Por. Nora García
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los productores y usuarios de concesiones de agua en Tamaulipas tienen hasta el 28 de abril para regularizar sus concesiones, o éstas podrían ser canceladas, luego del proceso de revisión que lleva a cabo la Conagua.
En el estado, hay 22,519 concesiones bajo la lupa federal, como parte de un operativo nacional que abarca 536 mil permisos y que, al cierre de 2025, ya había documentado 58 mil 938 inconsistencias en los registros hídricos del país.
Tamaulipas es el estado que más agua extrae en el noreste del país con tres acuíferos en sobreexplotación y 15 empresas que concentran la mitad del volumen extraído.
Este modelo hídrico acumula décadas de permisos discrecionales, relacionados con favores políticos, vigilancia fallida y vacíos administrativos cuya factura la pagan hoy ciudades con racionamiento y comunidades rurales sin agua para sus cultivos.
la revisión federal que hoy examina los 22 mil 519 títulos activos en el estado no es una auditoría ordinaria: es el reconocimiento de que el sistema estuvo edificado sobre un andamiaje de datos inexactos, usos desviados y vigilancia que existió, sobre todo, en el papel.
La Conagua instaló módulos de atención en Tamaulipas para orientar a productores con títulos en entredicho antes del vencimiento del Decreto de Facilidades Administrativas, fijado para el 28 de abril; a partir de esa fecha procederán cancelaciones y sanciones formales.
Quince empresas, la mitad del agua
El padrón tamaulipeco suma 8 mil 941 concesiones agrícolas, 4 mil 582 pecuarias, 2 mil 796 domésticas, mil 935 de uso público urbano y 250 industriales; sobre ese universo opera una concentración que pocas cifras describen con tanta claridad: solo 15 empresas acaparan el 50 por ciento del volumen total extraído en el estado, encabezadas por DuPont de Nemours México, registrada en el REPDA con 16 millones de metros cúbicos anuales, y Grupo Petrotemex, con 15.7 millones, ambas en sectores donde el agua no es un insumo marginal sino el corazón del proceso productivo.
La concentración importa porque revela la lógica de fondo: en un estado donde la petroquímica, la ganadería intensiva, la agroindustria y la industria de bebidas consumen en conjunto mil 765 millones de metros cúbicos anuales, el modelo de concesiones no fue diseñado para garantizar el acceso universal al recurso sino para sostener una economía de extracción; el agua pública se convirtió, progresivamente, en un factor de producción asignado mediante permisos que el Estado otorgó con generosidad y vigiló con negligencia.
La Conagua delimita 14 acuíferos en el territorio tamaulipeco; de ese universo, tres se encuentran en sobreexplotación documentada, condición técnica que tiene una sola lectura posible: la extracción supera la recarga natural y las reservas subterráneas se erosionan de manera sostenida, sin recuperación posible en el corto plazo sin una reducción drástica del bombeo; el acuífero Victoria-Güémez registra un déficit de 30.12 hectómetros cúbicos por año, cifra equivalente al consumo doméstico anual de más de 840 mil personas conforme al estándar mínimo de 50 litros diarios recomendado por la Organización Mundial de la Salud, mientras los de Hidalgo-Villagrán y Márgenes del Río Purificación presentan disponibilidad negativa y no pueden absorber ninguna concesión adicional sin agravar la crisis.
La cuenca del Río Bravo, zona donde habita el 54 por ciento de la población tamaulipeca, opera con un déficit de 600 millones de metros cúbicos, cifra que no es un indicador abstracto sino la expresión cuantificada de una crisis cotidiana; la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas reconoció en 2023 que cuerpos de agua superficiales y subterráneos perdieron alrededor del 20 por ciento de su volumen durante la última década como consecuencia directa de concesiones excesivas y explotación irregular; fue una confesión institucional que tardó años en producirse y que llegó cuando el daño ya era visible en los medidores de los sistemas municipales de agua potable.
La ley llegó tarde
El 11 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, un paquete normativo que reescribe las reglas del sector con tres ejes de ruptura respecto al modelo de mercado vigente desde los años noventa: prohibición de la transmisión de concesiones entre particulares, eliminación de los cambios de uso del agua y creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, mecanismo por el cual los volúmenes sin concesionario activo regresan al Estado para su reasignación con criterio de interés público.
La legislación también endurece el régimen penal: los delitos hídricos, es decir, la extracción ilegal y la corrupción en la asignación de derechos, pasaron de un rango de uno a ocho años de prisión a uno de dos a 14 años para quienes otorguen permisos a cambio de beneficios personales; el endurecimiento llega cuando tres acuíferos tamaulipecos ya no tienen agua disponible para nuevas concesiones y cuando la cuenca del Río Bravo acumula una brecha de 600 millones de metros cúbicos; establece consecuencias que el sistema anterior nunca aplicó, pero no contiene el mecanismo que repara lo que ya se perdió.
El agua que se fue a los limonares
El caso de Jaumave concentra, en una sola cuenca serrana, la mecánica completa del descontrol hídrico tamaulipeco: en 2011, la Conagua otorgó concesiones a productores de limón italiano, entre ellos el consorcio Tres Ases de la familia Valdez Rodríguez, sin acreditar la disponibilidad real del manantial El Charco Azul-Río Guayalejo; nueve comunidades ejidales con derechos sobre el agua garantizados desde la administración de Lázaro Cárdenas vieron colapsar sus cultivos de maíz, frijol, aguacate y hortalizas durante los años siguientes, mientras los limonares absorbían el escurrimiento que antes sostenía la economía campesina de la sierra y el abasto de más de cuatro mil pobladores.
La Conagua suspendió el riego en los limonares en 2022 tras verificar retenciones ilegales del escurrimiento; en abril de 2024 clausuró más de 20 permisos en el río Guayalejo-Tamesí, todos de empresas agrícolas que excedían los volúmenes autorizados, en medio de la sequía más severa registrada en el sur tamaulipeco en años recientes; el patrón que Jaumave expone es preciso: concesiones otorgadas sin verificación de disponibilidad, daño acumulado sin sanción, intervención tardía; y es el mismo que la institución reconoce haber reproducido en todo el país durante los años en que los recortes presupuestales eliminaron su capacidad de inspección en campo.
El subdirector jurídico de la Conagua, Óscar Zavala Gamboa, expuso el catálogo de irregularidades que la revisión fue destapando: concesiones agrícolas operadas como desarrollos inmobiliarios, títulos domésticos usados por industrias y grandes volúmenes industriales camuflados tras permisos de uso municipal; de los 482 mil 14 títulos revisados hasta 2025, la autoridad identificó 272 con uso agrícola desviado a otros fines, 197 con registro de uso público operados por particulares y 18 mil 753 con coordenadas erróneas o presunta falsificación de datos en el expediente; cifras que no describen errores administrativos sino una arquitectura deliberada para eludir controles.
La magnitud del vacío es igualmente reveladora: 163 mil concesiones carecen de vigencia por falta de renovación, condición que la autoridad reconoce como un hueco que facilitó explotaciones irregulares sin sanciones efectivas durante años, en particular en regiones con estrés hídrico documentado; en los operativos de campo, la Conagua encontró 980 casos graves de extracción ilegal en todo el país, cifra que atribuye en parte a la ausencia prolongada de medidores y a la reducción sistemática de su plantilla de inspectores en los estados; Tamaulipas, con tres acuíferos en sobreexplotación y una cuenca deficitaria en 600 millones de metros cúbicos, no es la excepción: es la regla del modelo.
