Por. Nora García Rodríguez
La política dejó de ser un ejercicio de fondo para convertirse, en muchos casos, en un ejercicio de forma; no ocurrió de golpe, fue una transición en la que las redes sociales pasaron de ser herramienta a convertirse en escenario principal, y en ese desplazamiento emergió una generación de actores públicos que no se forman en la gestión sino en la exposición, que aprendieron antes a construir audiencia pero no a construir política pública. La prioridad ha sido posicionarse antes que resolver, o ser útiles.
El dato no admite discusión: en México sólo 35% de la ciudadanía confía en las noticias que consume, una caída de 14 puntos porcentuales respecto al 49% registrado en 2017, según el Reuters Institute; el reporte de 2025 confirma que esa cifra se estancó en 36%, y mientras la figura presidencial emerge como la presentadora online más vista del país, el indicador solo mide presencia pero no resultados ni narrativa; no política pública, sino posicionamiento digital que ocupa el espacio que antes ocupaba la rendición de cuentas.
Los formatos digitales y la lógica de la viralidad permiten construir perfiles competitivos sin trayectoria, sin resultados y, en no pocos casos, sin conocimiento técnico; el algoritmo premia la presencia y no la capacidad, y esa distorsión redefine la manera en que se accede al poder; en las elecciones de 2021, el Partido Verde contrató a más de 90 influencers durante la veda electoral y recibió una multa de 40 millones de pesos del INE, costo asumible para normalizar un método que hoy ya no necesita disimularse.
Cuando la política se reduce a narrativa pierde su esencia de servicio; la agenda pública se ajusta al ritmo de la tendencia y no al de la necesidad social; un tercio de los mexicanos no puede reconocer una noticia falsa, según el informe Kaspersky 2024, y la desinformación es impulsada activamente por partidos y entidades privadas con una capacidad de propagación sin precedente; ese ecosistema no es neutro: es el terreno en que la política de simulación se reproduce sin fricción, donde la percepción no sólo compite con la realidad sino que, en demasiados casos, la sustituye.
Hay un fenómeno que la política mexicana conoce bien pero raramente nombra con precisión: el de quienes llegan al cargo con una historia compartida, años de militancia, de desvelos, de trincheras comunes, y descubren, una vez instalados en el poder, que esa historia es un activo que administrar, no una deuda que honrar.
El ascenso los transforma en guardianes de su propio territorio, y en ese giro la amistad se convierte en riesgo gestionado; la lealtad política, cuando sustituye al mérito, desplaza a quienes tienen mayor experiencia técnica, no porque fallen, sino porque representan una autoridad que no depende del funcionario en turno, y eso, en la lógica del poder mal ejercido, es una amenaza antes que un recurso.
Los equipos de gobierno en México repiten una ecuación documentada: 90% de lealtad, 10% de capacidad; lo que ese porcentaje no revela es el costo acumulado, el talento que no entró, el diagnóstico que no se hizo, la política que no se diseñó, porque quien podía hacerlo fue desplazado por quien prometía no cuestionar; en la política de la lealtad administrada, la mediocridad no es accidente sino condición funcional: garantiza que nadie dispute el protagonismo, y en ese cálculo el servicio público se convierte en el escenario de una seguridad personal muy cara para la ciudadanía.
Maquiavelo lo describió sin eufemismos: quien detenta el poder teme más a quienes conocen sus límites que a quienes los desconocen; por eso el amigo de toda la vida, el que vio el proceso, el que conoce el origen, el que recuerda cómo se llegó hasta aquí, representa una incomodidad que el cargo convierte en prescindible; no hay traición declarada, hay algo más difícil de documentar: el olvido estratégico, la puerta que no se abre, la llamada que ya no se devuelve, el expediente que se extravía sin que nadie lo firme; así funciona el poder cuando decide quedarse, no cuando decide servir.
La discusión no es tecnológica, es política; exige recuperar estándares, exigir capacidad, devolverle al servicio público su dimensión técnica y ética, y recuperar una noción de lealtad que se mida en resultados; finalmente, gobernar no es posicionarse, es resolver; es construir algo que valga la pena defender; cuando eso no ocurre, la política se convierte, simplemente, en un ejercicio de representación sin contenido, y quienes pagan ese costo no son los amigos ni los actores públicos que posicionan, es la ciudadanía que sigue esperando que alguien, alguna vez, resuelva.
