POR. JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
La reciente expedición de la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial del Estado de Tamaulipas marca, sin duda, un punto de inflexión en la manera en que el Estado entiende y aborda un tema históricamente relegado.
Desde este mismo espacio en reiteradas ocasiones he señalado la importancia de la deuda histórica que nuestro sistema político y jurídico tenía con el área de la salud mental, sin embargo, gracias al trabajo y liderazgo de los diputados Mercedes del Carmen Guillén, Armando Zertuche y Víctor Fuentes, hoy tenemos nueva Ley de la materia y, por cierto, una muy decorosa.
No estamos frente a una simple actualización o “armonización” normativa, sino ante un intento serio por replantear el paradigma: dejar de ver la salud mental únicamente como la ausencia de enfermedad, para asumirla como un estado dinámico que permite a las personas desarrollar sus capacidades, ejercer sus derechos y participar activamente en su comunidad.
Este giro no es menor. La incorporación del concepto de bienestar psicosocial, así como su anclaje en principios como la dignidad humana, la perspectiva de género y la interculturalidad, coloca a esta Ley en una ruta moderna, alineada con los estándares internacionales más avanzados.
En el papel, estamos hablando de una legislación vanguardista, bien estructurada y conceptualmente sólida. No es una ley “parche”; es, en esencia, una nueva arquitectura institucional que le urgía a nuestro estado desde hace décadas.
Además, uno de los aciertos más relevantes de la Ley es su enfoque preventivo, particularmente en materia de suicidio; la incorporación de estrategias como los primeros auxilios psicológicos no solo es pertinente, sino urgente.
Apostar por la detección temprana y la intervención comunitaria implica reconocer que la salud mental no se resuelve en el aislamiento de los hospitales, sino en el día a día de nuestra sociedad: en las aulas, en los centros de trabajo y en la plaza pública.
En la misma línea de derechos humanos, destaca el tratamiento del internamiento como último recurso. Esta disposición rompe con inercias históricas que privilegiaban el encierro sobre la atención integral. Establecer que el internamiento —especialmente el involuntario— debe ser excepcional, por el menor tiempo posible y en el entorno menos restrictivo, representa un avance civilizatorio en la protección de la dignidad de las personas.
Tal vez la única duda razonable que encontramos es, si la creación de nuevas instancias dentro del aparato gubernamental sería realmente la respuesta a las necesidades actuales. En un sistema ya de por sí saturado, la tentación de resolver problemas mediante más burocracia puede terminar diluyendo responsabilidades y complicando la operación, dejando todo “como al principio” …
Entonces, ¿en qué nivel estamos jugando? Si evaluamos el diseño legislativo, esta nueva Ley coloca a nuestro estado en una liga alta. Evidentemente se trata de una Ley que cumple con estándares internacionales y que, en términos conceptuales, no le pide nada a modelos más consolidados a nivel nacional.
Pero la verdadera prueba —como siempre— está en la “letra chiquita”, en el tema presupuestal; la experiencia nos ha demostrado que incluso las mejores leyes pueden naufragar sin los recursos suficientes.
Sin inversión etiquetada, sin personal especializado y sin una infraestructura que baje del decreto a la colonia, cualquier diseño —por más brillante que sea— corre el riesgo, como muchas otras, de quedarse en el archivo de las buenas intenciones.
En definitiva: esta nueva Ley es un instrumento legal digno de admirarse y resaltarse que, inclusive, por lo menos en el papel, es posible que sea considerada como el mayor legado de esta Legislatura…
El esfuerzo y trabajo de los legisladores fue notorio al hacer este trabajo, sin embargo, al final, el verdadero reto no está solamente ahí… Recordemos no únicamente se trata de tener la mejor Ley… sino de tener una que sea realmente sea cumplible.
