En la administración pública, de la misma manera que ocurre en la operación de cualquier gran
estructura institucional, existe una regla inquebrantable: cambiar la imagen y la fachada no sirve de
absolutamente nada si el trabajo de fondo y la operatividad siguen fallando y arrojando errores
constantes. En los últimos días, los tamaulipecos hemos sido testigos de una serie de movimientos y
enroques en el gabinete estatal que, más que una actualización integral para mejorar
verdaderamente la capacidad de respuesta del gobierno, parecen un intento apresurado por
administrar crisis políticas, equilibrar cuotas de poder interno y, sobre todo, premiar lealtades.
El primer síntoma de esta estrategia lo vemos claramente en los relevos simultáneos en las áreas de
Comunicación Social, tanto en el Gobierno del Estado como en nuestra máxima casa de estudios, la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Cambiar a quienes manejan el mensaje es el recurso
más tradicional en la política para intentar hacer un «borrón y cuenta nueva» en la percepción pública
ante el desgaste natural o la caída en los niveles de aprobación. Sin embargo, no hay estrategia de
difusión, manejo de medios ni campaña de relaciones públicas capaz de sostener una narrativa que
no encaja con la cruda realidad de las calles. El discurso oficial debe estar respaldado por resultados tangibles, medibles y transparentes; de lo contrario, se queda en una simple cortina de humo que el ciudadano promedio detecta de inmediato.
Durante el sexenio pasado, desde la más alta esfera federal se popularizó una máxima que le hizo un
daño terrible a la administración pública: «90 por ciento lealtad y 10 por ciento capacidad». Quienes
nos dedicamos a la gestión de proyectos y a la eficiencia institucional sabemos perfectamente que
ninguna estructura compleja sobrevive con esa métrica; es una fórmula garantizada para la
inoperancia y el colapso del servicio gubernamental. Ante estos nuevos nombramientos, uno tendría
la genuina esperanza de que la actual administración estatal hubiera aprendido la lección y no
siguiera esa misma regla no escrita, priorizando el perfil profesional, la resolución de problemas y la experiencia demostrable sobre la simple obediencia ciega o los lazos afectivos.
Sin embargo, al revisar con lupa los perfiles de quienes llegan, se nota sumamente complicado que
hayan abandonado esa doctrina. El relevo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(SEDUMA) es el ejemplo más claro de cómo se otorgan las más altas responsabilidades a perfiles sin
el bagaje necesario. Que el nuevo titular sea un incipiente y entusiasta admirador de las causas
ambientales no es suficiente. Dirigir el desarrollo territorial, la sostenibilidad y el equilibrio ecológico de todo Tamaulipas exige capacidad técnica probada, no solo buenas intenciones. Peor aún, cuando el verdadero mérito parece ser la innegable cercanía con la familia que hoy detenta el poder y el hecho de ser el sobrino del ex presidiario, la expectativa de eficiencia simplemente se desploma.
La administración estatal no es una escuela para que los novatos aprendan a gobernar, mientras los
ciudadanos pagamos el altísimo costo de su curva de aprendizaje y las dependencias se estancan.
Pero el ajuste que debe llamarnos a una reflexión mucho más profunda, cruda y realista, es el de la
Secretaría de Salud. Ignorar una alerta crítica en la atención ciudadana es fatal para cualquier
gobierno.
El declive de ese liderazgo no ocurrió el día que se firmó el documento de relevo oficial; ese proceso de descomposición comenzó exactamente el día en que se decidió minimizar la dolorosa,
indignante y reprobable situación que sufrieron las doctoras en el Hospital Infantil de nuestra Ciudad
Victoria. Cuando un gobierno decide mirar hacia otro lado, ignorar los llamados de auxilio y mostrar
indolencia frente a la vulnerabilidad y el genuino miedo de su propio personal médico, la institución
colapsa desde adentro y pierde cualquier atisbo de legitimidad moral. Al final de cuentas, tuvo que
venir la amiga del «tío Richie», la flamante Secretaria de las Mujeres, a dar un sonoro manotazo en la
mesa que terminó por hacer lo que no lograron más de dos años de incesante golpeteo interno en
contra del intocable «amigo del 1» en Salud.
A los nuevos funcionarios se les debe conceder, de inicio, el beneficio de la duda, porque si sus áreas de responsabilidad operan correctamente, a nuestro estado y a nuestras familias les va bien. Sin
embargo, como victorense y como coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, mi postura es
inamovible: exigimos soluciones de raíz y no más paliativos.
El ciudadano de a pie, el que lidia todos los días con los problemas de nuestra capital, con la intermitencia de los servicios y con un sistema de salud que le ha fallado repetidamente, no vive de boletines de prensa, de fotos oficiales ni de nombramientos palomeados desde las cúpulas. Vive de los resultados tangibles que estas dependencias están obligadas a generar por mandato y por vocación de servicio.
Necesitamos, de una vez por todas, un gobierno que no solo administre el poder, sino que funcione y
resuelva.
