Por. Josué Sánchez Nieto
Estamos por llegar a la mitad de esta Legislatura y conviene hacer una pausa para cuestionarnos dónde estamos en materia legislativa y si por fin nuestros legisladores asumirán nuevos retos fuera de su zona de confort o seguiremos viendo reformas sin trascendencia y “respetuosas solicitudes”.
El inicio de este 2026 encuentra a Tamaulipas frente a una disyuntiva muy clara: avanzar hacia un marco jurídico que responda a las realidades sociales del presente o seguir administrando inercias legislativas que ya resultan insuficientes.
Una de las cuestiones más evidentes es la ausencia de una legislación integral en materia de salud mental; en un contexto marcado por el aumento de trastornos de ansiedad, depresión, adicciones y conductas suicidas, Tamaulipas carece de una ley específica que establezca principios, obligaciones institucionales, esquemas de prevención, atención comunitaria y protección de derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental.
Esta omisión no es neutra: constituye una forma de invisibilización jurídica de un grave problema de salud pública que afecta la dignidad humana y que, conforme a estándares nacionales e internacionales, exige un enfoque de derechos humanos.
Hoy más que nunca, legislar en salud mental ya no es una concesión progresista; es una obligación constitucional pendiente.
Otro reto central es el fortalecimiento real de la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien Tamaulipas cuenta con un andamiaje normativo en la materia, la práctica ha demostrado que las leyes resultan insuficientes cuando no existen mecanismos efectivos de fiscalización, sanción y seguimiento legislativo.
El Congreso local tiene la tarea impostergable de revisar y robustecer los instrumentos de control parlamentario, de dotar de mayores capacidades a los órganos fiscalizadores y de cerrar los espacios de opacidad que aún persisten en el ejercicio del gasto público.
La rendición de cuentas no puede seguir siendo un discurso retórico; debe convertirse en una práctica exigible y jurídicamente vinculante.
A ello debemos de sumar la necesidad de impulsar una participación ciudadana sustantiva y no únicamente simbólica. Las leyes de participación existentes han demostrado ser limitadas en su alcance e impacto.
Uno de los retos legislativos para 2026 consiste en transitar hacia un modelo donde la ciudadanía incida de manera real en la toma de decisiones públicas, especialmente a nivel local, fortaleciendo así el principio democrático desde la base.
Finalmente, hay un tema de vital importancia en la dinámica actual que no puede, ni debe omitirse y es el cuidado del medio ambiente, particularmente en lo relativo al derecho humano al agua.
Tamaulipas se encuentra en una situación especialmente complicada en la materia y requiere de la atención inmediata del Congreso del Estado: enfrentamos estrés hídrico, conflictos regionales por el uso del recurso y una gestión fragmentada que carece de una visión de largo plazo.
Ante esto, el marco legal estatal sigue siendo reactivo y débil frente a la gravedad de la crisis hídrica que enfrentamos. Se requiere una legislación que priorice el uso sustentable del agua, garantice el acceso equitativo, establezca responsabilidades claras para autoridades y particulares, y proteja los ecosistemas de los que depende la vida misma.
Tenemos que dejar de tratar y entender el agua únicamente como un recurso natural e insumo económico; es un bien público y, desde luego, un derecho fundamental.
Sin duda alguna, los retos legislativos de Tamaulipas para 2026 implican decidir si el Congreso local asumirá su papel como garante de derechos y piedra angular en la construcción de un mejor futuro, o si continuará administrando ausencias normativas y profundizando desigualdades sociales.
Hoy más que nunca, la labor legislativa en Tamaulipas es un acto de responsabilidad histórica… habrá que ver si nuestros diputados están a la altura.
