ESTADOS UNIDOS.- La política migratoria de Estados Unidos volvió al centro del debate luego de que el Department of State informara la revocación de más de cien mil visas, una decisión que confirma el endurecimiento de los controles y el uso de bases de datos criminales para revisar estatus migratorios vigentes.
La cifra incluye alrededor de ocho mil visas de estudiantes y dos mil quinientas visas especializadas, otorgadas a personas que, según la autoridad, tuvieron encuentros con agencias de seguridad por presuntas conductas delictivas, un universo amplio que no distingue gravedad ni resultado judicial.
El anuncio se difundió a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado en la red X y fue replicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que subraya que se trata de una línea institucional y no de una declaración aislada dentro del aparato federal.
La decisión se apoya en facultades consulares que permiten cancelar visas aun después de haber sido emitidas, cuando la autoridad considera que existen riesgos para la seguridad pública, un mecanismo legal que no requiere sentencia penal firme para activarse.
En el caso de las visas estudiantiles, el mensaje ha generado inquietud en universidades y comunidades académicas, debido a que muchas cancelaciones se basan en reportes administrativos o contactos previos con la policía, no necesariamente en condenas judiciales.
Para el sector laboral especializado, el impacto se concentra en industrias que dependen de talento extranjero, donde la revocación de visas puede interrumpir proyectos, contratos y cadenas productivas, aun cuando los procesos migratorios se encuentren en regla.
La autoridad estadounidense sostiene que la medida busca prevenir riesgos y reforzar la seguridad interna, mientras organizaciones civiles advierten sobre criterios amplios y poco transparentes que podrían derivar en cancelaciones discrecionales.
El anuncio marca una señal clara, la política migratoria entra en una fase de revisión permanente, con efectos directos en estudiantes, trabajadores y empresas, y con implicaciones que trascienden la frontera y alcanzan a países con alta movilidad hacia Estados Unidos.
Por. Staff
