Por. Pedro Alfonso García Rodríguez
Una de las premisas en la vida de cualquier aristócrata tamaulipeco (y fronterizo) es la aspiración de dar a sus hijos la nacionalidad estadounidense por nacimiento en cualquier hospital de la Unión Americana.
Si las circunstancias de la vida o las pocas posibilidades económicas no lo permitieron, como consuelo desde la etapa temprana de la vida una de las grandes ‘herencias’ aspiracionales es, al menos, tramitar la visa estadounidense.
Su importancia por la cercanía con el país vecino y la posibilidad en el futuro de perseguir el sueño americano ante cualquier circunstancia la convierten de facto en un documento imprescindible.
En la era Trump de Estados Unidos, con la constante persecución de inmigrantes, se ha convertido en un documento exclusivo ante las dificultades impuestas por las autoridades migratorias para su trámite.
Y en el caso de la élite política tamaulipeca, al menos en quien aspire a un puesto de elección en el próximo proceso electoral, probablemente sea considerado también un documento de ‘criba’, aunque no sea de origen mexicano.
La depuración política en México emprendida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y alimentada por la administración de Trump se mantiene (y aumenta) como una hibridación entre la persecución de funcionarios (y aspirantes) vinculados al narcotráfico y al tráfico de combustible fiscal (huachicol).
Si bien el entramado del narcotráfico se acentuó durante el salinato y detonó con el calderonato, al agregado en la agenda estadounidense por erradicar el tráfico de la droga se suma el intento del gobierno federal por frenar las relaciones de intereses sustentadas en el ‘huachicol fiscal’ que llegaron a su esplendor durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso tamaulipeco, y en prácticamente toda la frontera mexicana con Estados Unidos, sería muy ingenuo hacer una diferencia notable entre el narcotráfico y el tráfico de huachicol si comparten las mismas rutas desde las aduanas del estado con Texas. Mismos trayectos, mismos destinos, mismos grupos delictivos (cualquiera que sea el cártel).
Las rutas del narcotráfico tuvieron una disputa sangrienta en la segunda década de este siglo y, además de los estupefacientes, sumaron el contrabando de mercancías, el tráfico de personas y de prácticamente cualquier producto; al final, más que narcotráfico, terminaron como rutas comerciales informales y (al menos en teoría) al margen del Estado.
Sus principales puntos alimentaron la prosperidad de grupos y personajes emergentes en las áreas rurales y urbanas, y bastó poco más de una década para la formación de una nueva élite paralela a las vigentes o en una constante simbiosis que prevalece en la actualidad.
Y casualmente, desde el salto político que dio el estado con la caída del priismo octogenario, a partir del cabecismo, la línea entre lo legal y lo ilegal prácticamente desapareció, se difuminó.
Las actividades ilícitas siempre existieron, siempre las persiguieron los gobiernos, pero nunca se había dado una hibridación tan natural entre el ‘bien y el mal’ como en la actualidad.
Durante la campaña por la gubernatura y en los albores de su gestión, grupos y personajes relacionados con la delincuencia organizada sanguinaria que constantemente aparecía en la prensa nacional al referirse al estado apoyaron abiertamente a quien después sería su verdugo.
Y hasta la fecha, en sus delirios de ser el ‘Eliot Ness’ Tex-Mex, no queda claro si la estrategia para reducir la inseguridad del estado consistió en tener el garrote más grande o en ser el jefe de todos los dueños de los garrotes.
Al final la inseguridad se redujo, con todo y excesos, pero los delincuentes de cuello blanco sobrevivieron y emprendieron aspiraciones políticas principalmente por los colores del PAN y, evidentemente, con los de Morena.
En la frontera tamaulipeca prácticamente todos los grupos políticos que ‘merodean’ a los partidos políticos mantienen entre sus filas, en sus redes de intereses o fuentes de ingresos, la influencia de la delincuencia organizada, ya sea la del narcotráfico o la del huachicol.
Una región en la que se tomó como hábito institucional, probablemente por su cercanía con Estados Unidos, el arreglo de cualquier situación y circunstancia mediante el flujo de activos.
Y la economía emergente desde la ilegalidad, sin la presión de las autoridades fiscalizadoras, mediante el uso de la fuerza o la extorsión y con el constante flujo de dinero, en la actualidad les permite con facilidad influir, decidir e imponer en un proceso electoral. Desde la selección de candidatos o el triunfo de un partido determinado.
Al igual que mantener áreas de cacicazgo y nepotismo o la facilidad de imponer a cualquier candidato a modo, cualquiera que sea el partido, aunque siempre cuentan con los recursos suficientes para ganar la subasta que realizan desde la Ciudad de México los partidos políticos.
Parte de la accidentada transición política en la primera década de democracia en el estado se debe a las constantes fricciones entre todos esos grupos económico-políticos, generalmente emanados desde la ilegalidad (o en contubernio con los ‘legales’), que propiciaron un periodo de inestabilidad desde el inicio de la desgracia cabecista y que culminó justamente en 2025 con la elección del Poder Judicial.
Terminó el triunvirato fraternal de los Cabeza de Vaca, cortaron sus tentáculos de las instituciones del poder y se dio una renovación del Poder Judicial que terminó a modo para el gobierno del doctor Américo Villarreal.
El voto de confianza otorgado por la ciudadanía representa un área de oportunidad para mantener a raya también los afanes de esas redes de intereses que intentan desde ya imponer candidaturas a modo.
Como se aprecia aún en la geografía política tamaulipeca.
La cacería de Trump contra el narcotráfico y la de la Presidencia contra el huachicoleo podrían ser el punto de partida para una depuración de cuadros que en el primer filtro tienen inhabilitados sus documentos migratorios en Estados Unidos e incluso son requeridos por sus autoridades.
Y en los últimos meses, en las actividades proselitistas de políticos tamaulipecos, es apreciable la negativa de muchos de ellos por realizar eventos con las autoridades estadounidenses por limitaciones de origen.
En algunos de los casos son investigados o requeridos por ambas causas, por autoridades mexicanas y estadounidenses.
E incluso sus aspiraciones a puestos como el Congreso les permitirían el blindaje del fuero.
Al próximo proceso electoral, lo que alentaría a los partidos políticos sería una urgente depuración de sus cuadros; como principio máximo para el electorado tamaulipeco consiste en seleccionar al ‘menos peor’.
@pedroalfonso88
