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Expreso-La Razón
Lo que debería funcionar como el órgano legislativo del estado se ha transformado en una antesala, un espacio de tránsito donde los diputados locales ensayan sus próximos movimientos políticos mientras sus responsabilidades parlamentarias pasan a segundo plano.
El Congreso del Estado se ha convertido en simple escenario para que sus integrantes busquen ganar notoriedad con la intención de escalar a otros puestos políticos.
Esta legislatura ha convertido la curul en un trampolín hacia las alcaldías, especialmente en las principales ciudades del estado. El fenómeno no es nuevo en la política mexicana, pero en esta ocasión ha escalado a niveles inéditos.
Desde Reynosa hasta Tampico, pasando por Matamoros y Nuevo Laredo, los diputados locales han iniciado carreras anticipadas por las candidaturas municipales, relegando sus funciones legislativas a un plano secundario o, en algunos casos, directamente irrelevante.
Reynosa: epicentro de las ambiciones legislativas
El caso más emblemático es el del presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera. Desde la legislatura anterior, Prieto ha mantenido una campaña no declarada pero evidente para convertirse en el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa. Su empeño es tal que ha diseñado e implementado el llamado «Congreso Itinerante», una iniciativa que ha llevado al pleno legislativo a sesionar en Altamira, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros, con un costo millonario que no ha sido transparentado en su totalidad.
Cada desplazamiento del Congreso implica cubrir los gastos de 36 diputados locales, sus respectivos equipos de trabajo y al menos 29 empleados del Congreso de áreas como Informática, Servicios Generales y Servicios Parlamentarios.
La pregunta es inevitable: ¿beneficia esta medida al trabajo legislativo o simplemente aumenta la visibilidad de Prieto? La respuesta parece obvia cuando se examina el timing y la estrategia política detrás de cada sesión itinerante.
En el último proceso electoral, Prieto vio frustradas sus aspiraciones cuando Carlos Peña Ortiz logró que Morena le abriera la puerta a la reelección, respaldado por el considerable poder político que ejerce su madre, Maki Ortiz, figura determinante en la política de Reynosa.
Pero Prieto no está solo en su ambición. Prácticamente todos los legisladores de Reynosa mantienen sus ojos puestos en la alcaldía, convirtiendo a la ciudad en un laboratorio perfecto para observar cómo la curul se utiliza como plataforma de lanzamiento.
Marco Gallegos es otro ejemplo. El diputado ya intentó en el pasado alcanzar la presidencia municipal y mantiene viva esa aspiración. Armando Zertuche, por su parte, ha sido más explícito en su frustración, quejándose públicamente de que no lo toman en cuenta para las candidaturas. Esta apertura inusual para expresar su molestia revela la intensidad de la competencia interna y la normalización de usar el cargo legislativo como mero escalón.
Matamoros: la réplica del modelo
En la vecina Matamoros, el patrón se replica con precisión. Al menos dos diputados, Isidro Vargas y Víctor García Fuentes, persiguen abiertamente la candidatura a la alcaldía, buscando seguir los pasos de Alberto Granados Favila, el actual presidente municipal.
Granados representa una advertencia sobre los riesgos de este sistema. Su paso mediocre por el Congreso no garantizó un buen gobierno municipal; de hecho, se ha convertido en uno de los ediles más cuestionados de Tamaulipas.
La cancelación de su visa estadounidense y las múltiples denuncias de grupos empresariales por acoso, hostigamiento, revisiones arbitrarias y cobros excesivos para poder operar, dibujan el retrato de un funcionario que llegó al poder municipal sin la preparación o el compromiso necesarios.
Este caso debería servir como ejemplo de que el tránsito automático del Congreso a una alcaldía no produce necesariamente mejores gobiernos. Sin embargo, la lección no parece haber sido aprendida. Vargas y García Fuentes continúan su carrera sin que se cuestione públicamente si su desempeño legislativo los califica para administrar una ciudad.
Nuevo Laredo presenta su propia variante del fenómeno. Sergio Ojeda promueve por todas las vías disponibles su proyecto político de llegar a la alcaldía, aunque sus méritos políticos o legislativos no resultan evidentes. La promoción es intensa, la presencia en medios constante, pero los logros concretos como legislador brillan por su ausencia.
Victoria: estrategias gemelas
En la capital del estado, las dos diputadas locales de mayoría han mostrado interés claro en buscar nuevas posiciones. Katalyna Méndez ha iniciado su estrategia de posicionamiento como aspirante a la alcaldía de Victoria, mientras que Blanca Anzaldúa aparece en encuestas previas y suena como posible aspirante a la dirigencia de la sección 30 del SNTE, además de mantener abierta la posibilidad de contender por la presidencia municipal.
Las estrategias son similares: aumentar presencia mediática, fortalecer redes al interior del partido, y mantener un perfil alto en temas que generen simpatía ciudadana, todo mientras el trabajo legislativo cotidiano transcurre en un segundo plano.
El sur de Tamaulipas: fiebre anticipada
La zona sur presenta quizás el escenario más saturado de aspirantes legislativos a puestos municipales. A pesar de que tanto Mónica Villarreal en Tampico como Erasmo González en Madero todavía tienen posibilidad de reelección, una cantidad considerable de legisladores ya se promueven como posibles candidatos a las alcaldías.
El caso más notorio es el de Úrsula Salazar Mojica, ex presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Salazar ha desplegado una estrategia agresiva de posicionamiento en medios y redes sociales, operación coordinada con su esposo, actual director del Instituto Tecnológico de Madero. El punto culminante de esta carrera anticipada ocurrió el mes pasado cuando celebró su cumpleaños con una fiesta masiva en el Centro de Convenciones de Madero, evento que difícilmente puede interpretarse como algo ajeno a sus aspiraciones políticas.
La trayectoria de Salazar presenta también elementos polémicos. Durante la campaña de Mónica Villarreal, militantes de Morena la acusaron de operar en contra de la candidata de la 4T, señalamiento grave que no impidió que mantuviera su posición legislativa ni que continuara con sus planes de buscar la alcaldía de Tampico.
Para Madero, Claudio de Leija representa la ambición de largo plazo. Busca cumplir su «vieja obsesión» de ser alcalde y se promueve por todas las vías disponibles. De Leija acumula 57 inasistencias, todas catalogadas como «justificadas» por la Mesa Directiva, un dato que plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para justificar ausencias cuando el legislador aparece activo en otros escenarios políticos.
El costo del Congreso Itinerante
La implementación del Congreso Itinerante se ha presentado como una medida de acercamiento con la ciudadanía, la iniciativa representa en realidad una erogación millonaria que no ha sido transparentada completamente.
Los gastos incluyen traslado, hospedaje y viáticos para 36 diputados, sus equipos de trabajo y 29 empleados del Congreso. También contempla la infraestructura necesaria para realizar las sesiones en diferentes ciudades, servicios de audio y video, seguridad, y toda la logística que implica mover el aparato legislativo completo.
¿Qué justifica este gasto? La respuesta oficial habla de democratizar el acceso al Congreso y permitir que más ciudadanos presencien las sesiones. La realidad sugiere que se trata de una operación de posicionamiento político para sus impulsores.
Ausentismo: el otro rostro del abandono legislativo
Los números del ausentismo revelan la verdadera dimensión del problema. Al cierre de 2024, los 36 legisladores acumularon 878 inasistencias entre justificadas y sin justificar, a sesiones del Pleno y reuniones de comisiones. Cinco legisladores superan las 50 faltas individuales.
El caso más extremo es el del panista Ismael García Cabeza de Vaca, quien suma 117 inasistencias totales. De 63 sesiones del Pleno y reuniones previas, solo ha estado presente en 22, faltando a 41 (10 justificadas y 31 sin justificar). Además, presenta 50 inasistencias justificadas a reuniones de comisiones y 26 sin justificar. Prácticamente ha faltado más veces de las que ha asistido, lo que plantea el cuestionamiento elemental sobre el merecimiento de un sueldo que supera los 100 mil pesos.
El contraste más brutal se produce cuando se comparan las percepciones económicas con el nivel de compromiso. Cada diputado recibe mensualmente más de 100 mil pesos por diversos conceptos, una cantidad superior al ingreso anual de la mayoría de los tamaulipecos. A cambio de esta remuneración, lo mínimo exigible sería asistencia constante y trabajo legislativo efectivo.
Los datos desmienten que esto esté ocurriendo. Un promedio de 24 inasistencias por legislador, con casos extremos que superan las 50 y hasta las 100 faltas, demuestra que para muchos el cargo representa una fuente de ingresos mientras preparan su siguiente movimiento político, no un compromiso con sus representados.
Lo que estos datos revelan es un ciclo perverso donde los diputados utilizan su cargo sin cumplirlo cabalmente, lo convierten en plataforma para aspiraciones mayores, y luego buscan puestos de mayor responsabilidad sin que se evalúe su desempeño previo.
Alberto Granados en Matamoros representa el resultado final de este proceso: un legislador que llegó a la alcaldía y enfrenta múltiples cuestionamientos por su gestión. Pero su caso no ha generado un mecanismo de filtro o evaluación. Otros legisladores con desempeños igualmente cuestionables continúan aspirando a presidencias municipales sin que su trayectoria en el Congreso sea un factor determinante.
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