El caso de Osmar “N”, adolescente de 15 años acusado de asesinar a dos maestras en la preparatoria Antón Makarenko, en Michoacán, pone bajo escrutinio los límites del sistema de justicia para menores en México.
Es un tema que está en la ley donde garantiza ciertos derechos a la niñez”, reconoció el fiscal estatal, Carlos Torres Piña.
Nosotros tenemos que buscar justo cómo ir acreditando las cosas para que en la audiencia tengamos los elementos para ejecutar estas órdenes de aprehensión”, agregó.
El fiscal estatal reconoció que el caso representa un desafío para la percepción de justicia, dado que la legislación vigente impide aplicar sanciones equivalentes a las de un adulto, incluso ante delitos de extrema gravedad.
El marco legal establece que los menores de edad enfrentan penas significativamente reducidas.
Para adolescentes de hasta 15 años, la sanción máxima es de tres años de internamiento, mientras que para menores de 17 años puede alcanzar cinco años. En contraste, un adulto podría recibir hasta 50 años de prisión por feminicidio.
Esta diferencia responde a un modelo que prioriza la protección de derechos de la niñez y la reintegración social, por encima del castigo punitivo.
La ley, entre sanción y reinserción
La Ley de Justicia Integral para Adolescentes de Michoacán establece medidas que van desde la amonestación y supervisión hasta el internamiento en régimen cerrado, considerado el recurso más severo.
En delitos como el homicidio, este internamiento puede extenderse de seis meses a un máximo de diez años, dependiendo de la determinación de un juez especializado.
Actualmente, el menor permanece en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, donde continuará privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal.
Las investigaciones indican que el crimen fue planeado y ejecutado de forma directa. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el adolescente ingresó al plantel entre las 7:30 y 7:40 horas con un rifle de asalto AR-15 oculto en una funda de guitarra.
Las grabaciones de videovigilancia muestran que disparó primero contra una maestra que se encontraba de espaldas y posteriormente contra otra docente que intentó resguardarse.
Origen del arma y evidencia digital
Según las primeras indagatorias, el arma pertenecía a su padrastro, exintegrante de una corporación federal de seguridad, y fue tomada del domicilio familiar. Las autoridades señalaron que el arma no estaba registrada, por lo que sería de procedencia ilegal.
Además, el adolescente habría publicado en redes sociales videos portando el arma horas antes del ataque, incluyendo mensajes de odio, lo que refuerza la hipótesis de premeditación.
La Fiscalía estatal decidió atraer el caso a la capital de Michoacán para garantizar un proceso con mayor rigor institucional.
Torres Piña destacó que, desde agosto pasado, se han judicializado 13 casos de menores involucrados en delitos graves, como homicidio y delincuencia organizada, lo que evidencia un fenómeno en crecimiento.
CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR
