Si no hay sorpresas, el abogado Jesús Eduardo Govea Orozco será nombrado la próxima semana como nuevo Fiscal General de Justicia.
Asumirá funciones el 15 de diciembre, cuando finalmente concluye el periodo de siete años de Irving Barrios Mojica, quien decidió no contender por la reelección.
Los argumentos para pronosticar la designación de Govea están relacionados con su perfil. Tanto en términos políticos, como en el rubro técnico, tiene mayor solidez que cualquiera de los otros dos aspirantes que integran la terna enviada por el Ejecutivo.
La próxima semana, el Pleno del Congreso cumplirá con el trámite de votarlo y ungirlo como titular de la Fiscalía.
Pero a partir de entonces deberá iniciar un nuevo procedimiento igual de relevante.
Govea Orozco deberá renunciar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que llegó hace poco más de un año, y los diputados tendrá que buscarle un sustituto.
No es una posición menor, ni mucho menos. Basta recordar la disputa que generó durante los primeros años del gobierno de Américo Villarreal.
Atrincherado, el entonces Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda se convirtió en el principal obstáculo para llevar ante la justicia a los ex funcionarios acusados de cometer delitos.
La FECC fue, mientras él estuvo ahí, el último bastión del cabecismo.
Tanto así que a su salida -renunció en el 2024, cuando todavía le quedaban cuatro años de gestión- y tras la llegada de Govea, fue que empezaron a desatorarse los expedientes que hoy mantienen bajo proceso a casi una decena de ex secretarios del gabinete panista.
Es decir, los casos de mayor impacto, los que más reflectores atraen, se persiguen en esa Fiscalía Especializada que a pesar de depender administrativamente de la Fiscalía General, tiene un mayor grado de autonomía.
Una vez confirmada la renuncia de Govea, el Congreso emitirá una convocatoria similar a la del año pasado, para que los interesados en ser titulares de la FECC se registren en el proceso.
Entre los requisitos está tener nacionalidad mexicana, tener por lo menos 30 años de edad, no tener antecedentes penales, alguna trayectoria demostrable en la lucha contra la corrupción, y acaso el más importante: aprobar los exámenes de control y confianza.
Los interesados podrán ser entrevistados por la Comisión de Justicia que seleccionará una terna para ser sometida a votación ante el Pleno; ahí donde Govea fue votado por unanimidad en octubre del 2024.
Sobra decir que el puesto requiere a un perfil capacitado en lo técnico, y apto en lo político, para sacar adelante la encomienda.
Quién sabe, quizás algunos de los rechazados en la convocatoria para la Fiscalía General, encontrarán ahí una segunda oportunidad.
Por. Miguel Domínguez Flores
