POR STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
La elección de 2027 en Tamaulipas es un proceso que ya se disputa en el terreno, en las estructuras y en el presupuesto, con grupos que dejaron atrás cualquier lealtad ideológica y operan bajo una sola lógica, conservar el poder territorial que les garantiza poder, recursos y proyección.
El sistema de partidos quedó reducido a un instrumento funcional, el PRI, el PAN y ahora Morena han sido utilizados como vehículos de acceso, no como proyectos, lo que hoy se observa es la persistencia de clanes que sobreviven cambiando de siglas sin modificar sus prácticas ni su ambición.
La llegada de un gobierno morenista no desmanteló esas estructuras, en muchos casos las incorporó de forma pragmática, hoy esos mismos grupos presionan para mantenerse vigentes, ya no como aliados coyunturales, sino como poderes que se asumen indispensables para ganar elecciones.
La frontera norte concentra esa disputa porque ahí se encuentra casi una tercera parte del padrón electoral del estado, los municipios con mayor recaudación y la infraestructura que permite financiar campañas de alcance estatal, por eso Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros son el centro de la batalla.
LA ENCRUCIJADA DE LOS CANTUROSAS
Nuevo Laredo dejó de ser solo un municipio fronterizo, es la frontera más estratégica del país y un punto de interés permanente para actores federales, estatales y locales, su peso económico y aduanal lo convirtió en una pieza clave del tablero nacional.
El grupo de los Cantúrosas logró consolidar el control político del municipio y desplazar a otros actores, hoy gobierna con Carmen Lilia Cantúrosas, quien se proyecta como una figura con aspiraciones estatales rumbo a 2028.
El dilema del grupo es estructural, para competir por el poder estatal necesita expandirse más allá de la frontera, pero para sostener esa aspiración requiere no perder el control de Nuevo Laredo, un ayuntamiento con presupuesto alto y capacidad de operación política.
Ese dilema se vuelve más complejo por el crecimiento proyectado del municipio, que se perfila como sede de la Dirección General de Aduanas, lo que incrementará su peso administrativo, presupuestal y político a nivel nacional.
La disputa no es solo electoral, es por el control de un territorio que permite financiar proyectos de mayor escala, por eso la estrategia del grupo apunta a conservar el ayuntamiento en 2027 mientras se juega la carta estatal en 2028. En ese cálculo aparece la necesidad de construir una candidatura de continuidad, con perfiles cercanos y leales, como Carlos de Anda, aliado desde los tiempos del panismo y parte del mismo entramado de poder.
Pero Nuevo Laredo no es un feudo sin tensiones, otros grupos económicos y políticos buscan crecer más allá de lo que hoy controlan, aprovechando el interés federal y el aumento de recursos, son actores que presionan desde fuera y esperan cualquier fisura. En paralelo, el PAN intenta rearticularse en la ciudad bajo la la influencia del cabecismo, con figuras como Imelda Sanmiguel y Yahleel Abdala, respaldadas por sectores del capital local.
También aparecen otros nombres en la conversación política, como Ninfa Deandar y Sergio Ojeda
Castillo, una figura menor pero con ambición desbordada, que representan intereses distintos dentro
del mismo municipio.
REYNOSA: CLANES AL ESTILO SICILIANO
Nuevo Laredo es la caja fuerte, Reynosa es el campo de batalla más caótico, con un padrón cercano
a los 600 mil votantes y una historia reciente marcada por confrontaciones, alianzas impensables y
rupturas constantes entre grupos de poder.
Reynosa sigue siendo la base desde la que el cabecismo intenta reconstruirse, pese al exilio de Francisco García Cabeza de Vaca, la estructura se mantiene activa a través de operadores políticos y económicos.
Uno de ellos es Ismael García Cabeza de Vaca, que busca recuperar espacios perdidos desde 2021 y restablecer el control territorial que el grupo ejerció durante años. Para lograrlo, el cabecismo ha debido acercarse a antiguos adversarios, el ejemplo más claro es el grupo que encabeza Maki Ortiz, quien ha dominado la política local durante más de una década.
Tras gobernar Reynosa y dejar a su hijo, Carlos Peña Ortiz, al frente del ayuntamiento, Maki transitó del PAN a Morena y finalmente al Partido Verde, donde hoy se asume como aspirante a la gubernatura. Su llegada al Senado no fue producto de una victoria en las urnas, sino de una negociación política que refleja el estado real del sistema, perdió la elección pero ganó la representación mediante la vía plurinominal.
En ese reacomodo aparece José Ramón Gómez Leal, quien se ha distanciado de Morena para acercarse al mismo bloque, pese a una rivalidad histórica con el grupo de Maki por el control de Reynosa. La apuesta conjunta para la alcaldía es Claudia Hernández, una candidatura que no cuenta con el respaldo de la dirigencia morenista, pero sí con estructuras y recursos. Del otro lado, Morena impulsa perfiles más alineados con el poder central, aunque sin una figura dominante, entre ellos Humberto Prieto Herrera, con un pasado cuestionado por el súbito salto del PAN a Morena y ahora mismo en medio de señalamientos internos sobre el uso del presupuesto legislativo.
Reynosa se encamina a un choque de trenes, con grupos que concentran recursos económicos, estructuras territoriales y ambiciones desbordadas, donde la elección será apenas una fase de un conflicto mayor.
MATAMOROS, UNA “PLAZA” COMPLICADA
Matamoros completa la triada fronteriza y muestra otra expresión del mismo fenómeno, el triunfo de Alberto Granados Fávila representó el avance del grupo que encabeza Adriana Lozano, identificada
como el poder real. Su salida de la Secretaría de Finanzas estatal alteró ese equilibrio, a ello se sumó el escándalo por la presunta cancelación de visas del alcalde y de su entorno más cercano. Ese contexto abrió espacio para otras corrientes internas de Morena, como la que encabeza Víctor García Fuentes, quien ya había sido visto como aspirante en procesos anteriores. Matamoros es además un territorio atravesado por intereses económicos ligados al comercio fronterizo y al tráfico ilegal de combustible, dinámicas que rebasan la presidencia municipal y condicionan cualquier proyecto político.
Al mismo tiempo, sectores del PAN no alineados con el cabecismo intentan recuperar presencia con figuras como Leticia Salazar y Ramón Sampayo, recordando que el poder nunca desaparece. Lo que ocurre en Tamaulipas responde a una lógica clara, clanes que sobrevivieron al PRI, al PAN y ahora a Morena, que pactaron cuando fue necesario y hoy presionan para no ser desplazados. No hay compromiso ideológico ni proyecto de estado, hay cálculo, control territorial y obsesión por el presupuesto, la batalla ya comenzó y el 2027 será solo una estación intermedia rumbo a un conflicto mayor en 2028.
VICTORIA: LA CAPITAL EN DISPUTA
Ciudad Victoria no es solo la capital administrativa del estado, es el termómetro político del poder real. Lo que ocurre ahí suele anticipar las decisiones mayores y, rumbo a 2027, vive una confrontación soterrada entre distintas corrientes de la Cuarta Transformación, más preocupadas por el control interno que por la oposición.
El enfriamiento de la relación entre el Gobierno Estatal y el gobierno municipal encabezado por Eduardo “Lalo” Gattás condiciona el escenario rumbo a 2027. En el tablero victorense, el peso del gobernador sigue siendo el factor determinante y ha abierto un periodo de incertidumbre que impacta directamente en la sucesión local.
El alcalde y su círculo cercano se encuentran ante una disyuntiva compleja: alinearse plenamente a la lógica del poder estatal o buscar una ruta propia que hoy luce cuesta arriba. En paralelo, viejos actores del priismo no han desaparecido del todo. Eugenio Hernández Flores sigue siendo un nombre que pesa, no necesariamente como candidato, pero sí como factor de negociación y reacomodo para grupos que buscan reciclarse.
En ese contexto, el Partido Verde comienza a jugar su papel tradicional: convertirse en refugio para morenistas inconformes con las definiciones internas. Su capacidad para ofrecer candidaturas alternas lo vuelve un actor clave en un escenario donde las rupturas internas parecen inevitables. Bajo estas condiciones, hay una lluvia de nombres de aspirantes para la alcaldía en el 2027, que incluye sobre todo a mujeres como las diputadas locales, Blanca Anzaldúa, Katalyna Méndez, y la Secretaria de Bienestar, Silvia Casas.
La oposición, por su parte, atraviesa uno de sus momentos más frágiles. El fallecimiento del exalcalde Óscar Almaraz Smer dejó al PAN sin un referente claro en la capital, y las estructuras que alguna vez controlaron Victoria hoy se ven dispersas, sin liderazgo ni narrativa.
Lo más llamativo en este escenario es la irrupción de Movimiento Ciudadano, que ha desplegado una operación millonaria con recursos que, oficialmente, provienen de fuentes propias. Figuras como Juanjo Salazar, Paulina Rivera y Daniel Pérez Vázquez han invertido cantidades considerables en posicionamiento mediático y operación territorial, lo que plantea interrogantes sobre el origen de esos fondos y sobre la viabilidad real de competir contra el aparato morenista. Victoria se perfila como un laboratorio político donde se medirá la fortaleza del gobernador frente a sus propios aliados, la capacidad de supervivencia de viejos operadores priistas y la solvencia de proyectos emergentes que buscan capitalizar el hartazgo ciudadano sin contar con estructura real.
EL SUR: LA CONURBACIÓN SIN PAZ
La zona conurbada del sur representa el segundo polo electoral del estado y concentra una dinámica política particular, marcada por la presencia histórica de grupos empresariales, sindicales y políticos que han convivido, pactado y enfrentado durante décadas.
Por primera vez en mucho tiempo, los tres municipios están gobernados por el mismo partido, Morena, pero esa coincidencia partidista no necesariamente ha generado estabilidad política. Todo lo contrario, la proliferación de aspirantes a candidaturas para 2027 revela que las estructuras locales operan con lógicas propias, ajenas a cualquier disciplina partidista o proyecto regional.
En Tampico, la disputa es particularmente intensa porque ahí convergen varios factores: la posibilidad de reelección de Mónica Villarreal, la presencia de corrientes morenistas con peso propio y la influencia de actores económicos que históricamente han respaldado al PAN. Ursula Salazar, diputada local y sobrina de Andrés Manuel López Obrador, se perfila como una de las aspirantes más visibles… y adelantadas. Su celebración de cumpleaños con un evento masivo fue un acto de posicionamiento político. Lucero Deosdady, también diputada local, cuenta con estructuras territoriales heredadas del priismo, lo que le permite competir en un terreno de realidad política.
Magda Peraza, delegada de programas del bienestar, aparece como un factor a considerar aunque no busque directamente la presidencia municipal. Su posición le permite controlar recursos y generar lealtades que pueden ser determinantes a la hora de definir candidaturas.
Tampico, además, es sede de una de las corrientes panistas más sólidas del estado, encabezada por el diputado federal Chucho Nader, quien ya no oculta su intención de buscar la presidencia municipal por tercera ocasión. Su aspiración cuenta con el respaldo de sectores empresariales que históricamente han financiado campañas del PAN, lo que le otorga una ventaja competitiva que otros perfiles de oposición no tienen. En ese escenario, el diputado local Pepe Schekaiban iría en fórmula para buscar la diputación federal, lo que refleja una estrategia de ocupación de espacios legislativos mientras se juega la carta municipal.
Sin embargo, ambos enfrentan presiones internas derivadas de la renovación del Comité Estatal del PAN, un proceso que podría alterar equilibrios y redefinir alianzas. Lo más incierto en Tampico es el papel que jugará Movimiento Ciudadano, que podría convertirse en una opción para perfiles que decidan abandonar sus partidos originales.
Esa posibilidad introduce un factor de incertidumbre adicional en una plaza que ya de por sí es compleja. En Madero, la situación es igualmente compleja. Adrián Oseguera, enfrentado políticamente con el alcalde Erasmo González, ha reactivado su presencia en redes sociales, lo que sugiere que busca recuperar el Palacio Municipal. Su regreso representa la expresión de una disputa interna que nunca se resolvió del todo. Claudio de Leija, actual diputado local, gracias al respaldo del grupo político Avanzada, es otro que busca cualquier excusa para atraer los reflectores.
Del lado de la oposición, Carlos Fernández Altamirano, sobrino político del empresario Arturo Elizondo Naranjo, buscaría volver a ser candidato respaldado por sectores del capital local. También aparece Andrés González Galván, hijo del ex alcalde Guadalupe González Galván, lo que muestra que en el sur las dinastías políticas siguen vigentes sin importar el partido.
En Altamira, Armando Martínez opera para posicionar perfiles leales que lo sucedan, pero también ahí hay decenas de aspirantes que presionan por espacios sin esperar decisiones formales. Lo que ocurre en todo el estado es un reflejo del mismo fenómeno: la descomposición del sistema de partidos como vehículos de proyecto político y su transformación en plataformas de acceso al poder para grupos que operan con lógicas propias, ajenas a cualquier compromiso ideológico y enfocadas exclusivamente en el control territorial y presupuestal.
