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EXPRESO-LA RAZÓN
CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el sistema penitenciario de Tamaulipas hay capacidad para albergar a 6,093 personas en sus cinco centros estatales; actualmente solo se utiliza el 62 por ciento de ese espacio y con este nivel de ocupación, la entidad se ubica como la quinta con menor saturación carcelaria en el país, detrás de Colima, Campeche, Yucatán y Sinaloa.
El promedio nacional de ocupación en centros penitenciarios estatales es de 107 personas por cada cien espacios disponibles, según información del INEGI, con entidades como el Estado de México y Nayarit en los extremos del hacinamiento, ambas con 238.8 personas por cada cien espacios, mientras Tamaulipas opera con casi 2,300 celdas vacías en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Altamira y Ciudad Victoria.
El estado destina para operar las que sí tienen presos: 159.9 millones de pesos el último año, sexto presupuesto más bajo del país entre 32 entidades, por encima solo de Nayarit con 115 millones, Durango con 83.3, Guerrero con 57.5, Colima con 55.6 y Sinaloa, que gastó apenas 10.6 millones.
Las entidades con mayor inversión en el mismo ejercicio fiscal, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, asignaron entre 1,372 y 5,060 millones de pesos, cifras que hacen ver el presupuesto tamaulipeco como el de una administración municipal mediana, no el de un estado fronterizo con cinco centros activos.
Con ese financiamiento operan instalaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evaluó con 5.73 de calificación en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, señalando deficiencias en infraestructura, seguridad y servicios básicos.
Al año siguiente, ya bajo la administración de Américo Villarreal, la calificación cayó a 4.26, el peor registro histórico del estado en ese instrumento, que lo colocó en el último lugar del país.
DATOS DUROS: QUIÉNES ESTÁN ADENTRO
La baja ocupación alcanzó los niveles actuales la década pasada: entre 2012 y 2016, en los años más violentos del estado, cientos de internos de alta peligrosidad fueron trasladados a penales federales, vaciando los CEDES estatales sin que ninguna de las administraciones que lo hicieron construyera un espacio nuevo ni destinara recursos para modernizar los que quedaron.
Los que permanecen en los cinco centros suman 3,986 personas: 3,702 hombres y 240 mujeres. El 41.3 por ciento de los varones está recluido por delitos relacionados con portación de armas, el 8.3 por ciento por robo, el 4.8 por ciento por homicidio y el 4.5 por ciento por delitos contra la salud.
Entre las mujeres, los principales delitos son homicidio, robo y delitos contra la salud. De ese total, 2,485 personas ya tienen sentencia firme, 2,355 hombres y 130 mujeres, mientras 789 siguen en proceso sin resolución judicial, 724 hombres y 65 mujeres, en una entidad donde el propio gobierno no precisó ante el INEGI cuántas de esas personas están bajo prisión preventiva justificada, preventiva oficiosa u otro supuesto jurídico.
Esos 789 procesados acumulan largos días de encierro sin que el Estado haya determinado su responsabilidad, en un país donde el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria documentó aproximadamente 90,000 presos sin condena y estimó que la mitad llevaban más de cinco años bajo prisión preventiva, lo que el organismo calificó como violación sistémica del derecho a la libertad personal.
Veintiún mujeres viven con sus hijos menores de seis años dentro de los CEDES, sin que Tamaulipas cuente aún con un centro femenil independiente, situación señalada por la CNDH desde 2019 en la Recomendación 60/2019.
En abril de 2026 el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar capacitaciones y vinculación laboral dirigidas a las mujeres privadas de libertad en los cinco centros.
REINSERCIÓN: AVANCES SOBRE BASE FRÁGIL
Dentro de los centros, el programa de reinserción ofrece una cara diferente: en Reynosa operan talleres de carpintería, panadería, mecánica, pintura y artesanías; la cocina del centro produce 3,345 alimentos diarios.
Los muebles y artesanías elaborados por los internos se comercializan en el tianguis con lista de precios propia, donde un tocador tipo vanity alcanza los tres mil pesos.
En Altamira concluyeron en las últimas semanas ciclos de cursos de plomería, soldadura, cocina saludable, instalaciones eléctricas y confección de prendas, con entrega formal de constancias; el 8 de abril de 2026 arrancaron nuevas capacitaciones del ITACE en ese mismo centro.
En 2025 el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo llegó a 3,712 personas mediante 192 cursos en los cinco CEDES, más del doble que en 2024, cuando se capacitaron 1,757 personas, con una inversión que creció de 983,856 a un millón 128,842 pesos.
El incremento es real pero la escala sigue siendo modesta frente al tamaño del sistema. El gobierno presume el ascenso en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria: del lugar 32 con calificación de 4.26 en 2022, al lugar 19 con 6.03 en 2023, al lugar 15 con 6.55 en 2024, tres años de mejora sostenida medida desde el piso más bajo del país.
EL PENAL MÁS URGENTE: 18 AÑOS SIN TERMINAR
El edificio más urgente del sistema es el CEDES Victoria, que opera dentro de la mancha urbana de la capital con una capacidad para 896 personas y 819 internos al corte de enero de 2025, sin margen de expansión y con una arquitectura que no responde a los estándares que la Ley Nacional de Ejecución Penal exige desde 2016. El proyecto de sustitución lleva dieciocho años sin concretarse.
El nuevo CEDES, ubicado en la carretera a El Mante, contempla capacidad para cerca de mil internos, con una inversión base estimada de 3,400 millones de pesos que puede elevarse por encima de los 4,000 millones si se incorpora infraestructura para reos federales.
Al cierre de marzo de 2026 el proyecto ejecutivo registra un avance del 70 por ciento en diseño técnico, con la promesa de concluirlo en junio para iniciar construcción antes de que termine el año, en el mismo sexenio que lo reactivó después de catorce años de parálisis.
Lo que el sistema revela es una tensión estructural que ningún indicador de ocupación puede ocultar: sobra espacio físico, falta presupuesto real, los edificios envejecen sin renovación de fondo, el rezago judicial castiga a cientos de personas sin condena, y los programas de reinserción avanzan sobre una base que el propio estado, al rendir cuentas al INEGI, reconoce como insuficiente.
La cárcel semivacía no es señal de paz social sino la huella de un ciclo de violencia que Tamaulipas superó y de un sistema de justicia que todavía no termina de ponerse al corriente.
