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Expreso-La Razón
El presidente Donald Trump ha justificado acciones militares estadounidenses contra Venezuela argumentando que reducirían el tráfico de drogas hacia su país. Sin embargo, esta intervención no logró disminuir el consumo de estupefacientes en Estados Unidos ni desarticular las organizaciones criminales transnacionales. Ahora, según analistas como Christopher Shays y Richard Swett en una columna publicada en The Hill, Trump podría aplicar la misma lógica a México.
Si realmente se busca combatir el narcotráfico, una incursión militar en México resultaría contraproducente. Esta estrategia ignora una realidad fundamental: los cárteles se fortalecen gracias a la enorme demanda estadounidense y al constante suministro de armas fabricadas en Estados Unidos. Para reducir efectivamente las drogas en territorio estadounidense, Washington debería fortalecer su ya exitosa colaboración con México e implementar medidas domésticas inmediatas: reducir la demanda interna y detener el tráfico de armas hacia el sur.
Una cooperación que está dando resultados
Durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, las autoridades mexicanas han intensificado las operaciones contra las redes del crimen organizado, manteniendo una estrecha coordinación con agencias estadounidenses.
Los resultados son contundentes.
Funcionarios estadounidenses, incluyendo líderes de la DEA, han confirmado una drástica disminución en el flujo de drogas, particularmente fentanilo:
• Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que las incautaciones mensuales promedio de fentanilo cayeron de aproximadamente 771 kilogramos en 2024 a unos 338 kilogramos en 2025, una reducción superior al 50% en comparación interanual. Gran parte de esta disminución se atribuye a iniciativas conjuntas para combatir precursores químicos y ampliar la capacitación en interdicción.
• El informe de amenazas 2025 de la DEA indica que numerosos productores mexicanos de fentanilo enfrentan dificultades para obtener precursores químicos clave, evidencia clara de que la aplicación coordinada de la ley está interrumpiendo las cadenas de suministro de opioides sintéticos.
Las extradiciones de líderes del crimen organizado han aumentado, mientras las redes financieras vinculadas a estas organizaciones permanecen bajo presión sostenida. Estos logros no son meramente simbólicos: reflejan el fortalecimiento de unidades de investigación, mayor enfoque en altos mandos criminales y un intercambio de inteligencia más ágil y confiable con contrapartes estadounidenses.
Durante una visita oficial a Ciudad de México en 2025, el Secretario de Estado Marco Rubio reconoció estos avances: «Nunca antes en la historia de ambos países ha existido este nivel de cooperación: una cooperación que respeta la soberanía e integridad de ambas naciones, pero que simultáneamente produce resultados concretos».
Los riesgos de una intervención militar
Esta cooperación sin precedentes se vería severamente comprometida incluso ante una acción militar estadounidense limitada. Un ataque violaría la soberanía mexicana y destruiría la confianza que sustenta el intercambio de inteligencia, las extradiciones y las medidas financieras coordinadas. Convertir a México en un campo de batalla fragmentaría una alianza que ha demostrado su efectividad.
Quienes abogan por la escalada militar subestiman considerablemente los riesgos involucrados. Los cárteles no son objetivos militares convencionales: son redes adaptativas y descentralizadas integradas en sistemas comerciales, de transporte y financieros. Ante la fuerza estadounidense, no enfrentarían directamente a las tropas. En cambio, optarían por represalias asimétricas: perturbando puertos, saboteando rutas de transporte o amenazando infraestructura energética.
México es el principal importador de gas natural licuado estadounidense. Cualquier interferencia con estos flujos impactaría inmediatamente los mercados energéticos y las cadenas de suministro norteamericanas, elevando costos para consumidores y empresas estadounidenses mucho antes de debilitar a las organizaciones criminales.
Existe además un peligro estratégico más profundo. Una acción militar podría transformar a los cárteles, a nivel nacional, en defensores contra agresión extranjera. La historia demuestra que las organizaciones criminales prosperan cuando la legitimidad estatal se erosiona. Un ataque externo fortalecería el reclutamiento de los cárteles, minaría la confianza pública en las instituciones y desestabilizaría un gobierno cooperativo que está obteniendo resultados.
La responsabilidad estadounidense
La omisión más evidente en estos llamados al uso de la fuerza es la propia responsabilidad de Estados Unidos.
La demanda estadounidense impulsa el poder de los cárteles. Decenas de millones de estadounidenses consumen drogas ilícitas anualmente, y Estados Unidos representa la mayor proporción del consumo mundial de fentanilo. Mientras esta demanda permanezca prácticamente sin control, la oferta se adaptará, sin importar cuán agresivas sean las amenazas de acción extranjera de Washington.
Igualmente perjudicial es el flujo de armas de fabricación estadounidense hacia México. Estas armas —frecuentemente rifles de alto calibre— permiten a los cárteles desafiar al Estado mexicano, intimidar comunidades y superar en armamento a las autoridades locales. Sin embargo, los esfuerzos estadounidenses para interceptar este tráfico de armas hacia el sur siguen careciendo de recursos y atención política.
Si la administración realmente quisiera debilitar a los cárteles, ampliaría grupos de trabajo conjuntos contra el tráfico de armas, incrementaría inspecciones y procesos contra exportaciones ilegales de armas de fuego, e invertiría significativamente en reducción de demanda doméstica (tratamiento, prevención y reducción de daños) en lugar de amenazar a un socio cercano.
El camino hacia soluciones efectivas
Estados Unidos no necesita coaccionar a México para derrotar a los cárteles. México ya está realizando ese trabajo, junto con Estados Unidos. La pregunta para Washington es si está dispuesto a asumir su propia responsabilidad en el mantenimiento de esta crisis.
Si el objetivo del presidente Trump es genuinamente reducir el tráfico de drogas, crear comunidades más seguras y fortalecer la seguridad fronteriza, la respuesta no es la escalada militar. Es la responsabilidad compartida: fortalecer la cooperación con México, reducir la demanda estadounidense de drogas ilegales y detener el flujo de armas de fabricación estadounidense hacia el sur.
