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EXPRESO-LA RAZÓN
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los delitos patrimoniales marcan la magnitud real de la inseguridad en Tamaulipas, aunque sus cifras oficiales se ubiquen por debajo de la media nacional, robos, fraudes y extorsiones concentran una parte sustantiva de las denuncias y un impacto económico que no aparece reflejado en los registros públicos.
A nivel nacional, cerca del cuarenta por ciento de las carpetas de investigación abiertas cada año corresponden a delitos patrimoniales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una proporción que confirma que el daño al patrimonio es hoy el principal frente del delito común en México.
En Tamaulipas, ese mismo grupo de delitos representa una proporción similar del total de denuncias, con tasas menores al promedio nacional en robo de vehículo, robo a casa habitación y robo a negocio, una diferencia que en apariencia sugiere contención, pero que pierde fuerza cuando se observa el subregistro.
En robo de vehículo, la media nacional ronda los treinta y cuatro casos por cada cien mil habitantes, mientras que Tamaulipas se ubica cerca de veintisiete, con mayor incidencia en municipios fronterizos y zonas urbanas, donde la movilidad y la actividad económica elevan el riesgo.
El robo a casa habitación mantiene una lógica parecida, a nivel nacional la tasa se acerca a cuarenta y cinco casos por cada cien mil habitantes, en Tamaulipas ronda los treinta y tres, con picos estacionales y mayor recurrencia en zonas de crecimiento urbano acelerado.
En el robo a negocio, la diferencia también favorece a Tamaulipas frente al promedio nacional, con tasas cercanas a quince casos por cada cien mil habitantes contra más de veinte a nivel país, aunque comerciantes locales advierten que muchos eventos no se denuncian para evitar trámites y riesgos.
El fraude es el delito patrimonial que más crece en todo el país, impulsado por el uso de plataformas digitales y la baja probabilidad de recuperación del daño, en Tamaulipas su incidencia se aproxima a la media nacional, con un alto componente de subregistro y reportes informales.
La extorsión, sin embargo, es el delito que mejor explica la brecha entre estadística y realidad, a nivel nacional se denuncian entre siete y ocho casos por cada cien mil habitantes, en Tamaulipas la tasa oficial baja a entre cuatro y cinco, pero la cifra negra supera el noventa y cinco por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía documenta que la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo a represalias, desconfianza en la autoridad o porque la amenaza fue telefónica y no llegó a concretarse en un pago.
Las historias que no aparecen en las cifras se repiten en todo el estado, en Ciudad Victoria un pequeño comerciante recibió durante semanas llamadas exigiendo una cuota para evitar robos, nunca denunció, cambió de número, redujo horarios y asumió el costo económico del silencio.
En Reynosa, un taller mecánico fue blanco de mensajes con fotografías del local obtenidas de redes sociales y amenazas genéricas, el propietario tampoco acudió a la fiscalía, optó por ignorar los mensajes y reforzar medidas internas, el delito no quedó registrado, pero el miedo sí.
Casos similares se reportan en Tampico y Matamoros, restaurantes que cierran más temprano, transportistas que modifican rutas y profesionistas que bloquean números desconocidos, decisiones cotidianas que no figuran en ninguna estadística pero alteran la dinámica económica local. Comparada con la media nacional, Tamaulipas muestra menores tasas denunciadas en la mayoría de los delitos patrimoniales, pero comparte el mismo problema estructural, la cifra negra, que distorsiona la lectura de la seguridad y limita la capacidad real de respuesta institucional.
La paradoja es clara, menos denuncias no significan menos delitos, sino menor confianza en el sistema de justicia, mientras esa brecha persista, los delitos patrimoniales seguirán siendo el principal factor de desgaste económico y social, tanto en Tamaulipas como en el resto del país.
