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Expreso-La Razón
Un camión de plataforma con placas NH-66-393 de Tamaulipas avanzaba esta semana por vialidades urbanas de la capital del estado, cargado con al menos veinte troncos sin corteza, sujetos con cadenas y correas, sin documentación visible sobre su origen.
No era un hecho aislado, era la imagen más visible de un modelo de explotación forestal que lleva décadas operando en Tamaulipas, con permisos del gobierno federal, aval institucional y beneficiarios identificables que han convertido el bosque en negocio familiar.
Detrás de cada camión que baja de la sierra hay una cadena que comienza con una autorización de SEMARNAT, pasa por ejidos y propietarios privados, se transforma en aserraderos y hornos de carbón, y termina en mercados de Nuevo León, en supermercados del norte del país o en contenedores con destino a Estados Unidos.
Tamaulipas tiene hoy 127 autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable vigentes, que cubren 99 mil 558 hectáreas de bosque en 21 municipios, con un volumen autorizado de más de 3.1 millones de metros cúbicos de pino, encino, mezquite y especies comunes tropicales.
A eso se suman 66 autorizaciones no maderables sobre casi 30 mil hectáreas, para extracción de orégano, palma camedor, lechuguilla, agave y gobernadora, una actividad paralela que amplía la presión sobre ecosistemas que ya registran pérdida neta de cobertura.
El estado también cuenta con 90 centros de almacenamiento y transformación de materia prima forestal en 23 municipios, de los cuales 74 producen carbón vegetal, 10 son aserraderos y el resto comercializa postes, leña y varas, una infraestructura industrial que convierte la sierra en materia prima y la capital en punto de distribución.
UNA FAMILIA OPERA LOS ASERRADEROS
En el centro de ese modelo hay apellidos que se repiten desde hace seis décadas, y uno de ellos encabeza tanto la historia gremial del sector forestal como los negocios que más han aprovechado su control institucional: la familia Díez Gutiérrez.
Carlos Díez Gutiérrez Coleman llegó a Ciudad Victoria desde Cárdenas, San Luis Potosí, y construyó un modelo de poder que pocos replicaron en el estado: ser presidente simultáneo de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y de la Unión Estatal de Silvicultores, los dos gremios que, juntos, concentran las dos principales causas históricas de deforestación en México.
Talar y abrir paso al ganado son actividades que se retroalimentan, donde el bosque se extrae primero y el pastizal ocupa después el terreno liberado, y el patriarca de los Díez Gutiérrez presidió simultáneamente las organizaciones que representan ambos procesos ante las autoridades del estado y la federación.
Esa posición no es un dato marginal, quien preside la Unión Estatal de Silvicultores tiene acceso directo a las negociaciones de autorizaciones, participa en los consejos forestales, influye en los criterios de expedición de permisos y da forma a la política forestal estatal desde adentro del gremio que se supone debe regular.
Don Carlos Díez Gutiérrez Coleman murió en septiembre de 2020, a los 88 años, con el reconocimiento institucional intacto, sin que ninguna instancia pública haya documentado irregularidades en las décadas de operación forestal de sus empresas, que al momento de su muerte seguían activas bajo sus herederos.
Sus hijos son siete: Eugenio, Carlos, Martha, Arturo, Federico, Sergio y Héctor, y al menos dos de ellos tienen presencia verificada en los negocios forestales y en la política municipal de la capital tamaulipeca, lo que convierte a la familia en el caso más documentado de continuidad entre el sector privado forestal y el ejercicio del poder público en la zona centro del estado.
LOS ASERRADEROS: NOMBRE Y DIRECCIÓN
En el directorio de centros de transformación de materia prima forestal de Ciudad Victoria, el apellido de la familia aparece con nombre y domicilio: Eugenio Díez Gutiérrez Navarro opera un aserradero en Carretera a Matamoros S/N, en el Ejido el Olivo, y un segundo centro en Tenochtitlan 2117, fraccionamiento Vista Verde, ambos en la capital del estado.
Eugenio Carlos Díez Gutiérrez Navarro es el hijo mayor de la familia, fue regidor municipal de Victoria por Movimiento Ciudadano, y su nombre aparece en los registros de aserraderos con dos instalaciones activas, una en zona periurbana y otra en zona ejidal, un dato que no ha sido reportado públicamente antes de esta investigación.
Su hermano Arturo lo confirma sin ambigüedad desde su propia plataforma de presentación política: dice que junto a sus hermanos ha seguido el legado de su padre trabajando en aserraderos y viveros forestales, una declaración que convierte el negocio del bosque en herencia explícita y operación colectiva de la familia.
Arturo Díez Gutiérrez Navarro fue alcalde de Ciudad Victoria entre 2008 y 2010, postulado por el PRI a invitación del entonces gobernador Eugenio Hernández Flores, quien es hoy uno de los tres exgobernadores tamaulipecos con procedimientos legales activos en su contra.
La coincidencia no es anecdótica: el heredero de la familia que controla el gremio silvícola ocupó la presidencia municipal de la capital durante el mismo período en que el estado registra 127 autorizaciones de aprovechamiento activas, y regresó a sus negocios de madera y materiales al terminar el cargo, sin que exista un registro público que documente la relación entre ambas actividades durante su gestión.
En 2022 Arturo Díez Gutiérrez Navarro buscó la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano, apoyado inicialmente por el gobernador de Nuevo León, mercado al que se destina el 80 por ciento del carbón vegetal que produce Tamaulipas, un dato que la campaña nunca explicó como conflicto de interés.
PERMISOS, VOLÚMENES Y FALTA DE SUPERVISIÓN
La producción forestal maderable de Tamaulipas promedió 144 mil 974 metros cúbicos anuales entre 2008 y 2018, según los anuarios estadísticos de la propia Secretaría de Desarrollo Rural, una cifra sostenida que confirma que el sector opera a escala industrial, no artesanal ni de subsistencia.
Dentro de esa serie hay un dato que ningún documento oficial ha explicado: en 2017 la producción registrada fue de 242 mil 803 metros cúbicos, casi el doble del promedio de cualquier otro año de la serie, sin que los anuarios subsiguientes identifiquen qué ejidos, propietarios o técnicos forestales concentraron ese volumen extraordinario.
El carbón vegetal es el producto más representativo del sector, el promedio de producción de los últimos diez años es de 108 mil 540 metros cúbicos anuales, equivalentes a 21 mil 708 toneladas, con Casas, Llera, Soto la Marina y Abasolo como municipios dominantes y unos 2 mil 500 productores integrados a la cadena.
Ese carbón tiene un destino concentrado: el 80 por ciento sale a granel hacia Nuevo León, el 15 por ciento se distribuye en el mercado nacional y solo el 5 por ciento se exporta directamente a Estados Unidos, una estructura comercial donde el valor más alto lo captura el intermediario regiomontano, no el productor tamaulipeco.
Para corregir esa asimetría, el gobernador estatal impulsó la empacadora de carbón El Bernal, ubicada en Ciudad Victoria, que arrancó operaciones en septiembre de 2025 con una capacidad de 200 toneladas mensuales y la intención de llegar a 600 en 2026, con marca registrada ante el IMPI y negociaciones activas con clientes en México y Estados Unidos.
El proyecto tiene coordinación intersecretarial entre la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía y PRODET, la promotora dependiente de la Oficina del Gobernador, lo que coloca la comercialización del carbón vegetal dentro de la agenda directa del Ejecutivo estatal, sin que exista información pública sobre los criterios de selección de los productores beneficiados.
La relación insumo-producto del carbón es un dato relevante: por cada tonelada de carbón vegetal se requieren entre cuatro y seis toneladas de madera verde, dependiendo de la especie y el método de carbonización, lo que significa que las 21 mil toneladas anuales que produce el estado requieren entre 84 mil y 126 mil toneladas de biomasa forestal solo para este producto.
En septiembre y octubre de 2025, un operativo nacional de PROFEPA inspeccionó aserraderos en Tamaulipas y aseguró más de 15 metros cúbicos de madera de pino sin documentación legal en el municipio de Hidalgo, mientras el aserradero de Ciudad Victoria superó la revisión sin anomalías, un resultado que confirma que la inspección actúa por muestreo sobre un universo que supera los 90 centros registrados.
Esa proporción no es suficiente, los propios registros de la Secretaría de Desarrollo Rural reconocen que la superficie forestal del estado presenta un aprovechamiento no sustentable por el uso de prácticas productivas ineficientes, una admisión institucional que no ha derivado en cambios estructurales en los criterios de expedición de permisos.
El Consejo Estatal Forestal, instalado por el gobernador Villarreal en abril de 2023, integra a los presidentes de las asociaciones de silvicultores, representantes del sector privado y académicos, pero no tiene facultades sancionadoras y sus resoluciones son de carácter consultivo, una arquitectura institucional que opina sin poder corregir.
EL BOSQUE SE PIERDE Y EL NEGOCIO CRECE
En 2024 Tamaulipas perdió más de 7 mil hectáreas de cobertura arbórea natural, según registros de la plataforma de monitoreo Global Forest Watch, con emisiones asociadas de carbono superiores al millón de toneladas de CO2 equivalente, un nivel de deterioro que no se refleja en ningún indicador de la política forestal estatal.
Ese mismo año se registraron 33 incendios forestales en el estado, que afectaron cerca de 9 mil 770 hectáreas, superficies que en muchos casos requieren décadas para recuperar su estructura vegetal, y que en algunos municipios se concentran en las mismas zonas con mayor presión de aprovechamiento maderable.
La pérdida acumulada no es solo una cifra de hectáreas, es una reducción en la capacidad de captación de agua de las cuencas que abastecen municipios del altiplano tamaulipeco, una degradación de los suelos que incrementa la vulnerabilidad ante sequías y una pérdida de biodiversidad que no tiene mecanismo de restitución en el marco normativo actual.
El gobierno del estado reconoce la tendencia, el propio diagnóstico del programa PRODEFOS 2024 establece que la degradación de los recursos, la deforestación y las prácticas inadecuadas causan bajos niveles de conservación y productividad del sector forestal, y que ejidos, comunidades y propietarios convierten el aprovechamiento en medio de subsistencia sin incentivos para la sustentabilidad.
Ese diagnóstico describe el problema pero no nombra a los actores que más se han beneficiado del modelo durante más tiempo, ni establece mecanismos para auditar retrospectivamente las autorizaciones emitidas en las últimas décadas y su impacto real sobre la cobertura forestal que hoy el propio estado reconoce como deteriorada.
La pregunta que ningún documento oficial responde es cuántas de las 127 autorizaciones vigentes pertenecen a propietarios privados particulares con capacidad de influencia institucional, y si el padrón completo de titulares está disponible para consulta pública como lo exige el artículo 158 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
LO QUE DICEN LOS AMBIENTALISTAS
Tres organizaciones con presencia en el noreste coinciden en un diagnóstico: el bosque tamaulipeco no se pierde por falta de leyes, sino porque las leyes no llegan al territorio.
Pronatura Noreste documenta que la Sierra Madre Oriental es uno de los corredores biológicos más presionados del norte de México, con extracción no regulada, fragmentación de hábitat y avance ganadero operando de forma simultánea, y advierte que esa pérdida de cobertura afecta directamente la recarga de acuíferos que abastecen municipios del altiplano tamaulipeco.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala que la proporción de inspectores de PROFEPA frente a los 90 centros de transformación activos en 21 municipios es insuficiente, y que el padrón de titulares de autorizaciones debe ser público e inmediato, como lo exige el artículo 158 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Grupo Ecologista Antares identifica la pobreza energética como presión permanente sobre el monte, y cuestiona que los programas de reforestación oficiales carezcan de seguimiento post-plantación, lo que convierte áreas reforestadas en superficies disponibles para nueva extracción.
Los tres grupos apuntan al mismo lugar: el permiso se expide, la supervisión no alcanza y la información no es pública.
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