Por. Nora Marianela García Rodríguez
En Ciudad Victoria hay un expediente que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas conoce con precisión y que todavía no tiene sentencia: un jefe de grupo de la propia policía investigadora fue señalado como responsable directo de la desaparición de tres personas en la capital del estado, la carpeta se judicializó, la prisión preventiva fue dictada, y ahí se detuvo el proceso; el señalado está identificado, la institución que debería perseguirlo es la misma de la que él formaba parte, y la condena sigue sin llegar, lo que convierte ese caso en una síntesis más precisa que cualquier estadística del estado que guarda la justicia en Tamaulipas.
Ese expediente no está solo; forma parte de un registro que al corte de febrero de 2026 acumula 13,667 casos en esta entidad, una cifra que no la calculó ningún organismo crítico ni la fabricó ninguna organización de oposición, sino que la administra el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno federal; el 95% de esos casos están vinculados a la comisión de un delito, lo cual significa que detrás de cada número hay una familia que sabe, o sospecha con fundamento suficiente, que alguien se lo llevó y que el Estado no ha respondido con nombre, fecha ni responsable.
Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en ese registro, por debajo de Jalisco y por encima de cualquier otra entidad del norte; una posición que no refleja únicamente la violencia del crimen organizado sino también décadas de omisión institucional, de fiscalías que anunciaban revisiones integrales sin publicar sus avances, de presupuestos que crecían sin que los índices de identificación mejoraran de manera proporcional, y de corporaciones policiales que en varios períodos documentados no eran un contrapeso al crimen sino una extensión territorial de él, con retenes, rutas y acuerdos que la autoridad federal ha reconocido sin que eso se haya traducido en sentencias suficientes.
Ciudad Victoria aparece entre los cinco municipios con mayor concentración de casos, en una lista que encabezan Reynosa y Matamoros; pero la relevancia de la capital en esta crisis no es solo estadística sino estructural: es la sede donde se asignan las partidas para la búsqueda, donde opera la Fiscalía que en enero de 2026 anunció que estaba analizando toda la información recibida y que los avances se irían conociendo conforme avanzara la revisión interna, una declaración que los colectivos de familiares conocen de memoria porque la han escuchado, con distintas palabras y distintos titulares, durante más de una década sin respuesta suficiente.
Raymundo Aguilera Gallardo lleva diez años buscando a su hijo Gabriel, quien tenía 34 años cuando desapareció por última vez en el ejido 5 de Mayo, municipio de Padilla; en una marcha en Ciudad Victoria para exigir resultados, dijo algo que ningún funcionario ha podido rebatir con evidencia: no buscamos culpables, nada más necesitamos localizar a nuestros hijos; se perdió un ser humano, no un animalito, una frase que no es retórica sino la descripción exacta de lo que los colectivos enfrentan cada vez que presentan una solicitud ante una fiscalía que lleva meses sin mover una carpeta.
Los colectivos no esperan los resultados de ninguna revisión institucional porque aprendieron, jornada a jornada, que la presión sostenida es la única variable que efectivamente mueve carpetas paralizadas; el Colectivo Amor por los Desaparecidos arrancó 2026 con una jornada en la Brecha El Becerro, en Reynosa, y su presidenta Edith González lo dijo sin rodeos: si no exigimos, las autoridades tienden a relajarse cuando no hay presión, un diagnóstico empírico validado por años de trabajo en campo que recayó sobre mujeres que salían a buscar con o sin acompañamiento oficial, porque la escolta no siempre llega y el expediente no espera.
La propia Fiscalía de Tamaulipas confirmó a principios de año la detección de más de 50 sitios con restos humanos derivados de esas labores conjuntas; cincuenta predios identificados en el territorio de un estado cuya capital tiene congreso, palacio de gobierno, universidades y toda la arquitectura formal del poder funcionando, pero que convive, a pocos kilómetros de cualquiera de esas instituciones, con terrenos donde hay restos que llevan meses o años esperando ser procesados por un sistema forense que el propio Estado reconoce estar rebasado, sin que ese reconocimiento se haya traducido en la capacidad técnica necesaria para reducir el rezago.
Ese rezago tiene historia: Tamaulipas fue durante años el territorio donde se ensayaron los primeros operativos militarizados contra el narcotráfico, donde la lógica de la guerra contra las drogas produjo sus primeras fosas masivas documentadas —San Fernando en 2010 y 2011—, donde el 30 por ciento de los desaparecidos tenía entre 20 y 29 años al momento de su ausencia, y donde la captura de líderes criminales no desmanteló las estructuras sino que las fragmentó en grupos con mayor penetración institucional; treinta años después, la Fiscalía de Ciudad Victoria sigue anunciando revisiones integrales y los expedientes siguen abiertos.
El contexto nacional de esta semana agrega una dimensión que Tamaulipas siente de manera directa: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU escaló el caso de México a la Asamblea General, solicitando cooperación técnica y asistencia especializada para búsqueda y análisis forense; lo que el gobierno federal rechazó, calificando la resolución de tendenciosa e injerencista, no era una condena sino una oferta de capacidad para atender lo que México no ha logrado atender solo, y rechazarla mientras esta entidad acumula 13,667 expedientes y más de 50 sitios con restos pendientes no es una postura soberana sino una decisión con consecuencias directas sobre familias concretas de este estado.
Ciudad Victoria es la capital de todo eso: de los expedientes sin sentencia, de las fiscalías que se revisan a sí mismas sin rendir cuentas externas, de los colectivos que rastrean predios porque nadie más lo hace con la frecuencia que la crisis exige; es también la ciudad donde esa deuda puede comenzar a pagarse o seguir aplazándose, porque la autoridad que define si los protocolos se actualizan, si la búsqueda se intensifica, si el expediente de alguien desaparecido en Padilla o en San Fernando tiene movimiento esta semana o espera otro año en el fondo de un archivo, tiene su sede aquí, a unos kilómetros de los predios donde los colectivos siguen encontrando lo que las instituciones no han terminado de procesar.
13,667 expedientes sin cerrar no caben en un boletín de prensa ni se neutralizan con un comunicado de rechazo; son el inventario de una deuda que el Estado tamaulipeco tiene con sus propias familias, una deuda que no se liquida con anuncios de revisión integral sino con sentencias que lleguen antes de que quienes buscan ya no puedan hacerlo, con trabajo forense que devuelva un nombre a cada resto que lleva años en alguno de esos 50 sitios, y con la decisión que ninguna administración en Ciudad Victoria ha terminado de tomar en serio: que identificar a cada desaparecido es una obligación del Estado, no una concesión que depende de la presión que los colectivos puedan sostener cada semana con su propio tiempo y su propia valentía.
