POR NORA MARIANELA GARCÍA RODRÍGUEZ
EXPRESO-LA RAZÓN
Un mexicano realiza, en promedio, 486 trámites ante ventanillas gubernamentales a lo largo de su vida; el 85% ante instancias estatales o municipales, no federales, y ese dato condensa décadas de capas administrativas que crecieron porque la burocracia tiende a sedimentarse en estructuras que adquieren vida propia y resisten cualquier intento de reducción.
Lo que vino después fue la respuesta normativa más veloz en la historia reciente del sector público mexicano: reforma constitucional en abril de 2025, ley publicada en el Diario Oficial el 16 de julio, mandato a los tres órdenes de gobierno para reducir a la mitad los trámites y tiempos, y digitalizar al menos el 80% de los procesos.
El andamiaje legal se cerró en menos de seis meses, pero lo que no existe en ningún artículo es la respuesta a la pregunta inevitable: si el Estado se adelgaza, ¿dónde van los que lo habitaban?
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
México tiene, según el INEGI, aproximadamente 5.87 millones de trabajadores en el sector público. Solo a nivel federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023 contabilizó un millón 620 mil 828 servidores públicos al cierre de 2022, es decir, 144 mil 350 más que en 2018. A nivel estatal, el mismo censo reportó dos millones 405 mil 272 personas, de las cuales el 56.35% son mujeres. Detrás de cada número hay una quincena, un crédito FOVISSSTE, una familia que construyó su vida sobre la certeza de la plaza pública y que en la mayoría de los casos no tiene alternativa comparable en el mercado privado de su región.
En Tamaulipas, con una población económicamente activa de un millón 706 mil 970 personas según la ENOE del tercer trimestre de 2025, el empleo público no es un segmento marginal: es el ancla de las ciudades del interior, el mecanismo que sostiene el consumo local en municipios donde la maquila no llega y la industria no creció al ritmo de Reynosa o Matamoros.
Los datos de la Cuenta Pública estatal muestran que en varios municipios del interior, Ciudad Victoria entre ellos, la nómina burocrática representa entre el 40% y el 50% del gasto corriente; es decir, la mitad del dinero que mueve la economía local pasa por el bolsillo de un servidor público antes de llegar al comercio, al mercado, a la escuela privada. Una trabajadora de base adscrita a una dependencia estatal en Ciudad Victoria, con 18 años de antigüedad y dos hijos en la universidad, resume lo que los datos no pueden: “Aquí no hay a dónde ir si esto se acaba, no hay empresa que te contrate con 45 años y sin experiencia fuera del gobierno.” Su nombre se omite por razones de seguridad laboral.
EFECTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN
El Índice de Burocracia 2025 de México Evalúa cuantifica por qué la presión sobre el aparato administrativo resulta insostenible: abrir una empresa mediana en México consume 675 horas entre registros y licencias; en operación, las organizaciones destinan 628 horas anuales adicionales al cumplimiento regulatorio: 373.6 en gestión laboral, 108.4 en trámites fiscales y 158.1 en administración operativa.
Son semanas enteras de trabajo que en otros países procesa un algoritmo en minutos; la pregunta ya no es si la tecnología puede hacer ese trabajo, sino qué hacer con las personas que siguen ocupando esas plazas porque tienen contratos y derechos que ningún decreto extingue de golpe.
La Organización Internacional del Trabajo advirtió en su informe Artificial Intelligence and Jobs (2025) que el 40% de las tareas actuales podrían automatizarse parcialmente en la próxima década, incluidas funciones de decisión que antes se consideraban exclusivas del criterio humano. Para México, el Banco Interamericano de Desarrollo calculó que 16 millones de empleos están altamente expuestos en un horizonte de un año.
La particularidad del país es que los trabajos administrativos formales de ingresos medios son más vulnerables que los informales, porque son más intensivos en tareas digitalizables. El trabajador informal que carga cajas no compite con un algoritmo; el capturista de datos en una dependencia municipal lleva años haciéndolo sin que nadie se lo haya dicho. Un estudio publicado en la Revista Finanzas y Política Económica en el primer semestre de 2025 encontró que una mayor probabilidad de automatización incrementa la informalidad y reduce salarios, con efectos más severos en ocupaciones de menor escolaridad.
El mecanismo es claro: cuando la tecnología entra por la puerta de la eficiencia gubernamental, la precarización sale por la del servidor público de base que lleva décadas haciendo lo que el sistema ahora declara prescindible, sin que nadie le haya ofrecido una ruta de salida digna.
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, vigente desde julio de 2025, convierte la digitalización en obligación constitucional: reducir más de 350 mil trámites, homologar procesos entre dependencias, instalar un repositorio de tecnología pública para que los gobiernos locales repliquen herramientas sin desarrollarlas desde cero.
La arquitectura normativa es sólida; lo que no aparece en ningún artículo ni transitorio es la respuesta a la pregunta de toda reforma de este tipo: ¿qué pasa con las personas cuyo trabajo desaparece cuando el trámite se digitaliza? En educación y salud la presión es simultánea: la tecnología abre cobertura y mejora diagnósticos, pero los sistemas automatizados ya procesan expedientes y administran citas que hace tres años requerían personal con sueldo y contrato colectivo.
La pregunta de cuántos docentes o trabajadores de salud pueden reconvertirse, y cuántos tienen condiciones materiales para hacerlo, no tiene respuesta institucional a la vista.
EL ALTO COSTO POLÍTICO Y SOCIAL
Reducir la burocracia implica una decisión política con costos distribuidos de forma desigual; en Tamaulipas, Reynosa concentra el 35.3% de los nuevos empleos formales mientras municipios como Mante registran apenas el 3.1%, según la STPS al cierre de 2025.
En ese contexto, la estructura burocrática cumple en las ciudades medianas y pequeñas la función que el mercado privado no puede asumir: no hay industria maquiladora en Ciudad Victoria ni polo tecnológico en González, Jiménez o Soto la Marina. México utilizó el empleo público durante décadas como mecanismo de estabilidad política: la base sindicalizada, la plaza de confianza y la basificación como moneda de cambio electoral construyeron una clase trabajadora cuya lealtad estaba vinculada directamente a la continuidad de su contrato con el Estado. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el apartado B del artículo 123 constitucional y las estructuras del SNTE y el ISSSTE están diseñadas para hacer costosa y lenta cualquier reducción de plantilla, por más justificada que sea desde la eficiencia.
Cambiar esa ecuación requiere un proyecto de reconversión laboral con escala y presupuesto específico, un proyecto que México no ha construido ni siquiera en borrador.
En Tamaulipas, aún no hay información oficial disponible sobre la transición laboral para servidores públicos en riesgo de desplazamiento tecnológico. El Foro Económico Mundial sitúa los puestos administrativos como los de mayor riesgo de desaparición entre 2025 y 2030: captura de datos con reducción estimada del 34%; cajeros bancarios, del 35%; empleados postales, del 40%. Traducidos a la nómina de cualquier gobierno estatal, esos porcentajes se convierten en número de familias, en matrículas que no se renovarían, en comercios de ciudad media que perderían su clientela principal.
DOS REALIDADES LABORALES
La entidad alcanzó en el tercer trimestre de 2025 una tasa de ocupación del 96.8%. Esta cifra abarca, sobre todo, el empleo manufacturero del corredor Reynosa-Matamoros, que depende de los aranceles que Washington decida en cualquier madrugada; y el empleo público del interior, que depende de la coyuntura política y del presupuesto federal.
En el corredor industrial, la automatización avanza desde hace años: líneas de ensamble donde operaban doscientas personas hoy funcionan con ochenta, con mayor productividad y sin marcha atrás.
En el aparato gubernamental, la presión llega por otro flanco: los protocolos que la Agencia de Transformación Digital estandariza eliminan la discrecionalidad humana en procesos donde antes esa capacidad de decidir qué documentos se aceptaban justificaba la plaza. Cuando el sistema responde sí o no automáticamente, ya no se necesita la ventanilla; el ahorro presupuestal es real, y el costo humano también lo es, aunque no aparezca en ninguna tabla de eficiencia.
LO QUE FALTA CONSTRUIR
Las habilidades en trabajos expuestos a la automatización están cambiando un 66% más rápido que en cualquier otro tipo de puesto laboral, según el Barómetro de PwC 2025, elaborado con mil millones de ofertas de empleo globales. La UNAM y la CEPAL calculan que más del 52% de las actividades productivas en México tienen alto riesgo de automatización, con la mayor concentración en el trabajador administrativo formal de ingresos medios.
La inversión privada en automatización en México crecerá de 32 mil millones de pesos en 2025 a más de 110 mil millones en 2028, un ritmo que no tiene cortesía política ni espera. Lo que ese ritmo exige, sin que ningún presupuesto lo haya contemplado, es una estrategia nacional de transición laboral que México aún no tiene. Otros países han intentado gestionar transiciones equivalentes con resultados mixtos pero con lecciones claras: España instrumentó fondos de reconversión sectorial con financiamiento europeo cuando automatizó procesos industriales; Chile creó programas de recapacitación con certificación oficial vinculados a sectores de demanda creciente.
Corea del Sur destinó presupuesto específico a servicios de cuidado como sector receptor de trabajadores desplazados; ninguno resolvió el problema de manera perfecta, pero todos partieron de un diagnóstico oficial que México todavía no ha publicado.
En julio de 2025, el secretario de Economía Marcelo Ebrard anunció el desarrollo de un modelo de lenguaje propio con respaldo de NVIDIA; lo que no se anunció junto con él es el programa para quienes esa tecnología desplazará. Los analfabetas del siglo XIX no eran irresponsables: nacieron en un sistema que no les enseñó a leer y los dejó fuera sin transición.
La responsabilidad indelegable del Estado es no repetir ese abandono con distinto nombre. Lo que ningún presupuesto ha contemplado es un programa de transición en tres vías: habilitación tecnológica con certificación oficial para los servidores que pueden migrar a nuevas funciones dentro del propio gobierno; retiro anticipado digno para quienes están en la recta final de su vida laboral y cuya reconversión costaría más que una jubilación ordenada; y reconversión hacia los servicios de cuidado, infancia vulnerable, adultos mayores, discapacidad, que en México tienen demanda estructural enorme y oferta laboral formal casi inexistente.
Ejecutar la digitalización del Estado sin ese acompañamiento no es modernización; es un traslado del costo social hacia las personas menos equipadas para absorberlo. La burocracia tamaulipeca no puede desaparecer de un presupuesto sin aparecer en otro renglón: el del desempleo, la informalidad, la migración interna hacia el corredor industrial o, en el contexto de vulnerabilidad estructural del noreste, la captación por economías paralelas que no piden credenciales ni ofrecen pensión, pero pagan puntual y no despiden por automatización.
Ese cálculo no figura en ningún índice de eficiencia, pero avanza, acumulándose municipio por municipio, esperando el momento en que la velocidad de la tecnología supere la capacidad del sistema político para diferir lo inevitable.
Esta vez el tiempo está del lado de la máquina, no del sello de la dependencia.
