CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El cierre de 2025 marcó también el final de uno de los programas federales con mayor impacto social y vehicular en México, pero en especial para Tamaulipas.
Y es que fue el 31 de diciembre, cuando en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno de México abrogó de manera definitiva el decreto de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como autos “chocolate”, con lo que se puso fin a un esquema extraordinario que estuvo vigente durante poco más de 4 años.
El decreto, impulsado al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba ordenar el parque vehicular, brindar certeza jurídica a miles de propietarios y facilitar la identificación de unidades que durante años circularon al margen de la ley.
A través de un pago único y un trámite simplificado ante el Registro Público Vehicular (REPUVE), los propietarios pudieron incorporar estos automóviles a la legalidad.
Pero en Tamaulipas, el impacto del programa fue particularmente significativo.
De acuerdo con cifras oficiales y reportes de seguimiento, en la entidad se regularizaron cerca de 500 mil vehículos desde el arranque del programa en 2021 y hasta su conclusión en 2025, colocando al estado entre los primeros lugares a nivel nacional en número de unidades nacionalizadas.
La mayor demanda se concentró en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Altamira, donde los módulos de atención operaron de manera constante ante la alta afluencia ciudadana.
Además del efecto en la movilidad y la certeza jurídica, el programa tuvo un impacto directo en las finanzas públicas locales, pues parte de los recursos recaudados por la regularización fueron canalizados a obras de pavimentación, rehabilitación de calles y mejoramiento de vialidades en distintos municipios tamaulipecos, lo que permitió atender rezagos históricos en infraestructura urbana, especialmente en zonas con alto tránsito vehicular.
No obstante, el decreto también generó polémica.
Organismos del sector automotriz y especialistas en comercio exterior advirtieron que la regularización podría incentivar la importación irregular de vehículos usados y afectar al mercado formal.
Pese a ello, para miles de familias tamaulipecas, el programa representó una solución real para legalizar vehículos utilizados como medio de transporte diario o herramienta de trabajo.
Pero, ¿qué significa la abrogación del decreto?
La abrogación es una figura jurídica que implica la eliminación total de una norma, es decir, el decreto de regularización de autos de procedencia extranjera queda sin vigencia y sin efectos legales, junto con todas sus modificaciones y ampliaciones.
A diferencia de una derogación, que solo elimina partes de una ley, la abrogación cancela por completo el ordenamiento.
Con la publicación del acuerdo en el DOF, no habrá más prórrogas ni nuevas etapas del programa.
Y a partir del 1 de enero de 2026, ya no se aceptan nuevos trámites de regularización bajo este esquema excepcional.
Los vehículos que no lograron regularizarse deberán sujetarse a las disposiciones generales de la Ley Aduanera y la normatividad fiscal vigente para su importación definitiva.
Las autoridades federales argumentaron que el programa cumplió su objetivo, al permitir la identificación de propietarios, la incorporación de cientos de miles de vehículos al padrón oficial y el ordenamiento temporal del parque vehicular, por lo que ya no era necesario mantener un régimen extraordinario.
Con el fin del decreto, Tamaulipas cierra un capítulo clave en materia de regularización vehicular, dejando como saldo cerca de medio millón de automóviles incorporados a la legalidad, pero también el reto de fortalecer los controles fronterizos, la seguridad vial y la regulación del ingreso de vehículos usados al país en los próximos años.
Por Por Antonio H. Mandujano
EXPRESO – LA RAZÓN
