Sin duda alguna, hablar de democracia en México dejando fuera de la conversación a los municipios es un ejercicio incompleto.
El municipio no solo es el primer contacto entre la ciudadanía y el Estado, es también el espacio donde los problemas públicos se viven con mayor intensidad y, por tanto, donde las soluciones deberían ser más inmediatas. Sin embargo, pese a su relevancia constitucional y social, el municipalismo sigue siendo uno de los grandes olvidados en la agenda legislativa.
Y tal pareciera que nuestros legisladores tamaulipecos —locales y federales— han olvidado —o nunca entendieron, vaya usted a saber— que el municipalismo verdadero no se trata solo de promover exhortos y “amables solicitudes” para “poner a trabajar” a los municipios; sino, que se precisa dotarlos de herramientas verdaderas para sacar del rezago en que históricamente se encuentran.
Conviene hacer un ejercicio histórico para recordar que esta curiosa circunstancia no es propia del régimen morenista, también se dio cuando gobernaba el PRI y, desde luego, en el gobierno del PAN; cada que existe una mayoría parlamentaria del mismo color que el gobierno en turno, el Congreso local sufre de un serio caso de exhortitis municipal.
Desde nuestro Congreso Tamaulipeco, el debate y el discurso suelen llenarse de grandes reformas nacionales, debates ideológicos y confrontaciones estériles, mientras que los problemas cotidianos de los municipios —servicios públicos deficientes, infraestructura deteriorada, falta de planeación urbana, seguridad de proximidad, capacidades administrativas limitadas— quedan relegados a un segundo plano.
Es decir, son pocas las iniciativas que realmente buscan fortalecer a los municipios tamaulipecos como instituciones y, a su vez, dotarlos de herramientas jurídicas, técnicas y financieras para cumplir con sus responsabilidades legales.
La omisión legislativa en materia municipal no es obra de la casualidad. Fortalecer al municipio implica una redistribución del poder, el rediseño del modelo fiscal y, principalmente, asumir que la centralización no ha sido sinónimo de eficacia.
Implica también reconocer que muchos Ayuntamientos operan con marcos normativos obsoletos, con escasa profesionalización y con atribuciones que no siempre van acompañadas de recursos suficientes. Aun así, la producción legislativa orientada a corregir estas deficiencias es mínima, inclusive, nula.
Y el problema se agrava cuando se analiza el tema presupuestal. Los municipios siguen siendo el eslabón más débil en la distribución de recursos públicos. Las fórmulas de participaciones y aportaciones federales rara vez responden a las realidades locales, y los congresos poco hacen para impulsar esquemas que fortalezcan la hacienda municipal, incentiven la recaudación propia o garanticen mayor autonomía financiera.
Sin recursos, cualquier discurso sobre desarrollo local se vuelve únicamente retórico.
Indudablemente, fortalecer el municipalismo desde el ámbito legislativo no es un favor político, es una obligación constitucional. Significa legislar pensando en la calle, en la colonia, en el barrio; diseñar leyes que faciliten la gestión municipal y no que la entorpezcan; y asumir que un país con municipios débiles es un país con democracia frágil.
Principalmente, significa entender que fortalecer verdaderamente el municipalismo no se trata solo de aventar exhortos y “respetuosas solicitudes” a diestra y siniestra para intentar justificar trabajo; implica un estudio exhaustivo de las necesidades de los municipios para proponer soluciones reales a estas.
En fin, si el Congreso aspira a ser un verdadero agente de transformación, debe mirar hacia abajo, hacia lo municipal. Porque es ahí donde el Estado mide verdaderamente su gobernabilidad todos los días.
Por. Josué Sánchez Nieto
