Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante los últimos ocho meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó al menos a quince empresas de Tamaulipas en el listado definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por ser consideradas factureras.
Las mayoría de estas razones sociales, operaban, al menos nominalmente, en giros directamente relacionados con el sector energético: comercialización de hidrocarburos, importación de combustibles no fósiles y venta de gasolina y diésel.
Ese patrón distingue al estado de otras entidades donde las llamadas EFOS —empresas que facturan operaciones simuladas— predominan en la construcción, la manufactura o los servicios profesionales.
De hecho, tres de las firmas publicadas por el SAT en Tamaulipas aparecen en documentos judiciales de un proceso federal en Texas vinculado al contrabando de más de cuatro mil cargamentos de crudo robado a Pemex.
Las quince empresas y personas físicas incluidas en el listado compartían, según la resolución del SAT, al menos una de las cuatro deficiencias materiales que el artículo 69-B establece como indicadores de simulación: ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y carencia de capacidad material para realizar las operaciones declaradas.
Ninguna de las empresas tamaulipecas publicadas en el período acreditó ante la autoridad fiscal la existencia real de los actos o actividades que ampararon con sus comprobantes.
EL VÍNCULO CON EL CASO JENSEN
Dos de las empresas incluidas en el listado de 2025 —Tramitadora Aduanal de Reynosa, S.A. de C.V. y Grupo Petrotamps, S.A. de C.V.— aparecen mencionadas en documentos del proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra la familia Jensen, empresarios acusados de traficar con combustible robado a Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con registros comerciales citados en ese proceso, la compañía Luxemborg Trading LLC, constituida en 2010 en Texas, realizó entre 2019 y 2025 casi dos mil seiscientos envíos desde México por un valor de 62.8 millones de dólares, en coordinación con empresas asentadas principalmente en Reynosa, Tamaulipas.
Entre esas firmas figuran Tramitadora Aduanal de Reynosa y Grupo Petrotamps, ambas clasificadas ese mismo año por el SAT como compañías que simulan operaciones.
Los documentos judiciales describen un esquema en el que agentes aduanales mexicanos habrían falsificado documentación para exportar petróleo crudo declarándolo bajo otras denominaciones —destilados de petróleo, aceite lubricante usado— con el propósito de eludir controles arancelarios y de origen. Las autoridades estadounidenses estiman el valor del combustible introducido de manera ilícita en 300 millones de dólares entre 2018 y 2025.
Un tercer caso con vínculos al sector hidrocarburos es el de Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, persona física domiciliada en Matamoros cuya actividad declarada ante el SAT era la venta en territorio nacional de gasolina y diésel. Investigaciones de la Fiscalía General de la República lo ubican en el entorno del denominado huachicol fiscal, modalidad que combina el robo físico de hidrocarburos con la emisión de facturas falsas para legitimar su comercialización.
EL PATRÓN DE DETECCIÓN
Desde la entrada en vigor del mecanismo del artículo 69-B —reformado en 2014—, el SAT ha acumulado más de 300 publicaciones en el Diario Oficial de la Federación con un universo superior a diez mil empresas incluidas en el listado definitivo a nivel nacional hasta el primer trimestre de 2025, de acuerdo con datos abiertos del organismo.
Un análisis de Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM sobre 834 empresas factureras con contratos públicos entre 2002 y 2022 establece que, en promedio, transcurren 8.1 años desde que una empresa se constituye hasta que el SAT la detecta e inhabilita, y que el 99 por ciento de las firmas identificadas no había sido detectado cuando el gobierno las contrató por primera vez. Esos datos confirman que la detección fiscal opera como auditoría retrospectiva, no como mecanismo preventivo.
El SAT reconoció, en respuesta a solicitudes de información, que entre 2014 y 2023 realizó cero visitas de verificación en campo a los domicilios de contribuyentes que calificaban bajo los supuestos del artículo 69-B, lo que significa que la detección se basó en cruces de bases de datos y no en comprobación física de la actividad declarada.
La franja fronteriza concentra la mayor densidad de registros en el listado 69-B para Tamaulipas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira, donde el volumen de operaciones aduaneras complica la vigilancia detallada de cada transacción.
La franja fronteriza concentra la mayor densidad de registros en el listado para Tamaulipas. De las once empresas publicadas en 2025, seis tienen domicilio fiscal en Reynosa, dos en Tampico y una en cada uno de los siguientes municipios: Río Bravo, Matamoros, Altamira, Ciudad Madero y Victoria. El perfil predominante combina giros que no requieren infraestructura física verificable —comercializadoras, agencias aduanales, servicios profesionales— con actividades del sector energético que implican movimientos de grandes volúmenes de efectivo.
COSTOS FISCALES Y TENDENCIA 2025-2026
En Tamaulipas, durante 2024 se iniciaron más de 50 investigaciones relacionadas con huachicol fiscal, modalidad que el SAT describe como vinculada a empresas fachada y redes de prestanombres que operan desde instalaciones ubicadas en polígonos industriales del estado. En Matamoros, el puente Los Indios-Lucio Blanco fue documentado en noviembre de 2025 como punto de ingreso diario de hasta cien pipas con documentación falsa, con pérdidas estimadas para el fisco de hasta 60 millones de pesos por jornada.
La recaudación derivada de actos de fiscalización alcanzó 162 mil 807 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2024, un incremento de 38.3 por ciento en términos reales respecto al mismo período de 2023, impulsado en parte por el combate a redes de facturación simulada. En 2025, la recaudación tributaria total fue de seis billones 45 mil millones de pesos, con 487 mil millones adicionales respecto al año anterior, cifra que el gobierno federal atribuyó parcialmente al combate a factureras y a la fiscalización reforzada en aduanas.
Para 2026, el SAT habilitó criterios de auditoría que concentran la fiscalización en tres perfiles: contribuyentes que operaron con EFOS, los que declararon pérdidas recurrentes sin justificación económica y los que simularon deducciones. Los contribuyentes que operaron de buena fe con proveedores que resultaron ser factureras tienen la posibilidad de acreditar la materialidad de sus operaciones mediante contratos, entregables y registros de pago, aunque la carga de la prueba recae en el receptor y no en la autoridad.
Las empresas incorporadas al listado durante el 2025 presentan un perfil concentrado en Reynosa y en actividades de intermediación comercial. Consorcio de Comercio Internacional Rex, S. de R.L. de C.V. (RFC: CCI1207137I0) operaba bajo el giro de intermediarios de comercio al por mayor; Comercializadora Interamericana de Anzaldúas, S.A. de C.V. (RFC: CIA160919AF9) declaraba venta al por mayor por comisión y consignación. Ambas firmas tienen domicilio en Reynosa y fueron incluidas en el listado por ausencia de activos, ausencia de personal y falta de capacidad material para respaldar las operaciones facturadas.
La tercera empresa del período, Fixe Soluciones Corporativas, S. de R.L. de C.V. (RFC: FSC180731LJ7), también radicada en Reynosa, declaraba actividades de contabilidad, auditoría, consultoría en administración y servicios jurídicos —giros que, por su naturaleza intangible, dificultan la verificación de la materialidad de las operaciones—. La cuarta entidad es la persona física María de los Ángeles Castillo Lara (RFC: CALA7108015S0), con domicilio en Tampico, registrada en el comercio al por mayor de desechos metálicos. En los cuatro casos, el SAT determinó ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y carencia de capacidad material.
MÁS CASOS
La publicación de 2025 amplió a once el número de contribuyentes tamaulipecas incorporados al listado en ese año. Seis de las once empresas o personas físicas tienen domicilio fiscal en Reynosa. El primer grupo corresponde a giros ajenos al sector energético: Jesús Barrera de la Cruz (RFC: BACJ710416LL0), de Río Bravo, declaraba autotransporte local de materiales y residuos peligrosos; Olga Hazel Barrundia Aguiar (RFC: BAAO870807F40), de Tampico, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo; Equipo y Maquinaria Reynosa, S.A. de C.V. (RFC: EMR180820MJ2), de Reynosa, comercio al por mayor de maquinaria y equipo de uso general. Los tres fueron incluidos por las mismas cuatro causales de inexistencia material.
Un segundo grupo concentra los registros con mayor relevancia investigativa. Roberto Zurita Palacios (RFC: ZUPR890310PQ0), domiciliado en Reynosa, declaraba importación de combustibles no fósiles ante el SAT, actividad directamente vinculada al mercado de hidrocarburos. Leonel Guadalupe Jiménez Pérez (RFC: JIPL8811147Q6), de Matamoros, registraba venta en territorio nacional de gasolina y diésel; investigaciones de la Fiscalía General de la República lo ubican en el entorno del huachicol fiscal. Grupo Petrotamps, S.A. de C.V. (RFC: GPE170222NZ7) y Tramitadora Aduanal de Reynosa, S.A. de C.V. (RFC: TAR150828L32), ambas con domicilio en Reynosa y giro de comercialización de hidrocarburos, figuran en documentos judiciales del proceso federal contra la familia Jensen en Texas.
El listado de 2025 incluye además a DL Services and Maintenance, S. de R.L. de C.V. (RFC: DSM180813P99), de Altamira, en el comercio de desechos metálicos; Alan Yudiche Contreras (RFC: UCA870221IF1), de Tampico, en construcción de obras civiles, marítimas y de ingeniería; Giovanni Islas Muñoz (RFC: IAMG900125MU0), de Ciudad Madero, en manejo de desechos no peligrosos y remediación ambiental; y Daniel Navarro Romero (RFC: NARD800806132), de Victoria, en construcción de obras de urbanización. Ninguno de los once contribuyentes publicados en 2025 acreditó ante el SAT los elementos materiales que sustentaran las operaciones amparadas con sus comprobantes fiscales.
