Por. Staff
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Martín salió a trabajar a las siete de la mañana como todos los días, en la motocicleta que compró de segunda mano hace tres años por cuatro mil pesos y que nunca registró porque el trámite, decía, cuesta más que lo que gana en una semana.
Repartidor de comida en Ciudad Victoria, recorre entre 60 y 80 kilómetros diarios por calles donde las motos y los automóviles compiten por el mismo espacio sin reglas claras para ninguno, sin señalética suficiente, sin carriles definidos.
Una tarde de octubre, un automóvil lo cerró en el cruce de Hidalgo y Cristóbal Colón, cayó, el conductor del auto se fue, no hubo denuncia, no hubo seguro, no hubo expediente, Martín pagó el hospital de su bolsillo y volvió a trabajar dos semanas después.
Volvió con la misma moto, sin placa, sin seguro, sin nada que lo vinculara oficialmente a ese vehículo ni a ese accidente, su historia no aparece en ningún registro, tampoco la de miles de conductores como él en toda la entidad.
Las motos censadas son un problema menor
La historia registra un caso más de los muchos que han conmocionado a la ciudad pero el padrón vehicular de Tamaulipas, refleja la magnitud de una situación de riesgo que que viven miles de personas: hasta 2025 estaban registradas un total de 49 mil 334 motocicletas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas del Estado, desglosadas en 48 mil 409 convencionales, 206 motonetas, 123 cuatrimotos y otras categorías menores.
Pero si la cifra parece considerable hay otros números más reveladores, apoyados en la estimación de las propias autoridades: más de 200 mil motocicletas circulan en el estado fuera del marco legal, sin placas, sin tarjeta de circulación, sin propietario identificable por ningún sistema oficial.
La proporción es contundente, aproximadamente tres de cada cuatro motos que transitan por las calles de Tamaulipas son invisibles para el Estado, no pagan derechos, no tienen seguro y no pueden ser rastreadas en caso de accidente o delito.
Ciudad Victoria concentra buena parte de ese universo, el padrón vehicular general del municipio creció de 138 mil 885 unidades en 2015 a 195 mil 664 en 2025, un incremento de 41 por ciento en una década que no captura la dimensión real del fenómeno de las motos.
El mercado de motocicletas de bajo costo, predominantemente de manufactura asiática y con precios que oscilan entre tres mil y 12 mil pesos en el mercado informal, creció mucho más rápido que la capacidad o la voluntad del Estado para regularlo.
Existe una ley, pero no se aplica
No es que el marco legal no exista, el artículo 73 de la Ley de Hacienda de Tamaulipas establece con claridad que el registro en el padrón vehicular, la placa y la tarjeta de circulación deben tramitarse de manera inmediata tras la adquisición de una motocicleta.
El Código Fiscal del Estado va más lejos y considera infracción que un distribuidor entregue una moto sin que se haya completado ese registro, fijando multas de entre 500 y mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quien incumpla, las herramientas están, lo que falta es su aplicación.
Las campañas de regularización han producido resultados que, más que alentar, documentan el tamaño del fracaso acumulado, durante una de las más recientes con costo promocional de 870 pesos y condonación total de adeudos, apenas 807 propietarios regularizaron su situación en todo el estado.
En 2026 el programa se repitió con tarifas aún menores, 620 pesos de refrendo y 250 de placas, vigentes de enero a marzo con condonación total de multas y recargos, la misma fórmula que en años anteriores no movió la aguja de manera significativa.
Frente a un universo estimado de 200 mil unidades irregulares, el resultado de cada campaña equivale a resolver menos del medio por ciento del problema; la Dirección de Oficinas Fiscales del Estado, reconoció que el empadronamiento representa un desafío tanto en movilidad como en seguridad pública.
Impunidad sobre ruedas
La consecuencia más grave del subregistro masivo no es fiscal, es la impunidad que genera, una motocicleta sin placa es un vehículo sin identidad, y si participa en un accidente, en un asalto o en un homicidio, las posibilidades de rastrear a su propietario son mínimas.
Las autoridades tamaulipecas han reconocido públicamente que el uso frecuente de motocicletas en hechos delictivos motivó al Ejecutivo del Estado a preparar reformas legales para endurecer la regulación del sector, el reconocimiento implícito es que el subregistro ha contribuido a sostener dinámicas de violencia.
Los operativos de revisión vehicular en zonas urbanas y carreteras se han intensificado, con foco en motocicletas sin documentación, pero la escala del problema desborda la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad, detener e identificar a cada conductor sin placa es una tarea imposible de sostener de manera sistemática.
Sin un padrón actualizado y confiable, cualquier operativo de seguridad que dependa de identificar vehículos parte con una desventaja estructural, las placas son el primer eslabón de la cadena de trazabilidad y sin ellas esa cadena no existe.
La moto, solución para la movilidad
El problema tiene una cara que las cifras no muestran con facilidad, la moto es para cientos de miles de familias tamaulipecas la única solución de movilidad disponible, Martín no es un infractor por convicción, es un trabajador que encontró en una moto usada y barata la manera de sostener un ingreso diario.
Ciudad Victoria tiene un sistema de transporte público insuficiente en sus colonias periféricas, donde el camión no llega o llega mal, la moto resuelve el desplazamiento al trabajo, a la escuela, al médico y al mercado para familias que no tienen capacidad de adquirir un automóvil.
Cualquier política de regulación que no tome en cuenta esa realidad está condenada a reproducir el mismo fracaso de los últimos años, marcos legales correctos en el papel, incumplidos de manera masiva en la práctica, porque el costo o la complejidad del trámite supera la disposición del ciudadano promedio.
La regularización no puede ser solo una amenaza de multa, tiene que ser también una oferta de incorporación real al sistema, sostenida, permanente y accesible, no un programa de tres meses que se repite año con año sin resultados estructurales.
