Por. Daniela Plata Flores
En un país como México, ejercer el periodismo representa una actividad de alto riesgo. La ONU documentó el asesinato de 89 periodistas entre 2015 y 2025, lo que posiciona a México consistentemente como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de esta profesión.
Y además de enfrentar las amenazas del poder y de la delincuencia organizada, ahora desde el Congreso de Tamaulipas intentan cooptar la libertad de expresión.
La iniciativa presentada por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo propone crear un “Colegio de Periodistas” con facultades para emitir “recomendaciones éticas” y “extrañamientos públicos” a periodistas. No nació del gremio, no hubo consulta abierta, llegó directamente desde el poder legislativo —elaborada sin las voces de quienes serían realmente afectados de ser aprobada.
No involucrar al gremio en una decisión tan importante revela mucho sobre la naturaleza real de esta propuesta. Y resulta especialmente llamativo que provenga de una legisladora que, según ella misma, dedicó décadas al medio: eso no la exime de la crítica, al contrario, hace más difícil creer que desconozca lo que significa someter el periodismo al escrutinio institucional del poder.
Hay además un ángulo que se ha pasado por alto: el género. Las mujeres periodistas en Tamaulipas enfrentan formas de violencia que sus colegas hombres no padecen de la misma manera.
Las campañas de desprestigio, el acoso digital, la deslegitimación de su trabajo y la presión para abandonar coberturas incómodas son parte de un patrón documentado. Una figura como el “Colegio de Periodistas” con poder sancionador añadiría un mecanismo más de presión sobre las periodistas más expuestas.
La libertad de expresión no debería estar sujeta a la votación de personas ajenas a la labor periodística. Es una ofensa al gremio y una señal de cómo se pretende administrar la información a conveniencia de intereses políticos.
Esta iniciativa no debería haber llegado siquiera al pleno.
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