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Expreso-La Razón
En Tamaulipas, el negocio de la gasolina se ha vuelto el más redituable, acrecentando fortunas y consolidando el poder de unos cuantos grupos empresariales casi siempre ligados a la política.
Y al mismo tiempo, generando un mercado ilícito que deja jugosos dividendos al crimen organizado.
Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el número de permisos vigentes de expendio de gasolinas y diésel pasó de 603 a 626 unidades, un incremento de 23 permisos en apenas doce meses.
Los datos sectoriales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) muestran que los mayores crecimientos en términos absolutos se concentraron en entidades con alta densidad urbana y vehicular: Jalisco encabezó la lista con 28 permisos adicionales —de 994 a 1,022—, seguido de Michoacán con 27 y del Estado de México con 24, que se consolidó como la entidad con más estaciones del país al alcanzar las 1,294. Puebla también sumó 24 nuevas autorizaciones, mientras que Nuevo León añadió 22 y Querétaro 21. Con su incremento de 23 unidades, Tamaulipas se ubica entre los estados más dinámicos del país en la apertura de nuevos puntos de expendio.
Al cierre de febrero de 2026, la radiografía del sector en Tamaulipas revela indicadores que lo distinguen a escala nacional. Existe un permiso de expendio por cada 5,635 habitantes y por cada 3,092 vehículos registrados. La densidad geográfica es de una estación por cada 128 kilómetros cuadrados, una cobertura que refleja tanto la extensión del territorio como la importancia estratégica de las rutas comerciales que atraviesan la entidad.
Transporte: el gran negocio
Si en el expendio al público Tamaulipas es relevante, en el transporte de petrolíferos su peso es determinante, de la mano de empresarios que en el pasado han estado bajo la mira de las autoridades.
La entidad registra el segundo parque vehicular más grande por destino en el país, con 1,863 unidades autorizadas inicialmente para transportar combustible hacia su territorio. Solo para dimensionar el alcance de esta cifra: existen 268 permisos de transporte autorizados para abastecer estaciones de servicio en Tamaulipas, 130 de ellos tienen su razón social domiciliada en el estado.
La inversión inicial total en el sector de transporte de petrolíferos en Tamaulipas asciende a 4 mil 387 millones de pesos, cifra que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional, solo por detrás de una entidad con mayor concentración urbana.
Son miles de millones invertidos en pipas, terminales de almacenamiento, sistemas de medición, certificaciones y logística.
Entre las empresas que lideran la movilización de hidrocarburos en todo el país, destacan poderosos clanes tamaulipecos.
El reynosense Javier Cantú Barragán, con 374 vehículos autorizados, representa la segunda empresa transportista de combustible más grande del país.
Le sigue Transportes Internacionales Tamaulipecos, S.A. de C.V. (TITSA), con 186 unidades, que también pertenece a los Cantú Barragán, quienes han sido patrocinadores de diversos grupos políticos en el estado. Rolando y Javier Cantú Barragán son primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el famoso empresario contratista que construyó la Casa Blanca de Peña Nieto, y uno de los favoritos de ese sexenio.
Los integrantes de la familia Cantú Barragán son además dueños de una empresa de transporte en Pharr, Texas, así como de hoteles en el sur de ese condado y de una mansión en el lujoso fraccionamiento El Cimarrón de Mission, donde también tiene propiedades la familia del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante el sexenio cabecista las empresas de los Cantú Barragán figuraron entre las más beneficiadas con contratos de obras.
Entre los gigantes del transporte de combustible está Trareysa, S.A. de C.V., con 136 vehículos, que forma parte del poderoso Grupo Burgos en Reynosa, propiedad de Jorge Alberto García Velasco, propietario además de decenas de gasolineras en la región.
El negocio de esta empresa no es solo transportar o venderle gasolina al automovilista, sino importar, almacenar y distribuir combustible a escala masiva para abastecer a otras estaciones en todo el país.
La reforma energética de 2013 abrió esta posibilidad de mercado y Grupo Burgos fue de las primeras empresas en capitalizar la apertura para importar combustible desde Estados Unidos.
En Reynosa opera una planta de almacenamiento con capacidad para millones de litros de gasolina y diésel. En 2023, la empresa expandió su huella hacia el norte-centro del país al adquirir una segunda planta en Cuauhtémoc, Chihuahua.
El grupo suministra combustible a más de 450 estaciones de servicio en todo México, aunque no todas operan bajo su bandera: muchas son estaciones independientes o de otras marcas que le compran el producto.
Medios locales y nacionales han publicado reportes que también vinculan a Jorge Alberto García Velasco con figuras políticas de Reynosa, sobre todo con el ex gobernador Cabeza de Vaca. Igual que el caso de los Cantú Barragán, Grupo Burgos fue uno de los consentidos del sexenio.
Adicionalmente, en diversas publicaciones se ha mencionado al grupo en el contexto de investigaciones federales sobre el llamado «huachicol fiscal», es decir, la importación de combustible bajo fracciones arancelarias incorrectas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque sobre esto no se ha hecho pública información oficial.
En el sur del estado, donde el Puerto Industrial de Altamira convive con la ciudad petrolera de Tampico y el municipio de Madero, un nombre domina el paisaje de los expendios de combustible: Nexum.
La marca comercial de las Estaciones de Servicio de Grupo Garel comenzó en 1973 y hoy opera aproximadamente 83 estaciones de servicio bajo la franquicia de Pemex.
Su zona de influencia principal es el noreste y centro de México: Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro son los estados donde Nexum tiene presencia, con un dominio especialmente marcado en la franja costera del sur tamaulipeco.
José Ángel García Hernández, el fundador, sigue siendo Presidente del Consejo de Administración y su hijo, José Ángel García Elizondo, ocupa la Dirección de Operaciones y es el rostro de la expansión: fue presidente de la Onexpo Nacional, la unión de asociaciones de gasolineros de México.
Grupo Garel también integra divisiones de transporte, almacenamiento de combustible y centros de servicio automotriz, lo que le permite controlar varios eslabones de la cadena.
El precio de la gasolina Magna en las estaciones de Tamaulipas cerró el 2025 en un rango de entre 23 y 26 pesos por litro, con dispersión mayor a la media nacional según los registros de la Comisión Reguladora de Energía.
Hidrosina, Orsan, Petro Seven y G500 son los grupos nacionales con mayor red en el estado, todos con permisos de la CRE vigentes y con sistemas de facturación electrónica auditables por el SAT en tiempo real bajo el esquema CFDI 4.0.
Las marcas internacionales, Valero, BP, TotalEnergies y Oxxo Gas, operan con controles de calidad y trazabilidad más estrictos que el promedio del mercado, lo que las hace menos permeables a la infiltración de producto irregular pero no inmunes a ella.
Los grupos regionales operan en un segmento de mercado donde la presión de precio es mayor y donde la tentación de adquirir combustible a precio inferior al de los distribuidores formales puede ser más intensa.
El margen promedio de operación de una estación de servicio en México es de entre 0.80 y 1.20 pesos por litro, lo que convierte cualquier diferencia de precio en el abastecimiento en un factor determinante de rentabilidad o de pérdida.
Si un distribuidor irregular ofrece combustible a un peso por litro menos que el precio del distribuidor autorizado, la estación que lo adquiere puede duplicar su margen de operación sin modificar el precio al público, lo que explica la demanda que sostiene el mercado informal.
La COFECE calculó en su estudio sectorial de 2023 que la penetración estimada del combustible irregular en el mercado formal de distribución en el noreste del país podría representar entre el ocho y el doce por ciento del volumen total vendido.
El lado oscuro del auge
El crecimiento del negocio gasolinero en Tamaulipas tiene una sombra que las cifras oficiales no pueden ocultar: la entidad es también un escenario central del comercio ilegal de combustible, conocido coloquialmente como huachicol. Y no se trata únicamente del robo de hidrocarburo en ductos —el huachicol de toma clandestina que proliferó en sexenios anteriores—, sino de una modalidad más sofisticada, conocida como huachicol fiscal: el contrabando de combustible que llega al mercado aparentando legalidad, pero eludiendo el pago de impuestos.
El caso más paradigmático de los últimos meses fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, en marzo de 2025. La operación reveló una extensa red de contrabando de combustible que, según las autoridades, contaba con la complicidad de mandos de la Marina. El barco había ingresado al puerto con cargamentos que no correspondían a lo declarado en la aduana, y su aseguramiento desencadenó una investigación que sacudió al sector energético en el sur de Tamaulipas.
Vinculada a este escándalo aparece la empresa Mefra Fletes y la familia Murguía Santiago, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) señaló como propietarios de los camiones utilizados en Tamaulipas para mover combustible de contrabando, detectados en operativos de 2025. Los decomisos asociados a esta red alcanzaron cifras extraordinarias: mega operativos en el puerto de Tampico documentaron aseguramientos de hasta 18 millones de litros de combustible ilícito. La FGR vincula a Mefra Fletes con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales con mayor presencia en el sector de los hidrocarburos robados a nivel nacional.
La otra punta del huachicol fiscal en Tamaulipas apunta hacia las aduanas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló a la empresa Nafta Aditivos Orgánicos por omitir el pago de 3,859 millones de pesos, incluyendo IEPS no declarado. La operación habría ocurrido específicamente en la aduana de Nuevo Laredo, la más activa del país en el cruce de mercancías entre México y Estados Unidos. El mecanismo es conocido: el combustible ingresa al país clasificado bajo una fracción arancelaria diferente a la que le corresponde —como si fuera un aditivo industrial o un solvente— para evadir el IEPS, que en el caso de las gasolinas representa uno de los mayores componentes del precio al público.
El peso de Tamaulipas en el transporte legal de combustible —el segundo parque vehicular por destino más grande del país, con 1,863 unidades autorizadas; el segundo lugar en inversión inicial con más de 4,300 millones de pesos— convierte inevitablemente a la entidad en terreno disputado también por las redes ilegales. La misma infraestructura que permite mover millones de litros de gasolina de manera legítima cada día puede ser aprovechada, con las complicidades necesarias, para colar cargamentos que nunca pagaron los impuestos que les correspondían.
Las autoridades federales han respondido con operativos de mayor envergadura en los últimos dos años, aunque los especialistas en el sector advierten que la sofisticación del huachicol fiscal exige respuestas igualmente sofisticadas: cruces de datos entre la CRE, el SAT y la Secretaría de Hacienda; auditorías en tiempo real de los inventarios en terminales de almacenamiento; y, sobre todo, una coordinación interinstitucional que históricamente ha sido el eslabón más débil de la cadena.
Tamaulipas, en suma, es un estado donde el negocio de los combustibles crece con fuerza real y legítima —26 nuevas gasolineras en doce meses, miles de millones en inversión, empresas que compiten con estándares internacionales— pero donde esa misma energía económica atrae también a quienes prefieren los atajos del contrabando.
Desenredar ambas realidades es, acaso, el mayor desafío regulatorio que enfrenta el sector energético en el noreste de México.
