(De Chikatilo a México)
La primera víctima tenía apenas nueve años. Desapareció una tarde cualquiera en una ciudad soviética. Según el discurso oficial, en el socialismo ese tipo de crímenes no podían ocurrir. Su cuerpo apareció días después. No fue el último. Sin embargo, en aquel momento nadie habló de un patrón, ni de un asesino serial. No porque faltaran indicios, sino porque aceptar esa posibilidad implicaba algo inaceptable para el sistema: reconocer que el mal también podía habitar dentro del modelo que se proclamaba moralmente superior.
Años después se supo su nombre: Andrei Chikatilo, el llamado carnicero de Rostov. Asesinó a cincuenta y dos personas sin que el Estado lograra detenerlo a tiempo. Pero el problema no fue solo Chikatilo. El verdadero obstáculo fue un Estado ideologizado, incapaz de nombrar lo que tenía frente a sí, cuando identificaron por primera vez al asesino, uno de los argumentos que lo protegieron fue: “es un miembro leal al partido”.
En la lógica oficial, los asesinos seriales eran una patología del capitalismo decadente, no del socialismo real. La ideología se convirtió en una barrera para la investigación, en un filtro que distorsionó la realidad y protegió, sin quererlo admitir, al criminal.
Esa negación tuvo consecuencias fatales: 52 asesinatos, de los cuales 30 fueron de menores de 17 años. Los investigadores que advirtieron similitudes entre los casos fueron ignorados, líneas de investigación se cerraron por razones políticas y la prioridad fue preservar el relato antes que confrontar los hechos. Mientras el discurso se blindaba, las víctimas se acumulaban. La historia de Chikatilo no es solo la de un asesino, sino la de un sistema que prefirió negar la realidad antes que asumir sus fallas.
La tentación de creer que estos episodios pertenecen a un pasado lejano o a regímenes ajenos es grande. Pero el mecanismo se repite con inquietante frecuencia. Cuando el poder se convence de que la realidad debe ajustarse a su narrativa, comienza a negar aquello que la contradice. Y cuando eso ocurre, el Estado deja de ser solución para convertirse en obstáculo.
México enfrenta hoy una violencia que ya no puede explicarse como un fenómeno aislado ni coyuntural. Existen territorios dominados por grupos criminales; estructuras económicas ilegales que operan a plena luz del día no solo con el apoyo, sino con la participación de personas en puestos gubernamentales clave, y una normalización del miedo que se disfraza de estabilidad. Sin embargo, el discurso oficial insiste en minimizar el problema, en evitar definiciones incómodas y en descalificar a quienes documentan lo que ocurre como enemigos políticos, conservadores o neoliberales.
Como en la Unión Soviética, el dogma precede al diagnóstico. Reconocer la magnitud de la criminalidad, investigar vínculos entre poder y delito o llamar a las cosas por su nombre implicaría aceptar que el proyecto político tiene grietas profundas. Por eso se opta por la negación, por la omisión o por una narrativa que protege más al poder y al delincuente que a los ciudadanos.
En este contexto, la percepción de que los grupos criminales gozan de protección desde las más altas esferas del gobierno se alimenta de la impunidad mediante la ausencia de investigaciones contra funcionarios y la permanencia de personajes cuestionados en cargos públicos. La presidenta puede no querer o no poder romper esa red de protección. En ambos casos, el efecto es el mismo: un Estado que frena la posibilidad de resolver de fondo el problema que dice combatir.
La lección de Rostov es clara. Cuando el Estado se niega a investigar sus propias fallas y a enfrentar a los criminales, incluso cuando estos rozan el poder, deja de cumplir su función esencial.
Negar la realidad también es una forma de complicidad. Y cuando la verdad se sacrifica en el altar del poder, lo que queda no es un gobierno, sino un naufragio. Un Estado que elige ignorar sus heridas termina por desangrarse ante los ojos de su propio pueblo.
Negar la realidad no elimina la violencia; solo la vuelve más letal. Y cuando un gobierno se convierte en el principal obstáculo para erradicarla, el cambio deja de ser ideológico: se vuelve una necesidad política y moral.
