Por Raúl López García
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Entre seis y siete menores son detectados en promedio trabajando en la vía pública durante cada recorrido de supervisión que realiza el DIF Tamaulipas en calles y avenidas, reveló el Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familias del organismo, Alberto Galván Garcés.
“Yo creo que fácilmente en cada recorrido nos topamos seis, siete niños”, declaró el funcionario, al reconocer que la presencia de menores realizando actividades económicas es constante en distintos puntos de la ciudad.
Explicó que los operativos se llevan a cabo de manera periódica y en coordinación con otras instancias, con el objetivo de dialogar con los menores y sus familias, además de ofrecer alternativas de apoyo institucional. Sin embargo, la reincidencia complica la erradicación del problema.
“Hablamos, momentáneamente se retiran y luego ya saben que estamos yendo martes, jueves… hemos tenido que cambiar días de recorrido y nos hemos vuelto a topar y hemos vuelto a hablar con ellos”, señaló, al admitir que algunos regresan días después.
Galván Garcés sostuvo que no todos los casos obedecen a la misma causa. “Hay veces que los niños tienen esa iniciativa de tratar de hacerse de algo que en su casa no pueden darles”, comentó, al referirse a menores que buscan ingresos ante carencias económicas.
No obstante, también aceptó que existen situaciones más delicadas. “Hay otras situaciones en donde los padres explotan a los menores”, afirmó, al dejar en claro que algunos casos podrían derivar en responsabilidades legales.
El procurador agregó que cuando se detecta un riesgo mayor o explotación evidente, se da vista al Ministerio Público para que determine las acciones correspondientes, mientras que en otros escenarios se opta por la orientación y el acompañamiento social.
“Para muchas familias hoy día hay necesidades económicas fuertes y les obligan a que los niños laboren”, expresó, al señalar que el factor económico es uno de los detonantes principales del fenómeno.
Aunque aseguró que el problema no está “muy arraigado”, las cifras por recorrido evidencian que la presencia de menores trabajando en la calle es una constante que exige vigilancia permanente y políticas sociales más efectivas para proteger su derecho a la educación y al desarrollo integral.
