La demora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en el caso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien tiene a cargo el proyecto para resolver la validez del amparo contra la orden de aprehensión, del ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, envía mensajes que pueden interpretarse como un tema que vulnera el principio de justicia pronta y expedita y aún más, tratándose de una demanda ciudadana que lleva más de cuatro años en los Tribunales.
Fueron más de 100 mil firmas ciudadanas, las que se entregaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la presentación de una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, contra el ex gobernador del Partido Acción Nacional, por Delincuencia Organizada, promovida por el diputado Humberto Prieto Herrera, Presidente de la Junta de Gobierno y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso Local, con el respaldo del diputado del PT, Elifa Gómez Lozano. De acuerdo con los legisladores, los señalamientos se refieren a una estructura que habría operado desde el gobierno estatal, durante el sexenio panista, vinculada con el denominado “huachicol fiscal”.
El caso de Francisco “N” transita por vías judiciales. Por un lado, las denuncias penales presentadas por la actual administración por el presunto uso ilícito de recursos públicos, que se encuentran en etapa de investigación y a la espera de resoluciones de fondo. Por el otro, los juicios de amparo promovidos por el exgobernador, así como su residencia en Estados Unidos, que lo mantienen en libertad, prolongando el estado de impunidad.
Recordemos que el gobierno de Tamaulipas, presentó alrededor de 70 denuncias contra el exgobernador Francisco “N”, de las cuales 14 son de carácter penal, principalmente por la presunta adjudicación irregular de contratos en el sector salud. De acuerdo con la autoridad estatal, estos hechos habrían generado un daño al erario estimado en más de 343 millones de pesos.
Lo cierto es que la demanda ciudadana, exige justicia y el fin de la impunidad del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca; la demora no puede ser respuesta en momentos en que la nueva SCJN, prometió escuchar al pueblo y ejercer una justicia amplia y verdadera.
Si la respuesta es que la SCJN no está legalmente obligada a resolver por presión ciudadana, o por número de firmas, tampoco debe ser excusa para postergar la resolución del caso; incuestionablemente, es la Corte quien decide qué casos atraer y cuándo resolverlos, con base en su agenda, cargas de trabajo y criterios de trascendencia constitucional.
Estamos a menos de tres años de que concluya la actual administración, que encabezó las demandas penales contra el ex gobernador y casi cuatro años de impunidad de un caso que además, tiene molesto al pueblo ante la dilatación de la justicia, razón por la que la dirigencia de Morena, encabezó la recolección de las firmas para presentar ante la SCJN.
La Presidenta de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, atrajo esta semana el tema, en conferencia de prensa que dio ante los medios de comunicación, donde dijo que esperan pronto la respuestas de la Suprema Corte de Justicia y se resuelva, para que se haga justicia.
Se agota el plazo para que el alto cuerpo colegiado del Poder Judicial resuelva y atienda ese clamor social.
