Por Raúl López García
EXPRESO-LA RAZÓN
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El cierre de operaciones de la Cruz Roja Mexicana, delegación Victoria —que suma casi un mes por problemas financieros— contrasta con un origen marcado por el esfuerzo colectivo, la creatividad y la urgencia de salvar vidas.
De acuerdo con archivos históricos del cronista Antonio Maldonado, los antecedentes de la Cruz Roja en México se remontan a 1909, tras un ciclón que azotó Monterrey y provocó severas inundaciones. La tragedia impulsó a Luz González Cosío de López a organizar brigadas de auxilio. Un año después, el 21 de febrero de 1910, el entonces presidente Porfirio Díaz formalizó la institución.
En Ciudad Victoria, la historia comenzó a tomar forma décadas más tarde. Tras los estragos de un ciclón en agosto de 1938, resurgió la necesidad de contar con un puesto de socorro, propuesta que desde 1937 había sido planteada por ciudadanos al entonces diputado Juan Rincón Rincón.
La delegación se consolidó en septiembre de 1939 con la integración de su primera directiva y un grupo de socios cooperadores. Desde el inicio, el principal reto fue contar con una ambulancia.
En ese contexto surgieron alternativas como adaptar una unidad existente, entre ellas un camión Ford donado desde Ciudad Mante. La propuesta reflejaba el carácter práctico con el que inició la institución: resolver con lo disponible.
Sin embargo, se optó por adquirir una ambulancia nueva, lo que implicó un mayor esfuerzo financiero. La unidad fue comprada a crédito mediante pagarés firmados por el doctor Higinio Portales López, presidente fundador; Francisco Casas Saucedo, secretario; y Benito Haces Madrid como fiador.
Para cubrir los costos, la sociedad victorense se volcó en una campaña sin precedentes. En octubre de 1939 se organizaron kermeses en la Plaza Juárez, eventos artísticos y la elección de la Reina de la Cruz Roja. La respuesta fue tal que no solo se liquidó la ambulancia, sino que se obtuvo una bonificación de 500 pesos.
El movimiento fue impulsado por ciudadanos, autoridades y figuras públicas, entre ellos el gobernador Marte R. Gómez y el expresidente Emilio Portes Gil, además de maestras, jóvenes y familias.
Durante años, la delegación operó bajo ese modelo: voluntariado, donativos y compromiso social. Personal médico, enfermeras y ciudadanos sostuvieron un servicio que atendía emergencias urbanas y rurales.
Hoy, esa historia enfrenta su momento más crítico. La suspensión de actividades por bancarrota evidencia el desgaste de un esquema dependiente de la solidaridad social.
El contraste es inevitable: de la posibilidad de adaptar una unidad para salvar vidas, a la imposibilidad de sostener operaciones.
