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EXPRESO-LA RAZÓN
El 8 de abril de 2026, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció de manera sorpresiva que el gobierno federal analiza la posibilidad de explotar yacimientos de gas no convencional mediante técnicas de fractura hidráulica – conocidas como fracking -, con el propósito de reducir la dependencia del 75 por ciento de gas natural que México importa actualmente de Estados Unidos.
Buena parte de esta explotación se llevaría a cabo en el noreste del país, incluido el estado de Tamaulipas, por las cuencas de Burgos y TampicoMisantla. El anuncio representó un viraje respecto a la postura de la administración anterior, que había hecho del rechazo al fracking una bandera de su política energética.
En cuestión de horas, el debate se encendió en todos los frentes: la industria privada, la academia, las organizaciones ambientalistas y los especialistas en energía respondieron con posiciones encontradas.
México consume hoy alrededor de diez mil millones de pies cúbicos de gas natural al día. Tres cuartas partes de ese volumen provienen de importaciones desde Estados Unidos. La meta anunciada por la Secretaría de Energía y Pemex en el marco de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética es pasar de una producción nacional de gas natural de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 8 mil 310 millones para 2035, un incremento del 261 por ciento.
Para lograrlo, el país tendría que incursionar en las cuencas no convencionales: SabinasBurro-Picachos y Burgos, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como Tampico-Misantla, en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Pemex estima que esas formaciones contienen 141.5 billones de pies cúbicos de gas.
La técnica en cuestión consiste, en términos simplificados, en inyectar a presión agua, arena y compuestos químicos en formaciones de roca para generar microfracturas que permitan la salida del hidrocarburo atrapado. Las condiciones bajo las que esas fracturas se producen, los químicos utilizados y el manejo del agua residual son el núcleo del debate científico y regulatorio.
A FAVOR: SOBERANÍA, EMPLEO Y EXPERIENCIA PROBADA
La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), que agrupa a 23 empresas del sector, respaldó la estrategia del gobierno para fortalecer la soberanía energética a través del desarrollo del gas, aunque acompañó ese respaldo con condiciones: certidumbre de largo plazo, seguridad física y reglas claras para detonar inversión, tecnología y desarrollo operativo.
El organismo afirmó tener la capacidad técnica para complementar la estrategia energética del país. La experiencia internacional que los promotores del fracking suelen citar como referente es la revolución energética de Estados Unidos. Nick Steinsberger, ingeniero petrolero que participó en el desarrollo de la técnica para estimular yacimientos de shale en Texas, y el geólogo Kent Bowker sostuvieron que el efecto ambiental neto de esa revolución ha sido positivo: Estados Unidos redujo significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir carbón por gas natural en la generación de energía.
“Creemos que México tiene el potencial de convertirse también en un importante productor de gas y petróleo de shale, y, posiblemente, beneficiarse del mismo tipo de desarrollo que en Estados Unidos.”, han expresado Nick Steinsberger y Kent Bowker, ingenieros petroleros Steinsberger y Bowker destacan que se han perforado más de 400 mil pozos de shale en Estados Unidos, adyacentes a escuelas, aeropuertos y zonas residenciales, con incidentes ambientales que describen como menores.
Señalan que la formación del shale de Eagle Ford se extiende desde el sur de Texas hacia la cuenca Burgos, en México, y que esa continuidad geológica hace prometedores los yacimientos del noreste mexicano.
Desde el punto de vista de la soberanía, el argumento central del gobierno es sencillo: México no puede permitirse depender de un solo proveedor externo para el 75 por ciento de un insumo del que depende su generación eléctrica. La presidenta Sheinbaum lo formuló de manera directa: sería irresponsable no analizar alternativas ante una dependencia de esa magnitud, máxime en un entorno geopolítico de creciente incertidumbre sobre el suministro de gas licuado. La presidenta Sheinbaum fue explícita en diferenciar su propuesta del fracking convencional.
La postura oficial es que las nuevas técnicas —químicos biodegradables, reciclamiento del agua, uso de agua residual o salada en lugar de agua dulce— abren la posibilidad de explotar el gas no convencional con un impacto ambiental sustancialmente menor. Mencionó desarrollos recientes que permiten incluso inyectar el metano y CO2 generados para inducir las microfracturas, cerrando parte del ciclo de emisiones.
Para guiar esa decisión, el gobierno anunció la formación de un comité científico-técnico integrado por expertos del Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otras instituciones públicas.
Sheinbaum subrayó que el objetivo del comité es determinar qué tecnologías son viables, dónde sí podría aplicarse y dónde los impactos ambientales serían inaceptables, antes de adoptar ninguna decisión definitiva.
EN CONTRA: RIESGOS AMBIENTALES
La reactivación del fracking en México ha generado preocupación entre expertos y organizaciones civiles. Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, considera que el anuncio contradice la promesa de Sheinbaum y aumentaría las emisiones de metano, poniendo en riesgo las metas de reducción de gases de efecto invernadero.
La Alianza Mexicana contra el Fracking y 70 organizaciones civiles advierten que la soberanía energética no debe comprometer territorios y metas climáticas. N a h u m O r o c i o , d e l a U n i v e r s i d a d Iberoamericana, señala que el fracking implica el uso de compuestos químicos cuyos impactos no están plenamente documentados y pueden infiltrarse en acuíferos.
Ramses Pech, especialista en hidrocarburos, considera que el fracking en México llega tarde y no es viable en el corto plazo. Pemex no tiene la capacidad para perforar los pozos necesarios y la inversión requerida es alta. La dependencia de Estados Unidos para el suministro de gas natural y los riesgos de seguridad en la cuenca Burgos son otros factores que complican la implementación del fracking en México.
El modelo de contratos mixtos tampoco ofrece la flexibilidad necesaria para atraer a empresas con tecnología propia y logística integrada. Los expertos coinciden en que el fracking no es una solución viable para México, ya que implica riesgos ambientales, técnicos y financieros.
La decisión de reactivar el fracking debe considerar las consecuencias a largo plazo y priorizar la protección del medio ambiente y la salud de las comunidades afectadas. La falta de tecnología y recursos para implementar el fracking de manera segura y eficiente es un obstáculo significativo.
La reactivación del fracking también plantea interrogantes sobre la dependencia de México de Estados Unidos en materia de gas natural y la seguridad en la cuenca Burgos, donde opera el crimen organizado. En resumen, el fracking en México es un tema complejo que requiere una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios. “Es un anuncio que llega tarde, estamos casi 15 años atrás. Hoy dependemos mucho del gas natural que nos vende Estados Unidos, y hoy, con los cambios geopolíticos, nosotros nos ponemos a la merced de Estados Unidos.”, dijo Ramses Pech, consultor energético
A eso se suma, según Pech, el factor de seguridad: la cuenca Burgos —una de las principales áreas identificadas para el fracking— comprende algunas de las rutas más controladas por el crimen organizado en el noreste del país. Operar infraestructura de perforación en esas brechas en horarios nocturnos representa un riesgo que los operadores extranjeros dificultarían de aceptar.
El especialista concluye que el modelo de “contratos mixtos”, tal como han funcionado, tampoco ofrece la flexibilidad necesaria para atraer a empresas con tecnología propia y logística integrada.
