Por. Nora García Rodríguez
La caída política de Adán Augusto López Hernández no fue súbita ni producto de un solo error, fue un proceso largo que comenzó antes de la sucesión presidencial, cuando el poder que concentró como secretario de Gobernación empezó a generar más resistencias que lealtades dentro del propio movimiento, y se convirtió en pasivo dentro de un sistema cada vez más celoso del control político.
Las diferencias con Claudia Sheinbaum aparecieron temprano porque mientras la presidenta apostaba por un control central, disciplina de mensaje y transición cerrada, Adán se obsesionó en el control del país, con acuerdos directos con figuras regionales, dos visiones que derivaron en tensión y que nunca terminaron de empatar del todo, en un contexto donde Morena pasó a ser una estructura que privilegia cohesión y disciplina.
En ese ajedrez, Tamaulipas se volvió pieza clave, más que por por su peso electoral, por su carácter estratégico, frontera, aduanas, puertos y una historia donde política, economía informal y crimen organizado se cruzan desde hace décadas; basta recordar que, de acuerdo con el SAT y la ANAM, más del 30 % de las irregularidades detectadas en importaciones de combustibles se concentran en aduanas fronterizas y portuarias del noreste del país, una realidad que convierte a la entidad en territorio de alto riesgo político.
Adán Augusto, cuando soño ser presidente, recorrió el estado, se reunió con actores locales, midió fuerzas y se empeñó en dejar claro que no estaba de paso y que estaba construyendo base propia; esas giras no fueron interpretadas como cortesía sino como operación paralela, un intento por jugar carta propia al margen del gobernador y del control del centro, una señal que empezó a incomodar más de lo que se dijo en público, especialmente en una entidad donde Morena obtuvo más del 60 % de los votos en la elección presidencial de 2018 y cualquier fractura interna tiene impacto nacional.
El episodio más revelador ocurrió en Nuevo Laredo, principal aduana terrestre del país, responsable de casi el 40 % del comercio exterior que cruza por carretera, según datos de la Secretaría de Economía; ahí se verbalizó el reclamo de la falta de respaldo político visible del gobierno estatal, una queja que exhibió la ruptura temprana con Américo Villarreal Anaya, a partir de entonces la relación se volvió fría, institucional, sin entusiasmo político; agendas separadas, límites marcados y una distancia calculada para no cargar costos ajenos.
Desde el centro, la lectura fue distinta, el equipo presidencial interpretó esas giras como la construcción de un poder alterno tras la candidatura perdida, algo que rompía la lógica de cierre de filas y empezaba a desordenar el nuevo esquema; Adán no desobedecía abiertamente, pero tampoco se alineaba del todo, y en política esa ambigüedad suele cobrarse caro cuando el objetivo central es estabilidad y control.
Ya en el Senado, lejos de recomponer, las tensiones se profundizaron, mantuvo posiciones propias, mostró reservas en la conducción de mayorías y marcó distancia en decisiones clave; no fue rebelión formal, pero sí una incomodidad persistente que lo fue aislando del nuevo eje presidencial, en un Congreso donde Morena y aliados concentran más de dos terceras partes de los escaños y donde la disciplina interna es clave para sostener reformas estructurales.
En paralelo, creció el ruido del huachicol fiscal, un negocio que dejó atrás las tomas clandestinas para instalarse en aduanas, importaciones irregulares, subvaluación y facturación falsa, con pérdidas al erario que el SAT ha estimado por encima de los cien mil millones de pesos anuales; cifras que superan, por sí solas, el presupuesto anual de varios estados del país y que obligaron al nuevo gobierno a enviar señales claras de control y ruptura con prácticas toleradas en el pasado.
Tamaulipas volvió a aparecer en los reportes, esta vez como territorio estratégico, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y el puerto de Altamira figuran de manera recurrente por su papel logístico en el ingreso de combustibles ilegales; una realidad conocida por autoridades fiscales y de seguridad que, en el nuevo reparto de poder, se volvió políticamente tóxica.
El problema para Adán Augusto no fue un expediente judicial, sino el cruce de tiempos, con un gobierno necesitado de enviar señales de control y orden, cualquier cercanía política, real o percibida, con redes bajo sospecha se convirtió en un pasivo insostenible; el huachicol no explicó su caída, pero sí aceleró el momento de soltar en un contexto de reacomodo interno.
Ligado históricamente a Andrés Manuel López Obrador, Adán quedó atrapado entre la herencia del obradorismo duro y la lógica del nuevo orden, lo que antes era fortaleza se volvió vulnerabilidad cuando el sistema dejó de proteger y empezó a depurar, priorizando estabilidad sobre lealtades personales.
Así se cerró el ciclo, no por un error aislado ni por una acusación formal, sino por la suma de diferencias internas, una operación territorial fuera de tiempo y un escándalo que elevó el costo político de sostenerlo; en política no siempre se castiga lo ilegal, muchas veces se sanciona lo inconveniente, y cuando el sistema decide soltar, lo hace sin ruido, sin explicaciones y sin marcha atrás.
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