamira, inversión en parques eólicos y fortalecimiento de hospitales regionales, acciones que no resuelven todos los rezagos pero sí rompen la inercia de parálisis del periodo anterior.
Los problemas históricos siguen ahí, desde la desigualdad urbana hasta la presión migratoria en la frontera, la saturación de servicios en municipios grandes y los pendientes en movilidad y agua, pero el diagnóstico basado en datos coloca al estado en un tramo de estabilización institucional y económica, lejos del derrumbe que algunos promueven para fines políticos.
La distancia entre la vida cotidiana y el ruido digital se ensancha, mientras en redes domina la histeria fabricada, la ciudadanía evalúa desde su experiencia directa, y en ese terreno el gobierno de Villarreal llega a la mitad de camino con cifras mejores y muy lejanas del relato apocalíptico que se intenta imponer.
Por. Pedro Alfonso García
