Hoy en Tamaulipas nos enfrentamos tres frentes simultáneos: presión internacional de Estados Unidos por el Tratado de Aguas de 1944, incumplimientos y decisiones unilaterales de Nuevo León sobre el trasvase El Cuchillo–Marte R. Gómez, y una sequía estructural que ya colapsa los Distritos 025 y 026 y pone en riesgo la estabilidad política y productiva de Tamaulipas.
Deuda de agua y amenaza de aranceles
Donald Trump ha colocado el tema del agua en el centro de la agenda bilateral al acusar a México de deber cerca de 986 millones de metros cúbicos en la cuenca del Río Bravo y fijar como fecha límite el 31 de diciembre para entregar al menos 246 millones de metros cúbicos, bajo amenaza de imponer un arancel generalizado de 5% a las exportaciones mexicanas.
Aunque el Tratado de 1944 prevé, justamente, que en ciclos con sequías extraordinarias México pueda diferir el cumplimiento hasta por cinco años adicionales (lo que llevaría la ventana de regularización hasta 2030), la presión política ignora esa cláusula y coloca a Tamaulipas en la línea de fuego, porque es la entidad que depende de esas entregas internacionales para sus distritos de riego.
“Guerra del agua” con Nuevo León
Los acuerdos firmados en los años noventa obligan a Nuevo León a trasvasar entre 180 y 200 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez cuando se cumplen ciertos niveles de almacenamiento, precisamente para asegurar el riego en el Bajo Río San Juan.
Sin embargo, en distintos años recientes la CONAGUA y el gobierno de Nuevo León han cancelado o pospuesto trasvases argumentando la prioridad del abasto urbano de Monterrey, lo que ha alimentado la percepción en Tamaulipas de un incumplimiento sistemático y de decisiones discrecionales que violan el espíritu de los acuerdos de 1994–1996 sobre los que se construyó El Cuchillo.
Impacto en los distritos 025 y 026
Hoy la crisis se expresa con crudeza en el Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, donde las presas internacionales Falcón y La Amistad prácticamente no tienen agua disponible para programar riegos, lo que ya se califica como una situación “trágica” para miles de productores del norte de Tamaulipas.
En contraste, el Distrito 026 Bajo Río San Juan, abastecido por la presa Marte R. Gómez, se encuentra momentáneamente en mejor condición gracias a niveles superiores al 90% que incluso han permitido recientemente prescindir del trasvase desde El Cuchillo, aunque esta holgura puede evaporarse rápidamente si se combina un nuevo año seco con mayores exigencias del lado texano y persistente resistencia de Nuevo León a enviar excedentes.
Dimensión política y conflicto federación–estados
El conflicto se agrava porque la autoridad formal sobre aguas nacionales recae en el Ejecutivo federal vía CONAGUA, pero la disputa mediática y política se da entre gobernadores, que usan el tema del agua para movilizar opinión pública en Monterrey y en el norte de Tamaulipas.
La presión de Estados Unidos por el cumplimiento estricto del Tratado de 1944, sumada a la amenaza de aranceles, desborda el ámbito técnico e introduce un componente geopolítico: si el gobierno federal cede frente a Trump acelerando entregas al Río Bravo sin resolver el trasvase El Cuchillo–Marte R. Gómez, la factura política y productiva se cargará desproporcionadamente sobre los agricultores tamaulipecos.
Riesgos inmediatos y salidas de fondo
En el corto plazo, el riesgo principal es la pérdida de ciclos de siembra de granos básicos en el 025 y la reducción del potencial del 026, con efectos multiplicadores sobre empleo rural, cadenas agroalimentarias y estabilidad social en el norte del estado.
De fondo, el escenario obliga a tres líneas de acción:
1. defensa jurídica y diplomática estricta del Tratado de 1944 con uso pleno de la cláusula de sequía;
2. exigencia de cumplimiento transparente de los acuerdos de trasvase con Nuevo León bajo criterios técnicos de CONAGUA, no sólo políticos; y
3. aceleración de la tecnificación de riegos y uso de aguas tratadas en los distritos 025 y 026, donde ya se reportan avances parciales pero claramente insuficientes frente al desafío actual.
Por último, sigue pendiente el compromiso de Nuevo León sobre el emisor de aguas tratadas proviene de los acuerdos de coordinación para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan, firmados el 13 de noviembre de 1996 entre la Conagua, los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, Agua y Drenaje de Monterrey y los usuarios del Distrito 026.
En esos instrumentos se establece la construcción de un emisor para conducir aproximadamente 189–190 millones de metros cúbicos anuales de aguas residuales tratadas desde Monterrey hacia la presa Marte R. Gómez.
La falta de cumplimiento de Nuevo León en la construcción y puesta en marcha del emisor de aguas tratadas hacia Tamaulipas agrava la crisis hídrica y la tensión política entre ambas entidades.
Este retraso impide incorporar volúmenes adicionales para uso agrícola e industrial en el Bajo Río San Juan, debilita los acuerdos de cooperación de los años noventa y refuerza la percepción de un trato inequitativo hacia los productores tamaulipecos.
En conclusión, la crisis hídrica en el norte no tiene por qué convertirse en una guerra entre vecinos, sino en un punto de inflexión para construir acuerdos más inteligentes y duraderos. Nuevo León, Tamaulipas, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump tienen incentivos comunes:
1. proteger la producción agrícola y industrial,
2. dar seguridad a las ciudades y
3. evitar choques comerciales costosos.
La salida no está en imponer ni en bloquear, sino en combinar ciencia, derecho y política: actualizar los acuerdos de trasvase y de aguas tratadas con absoluta transparencia, aplicar con rigor técnico el Tratado de 1944 y comprometer inversiones binacionales en infraestructura y eficiencia del riego.
Si cada actor cede en algo y gana certidumbre a cambio, esta coyuntura puede transformarse en ejemplo de cooperación regional, donde el agua deje de ser motivo de amenaza y se convierta en base de confianza compartida y desarrollo para ambos lados de la frontera.
Por. Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Especialista en políticas públicas. SNII-2 SECIHTI.
