Ayer por la tarde, la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recibió el oficio número 100, signado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, mediante el cual se remitió la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la esperada reforma electoral 2026.
En dicho documento se señala que, derivado del diagnóstico elaborado por la Comisión Presidencial creada para este propósito, los principales objetivos que se pretenden alcanzar son ampliar la participación ciudadana; fortalecer la consulta popular, el plebiscito y la revocación de mandato; prohibir el nepotismo, a fin de impedir que funcionarios hereden cargos a familiares; consolidar la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas; reducir el financiamiento a los partidos políticos y el costo del sistema electoral y del poder legislativo federal.
Con base en estos propósitos, se plantean diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, en materia de participación ciudadana, se reconoce constitucionalmente el derecho a las consultas populares, plebiscitos y referéndums, además de autorizar el uso de tecnologías electrónicas para la emisión del voto en estos ejercicios.
Por otra parte, en lo relativo al financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se propone una reducción del financiamiento público en un 25 por ciento; la eliminación de las aportaciones en efectivo; la fiscalización diaria de los ingresos y gastos de campaña, así como la colaboración de las autoridades de seguridad e inteligencia financiera para supervisar el origen y destino de los recursos partidistas.
En cuanto a la comunicación política, la iniciativa plantea disminuir los tiempos en radio y televisión que quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral, al pasar de 48 a 35 minutos diarios, desde el inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral. Asimismo, se establece la prohibición de contratar propaganda en consultas populares y la obligación de etiquetar los contenidos electorales creados o alterados mediante inteligencia artificial.
Respecto a la etapa de resultados, se introduce un cambio relevante al establecer que los cómputos federales y locales inicien desde la recepción del primer paquete electoral en los consejos distritales.
En materia de representación política, se dispone que, en la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular, los partidos políticos y las autoridades electorales deberán garantizar acciones afirmativas en favor de personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de otros grupos históricamente subrepresentados.
Sobre el tema toral de los escaños plurinominales, se propone la eliminación de las listas regionales cerradas para diputaciones federales de representación proporcional. En su lugar, la elección de las doscientas diputaciones por este principio se realizará de la siguiente manera: cien se asignarán a las personas candidatas que, sin haber obtenido el triunfo en su distrito, hayan alcanzado los mayores porcentajes de votación válida emitida para su partido; y las otras cien se elegirán por votación directa en cinco circunscripciones regionales, correspondientes a las diputaciones de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
Adicionalmente, el artículo 54, fracción VI, establece que la asignación de dichas diputaciones iniciará con la relación de las personas que, sin haber ganado su distrito, obtuvieron los mejores porcentajes de votación de su partido en cada circunscripción, alternándose con el sistema de mayor porcentaje de votación individual.
En el caso de las diputaciones correspondientes a residentes en el extranjero, éstas se asignarán al partido político que corresponda en cada circunscripción, comenzando por aquella en la que dicho partido haya obtenido el mayor porcentaje de votación. Y, finalmente, para el Senado de la República se propone la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional.
En resumen, la iniciativa de reforma electoral constitucional 2026 se presenta como una apuesta por una democracia de bajo costo: menos recursos para partidos, menos estructuras de representación proporcional y más mecanismos de consulta directa; la cual deja fuera temas como la reestructuración del INE y OPLE en aras de alcanzar una mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
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