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EXPRESO-LA RAZÓN
La narcoviolencia, el arranque del huachicol fiscal con la reforma energética y la falta de tecnología, impidieron durante décadas el aprovechamiento de la Cuenca de Burgos, una de las reservas de gas más grandes del mundo, justo debajo del noreste de México, en el subsuelo de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Las reservas de gas shale en la región se ubican entre 545 y 681 billones de pies cúbicos, según estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, lo cual coloca a México en el top 10 mundial.
La mayor parte de esa riqueza duerme bajo la Cuenca de Burgos, la misma formación geológica que cruza hacia Texas y que ahí se conoce como Eagle Ford Shale, uno de los campos más productivos del planeta.
La riqueza siempre estuvo ahí pero se acumularon una cadena de obstáculos que ningún gobierno pudo desmantelar.
El primero y más brutal fue la inseguridad. Entre 2010 y 2014, cuando la narcoguerra convirtió el noreste en campo de batalla, las operaciones en Burgos quedaron en manos del crimen. Al menos dos trabajadores de Pemex fueron asesinados y 16 secuestrados en la zona.
Los grupos criminales bloquearon accesos, extorsionaron personal e infiltraron la propia estructura de la paraestatal. Un superintendente de Pemex que operó en esos años lo resumió sin rodeos: trabajar en Burgos era jugarse la vida.
El crimen mediante la intimidación controlaba el negocio. En 2012, Pemex presentó demandas ante cortes de Texas contra ConocoPhillips, Sunoco, Marathon Petroleum y filiales de Shell, acusándolas de comprar gas condensado a grupos criminales en la cuenca. Las inversiones se fueron y el proyecto quedó suspendido.
El segundo obstáculo fue ambiental e ideológico: los cuestionamientos al fracking —contaminación de acuíferos, consumo excesivo de agua, emisiones de metano, inestabilidad de suelos— alimentaron un debate que López Obrador convirtió en política de Estado, y la prohibición llegó por decreto.
Un tercer ingrediente fue la reforma energética de Peña Nieto, se abrió la puerta a la importación de gas barato de Texas y el mercado estadounidense inundó México de gas a precios mínimos, explotar Burgos perdió atractivo financiero. La dependencia se normalizó.
El cuarto fue técnico: Pemex nunca desarrolló la capacidad para operar yacimientos no convencionales a escala industrial. Los pozos perforados en Burgos fueron de carácter piloto, sin alcanzar producción comercial sostenida. Hoy la paraestatal no tiene tecnología ni personal especializado para hacerlo sola.
El resultado es una paradoja que define la política energética del país: México importa el 75 por ciento del gas que consume. Casi todo viene de Estados Unidos. Y bajo su propio suelo tiene reservas que podrían revertir esa dependencia.
Ese contexto es el que empuja ahora la decisión del gobierno federal de retomar Burgos y con ese sustento la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia que contempla la explotación de yacimientos no convencionales con nuevas tecnologías de menor impacto ambiental, la formación de un comité científico para validar la viabilidad, y la participación de empresas privadas mediante contratos mixtos, dado que Pemex no puede hacerlo solo.
