Por. Josué Sánchez Nieto
Actualmente, México atraviesa una severa crisis legislativa; ello es una realidad que no se puede ignorar.
Y no, no me gustaría que pensaran que arribé a esa conclusión por la existencia de una marcada crítica al régimen actual; esta crisis existe, es real y es muy evidente, tanto a nivel interno, como externo.
A nivel internacional, basta con ver cuáles son las cuestiones jurídico-legislativas que se discuten en otros países, inclusive, en temas tan básicos de derechos humanos, como para darnos cuenta de que nos encontramos totalmente rezagados.
En cuanto al tema interno, dicha crisis se hace patente no solo por la cantidad de leyes y reformas aprobadas, sino por la calidad del debate que las origina. Hoy, más que nunca, pareciera que se legisla desde la confusión, el oportunismo político y, en muchos de los casos, desde la franca y evidente frivolidad.
Un ejemplo claro es el debate en torno a la violencia vicaria. Un concepto que surgió para visibilizar una forma específica de violencia ejercida principalmente contra las mujeres, utilizando a hijas e hijos como instrumento de daño.
Sin embargo, el debate público y legislativo se ha desviado peligrosamente hacia una discusión simplista y jurídicamente deficiente: si una mujer puede o no ser vinculada a proceso por este delito. La pregunta, planteada así, revela más ignorancia que preocupación genuina.
Recordemos que el derecho penal no se construye sobre identidades, sino sobre conductas; por tanto, desviar la discusión a una falsa dicotomía de género no solo confunde a la ciudadanía, sino que vacía de contenido una figura que exige técnica, claridad y mucha responsabilidad.
Algo similar ocurre con el debate sobre las infancias trans en Jalisco. Un tema profundamente sensible, que debería abordarse desde el interés superior de la niñez, la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos que, contrario a ello, ha sido reducido a un botín político.
La realidad es que se legisla —o se amenaza con legislar— no para proteger, sino para polarizar. Las infancias, entonces, se convierten en consignas, en banderas ideológicas, en munición electoral. Y cuando eso ocurre, el derecho deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un espectáculo —uno muy lamentable, por cierto—.
Mientras tanto, en Tamaulipas, aquí en lo corto, la crisis se hace mucho más evidente. En medio de graves rezagos en materia de salud mental, seguridad, acceso al agua o fortalecimiento institucional, parte del esfuerzo legislativo se concentra en regular con quién se quedan los perrhijos y gathijos tras un divorcio.
Sin restar importancia a la lucha por los derechos de los animales e, inclusive, al vínculo afectivo que muchas personas y familias generan con los animales de compañía, resulta inevitable preguntarse, primeramente, si ese es realmente el debate prioritario de un estado con problemas estructurales urgentes o, siendo un poco concesivo, si es realmente la reforma en materia de bienestar animal que nuestro estado necesita.
Como pueden ustedes observar, la diferencia en el nivel de los debates no es menor: es el reflejo de una crisis más profunda. Una crisis de seriedad, de idea, de técnica legislativa y de sentido de urgencia.
Indudablemente, el Poder Legislativo no puede, ni debe seguir funcionando como un escenario para la ocurrencia, la moda o el aplauso fácil.
Si aspiramos a formar un Estado de Derecho fuerte, sostenible y confiable, gran parte de la tarea se centra en los Congresos y, por tanto, es totalmente necesario aspirar a elevar el nivel —de propuestas y de debate— de manera urgente.
En este punto, subir el nivel del debate ya no debe considerarse un lujo intelectual; es una obligación democrática. Porque mientras se siga legislando en el ruido, los problemas verdaderamente importantes siguen esperando… y acumulándose.
