Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El aseguramiento de más de 2.1 millones de litros de hidrocarburo ilegal en Reynosa, ocurrió en un parque industrial localizado en un sector conocido como rancho San Cristóbal.
En ese sitio, operan diferentes compañías dedicadas a diferentes ramas de la industria energética, y del transporte, algunas de ellas vinculadas con empresarios que han enfrentado problemas con la justicia.
Aunque la autoridad no ha dado a conocer a quién pertenece el predio donde se aseguró el huachicol fiscal y las unidades en las que se albergaba, las sospechas apuntan a una de estas compañías.
El pasado lunes, el gobernador Américo Villarreal Anaya, pidió a la Fiscalía General de la República que llegue al fondo de las investigaciones para deslindar responsabilidades.
“No dejemos en llevar a sus últimas consecuencias, quienes son los propietarios de ese predio y de esos auto tanques, que tienen esa cantidad de combustible; que ahí están los verdaderos huachicoleros, y queremos llegar al fondo de quienes son para que queden realmente expuestos”, dijo.
En el rancho San Cristóbal, ubicado a la altura del kilómetro 198 sobre la carretera Reynosa-Monterrey, no muy lejos de las instalaciones de Pemex, tiene su sede la empresa PJP4, que tiene su origen en Venezuela en la década de los noventa, y en el año 2004 abrió su filial mexicana.
Esta compañía brinda diversos servicios relacionados con la industria petrolera y ha recibido contratos por miles de millones de pesos con Pemex.
En el pasado, por ejemplo, tuvo a su cargo la operación integral del Bloque Nejo con una vigencia extendida de 78 meses, uno de los proyectos de servicios más largos y lucrativos en la región de Tamaulipas.
PJP4 ha sido relacionada con empresarios cuestionados, que han enfrentado problemas con la justicia.
La empresa, por ejemplo, sostuvo un contrato conjunto con Pemex, en el que también figuró la empresa Barca de Reynosa S.A de C.V., propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien pasó casi dos años preso, por presuntamente formar parte del esquema de recursos públicos que habría encabezado el ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo señaló como el principal operador financiero de una red que desviaba recursos públicos mediante sus empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa.
Presuntamente recibió contratos estatales por más de 138 millones de pesos para obras (como centros de justicia y unidades de docencia) que fueron triangulados a través de otras empresas para finalmente financiar la compra de un departamento de lujo en Santa Fe, CDMX, propiedad del exgobernador.
PJP4 también ha sostenido contratos con Soluciones Gasíferas del Sur, la empresa propiedad del empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, acusado de encabezar negociaciones con empresarios gasolineros para distribuir el huachicol, que era contrabandeado principalmente desde Guatemala y Estados Unidos.
Los negocios ilícitos de Rocha Cantú se vinculan con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.
En el mismo parque opera la empresa Petroquimia del Golfo SA de CV, inscrita en el padrón oficial de importadores de químicos e hidrocarburos y que le ha facturado miles de millones de pesos a Pemex.
También Servicios Integrales Tamabra SA de CV, otra empresa que realiza diferentes trabajos en los pozos de la región, y opera en sintonía con las otras compañías situadas en el llamado rancho San Cristóbal.
Ahí mismo, hay patios de almacenamiento y maniobras de empresas de transporte como Transportes RyR, y Transportes 365.
EXPRESO reportó que en los últimos ocho meses, se han asegurado casi 5 millones de litros de hidrocarburo ilegal en bodegas y predios de la ciudad de Reynosa, además de los decomisos que se han llevado a cabo en el Valle de Texas.
El 28 de marzo de 2026, agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de cateo en un predio de Reynosa y aseguraron dos millones 189 mil litros de combustible de origen presuntamente ilegal, junto con 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, catorce tanques metálicos y diversas motobombas. La pista llegó por denuncia anónima a la Guardia Nacional, que canalizó la información a la delegación de la FGR en Tamaulipas para integrar la carpeta de investigación.
El 26 de julio de 2025, la misma delegación había asegurado una bodega clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de la ciudad, con un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo distribuidos en nueve pipas, 39 frac tanks, doce motobombas y tres vehículos. Sumados, los dos operativos en Reynosa acumulan cerca de cuatro millones de litros en ocho meses.
Este decomiso tuvo una consecuencia documentada. Días después del operativo de julio, fue asesinado el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.
Fuentes empresariales consultadas en Reynosa describieron que la estructura de corrupción en las aduanas tamaulipecas es persistente: el combustible se declara como aceite mineral, nafta o destilados de menor carga impositiva, y en algunos casos el ingreso se realiza por tren para reducir la exposición en los cruces vehiculares.
Los expedientes judiciales abiertos entre 2024 y 2025 además identifican al menos 31 buques con rutas desde puertos de Texas hacia las costas tamaulipecas. El Nord Supreme acumuló cuatro viajes y 72 millones de litros desde Houston; el MTM Hamburg realizó cinco travesías con 43 millones de litros en 2024. Ambos declaraban aceites lubricantes o aditivos para eludir el IEPS.
En el cruce Los Indios-Lucio Blanco, que conecta Brownsville con Matamoros, circulan alrededor de cien pipas diarias de 55 mil litros cada una, con cambio de rombos de identificación de material peligroso antes de la línea internacional.
La Secretaría de Hacienda informó el 9 de octubre de 2025 que existen querellas activas por 16 mil millones de pesos relacionadas con contrabando y facturación ilegal de combustibles.
