Por: Mtro. Jorge Torres Garza
Aprobada, pero no vigente: cuando el consenso no alcanza para cambiar la realidad
Hace 42 días, Tamaulipas aprobó una ley de salud mental.
Hoy, esa ley no existe.
30 votos a favor.
Cero en contra.
Un consenso poco común. Pero incluso entonces hubo señales: abstenciones, cautelas y silencios que hoy empiezan a cobrar sentido.
Porque en política, lo que no se publica… no existe.
El argumento institucional es conocido: proceso, revisión, coordinación.
Y es válido.
Pero el tiempo también es una decisión.
Porque mientras los documentos avanzan en ruta administrativa, la realidad no espera.
La Organización Mundial de la Salud estima que la ansiedad y la depresión generan pérdidas cercanas a un billón de dólares anuales en productividad global.
No es solo un tema de salud.
Es un tema de desarrollo.
Y hay un dato que lo resume todo: por cada dólar invertido en salud mental, el retorno puede ser de entre cuatro y cinco dólares.
Dicho de forma sencilla: por cada 100 dólares invertidos, la sociedad puede recibir entre 400 y 500 en beneficios.
Es de las pocas inversiones públicas que no solo se pagan solas… también generan valor.
Esto ya no es solo un diagnóstico técnico.
Es una percepción social.
Según Ipsos, la salud mental es hoy la principal preocupación sanitaria a nivel mundial, por encima del cáncer y la obesidad.
Y sin embargo, el presupuesto cuenta otra historia.
En México, menos del 2% del gasto en salud se destina a salud mental. Y para 2026, ese porcentaje podría ser incluso menor, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Mientras la preocupación crece… la inversión no.
El rezago no es solo presupuestal.
También es estructural.
Hoy, solo 17 de los 32 estados cuentan con una ley de salud mental. Y en ninguno de los casos se cumplen plenamente los estándares internacionales.
Es decir: no basta con legislar.
Hay que hacerlo realidad.
En ese contexto, Tamaulipas dio un paso importante.
Pero hoy enfrenta su prueba más relevante: convertir ese acuerdo en acción.
Porque una ley detenida también es una forma de abandono.
México cuenta con apenas 0.4 psiquiatras y 1.5 psicólogos por cada 100 mil habitantes.
Más que cifras, es una señal clara: la atención llega tarde… o no llega.
Hace apenas unos días, un episodio de violencia en Teotihuacán volvió a recordar una realidad que muchas veces ignoramos: muchas crisis no comienzan en el momento del estallido, sino mucho antes.
La salud mental también es prevención.
También es seguridad.
Porque la salud mental no es solo un tema de salud.
Es educación.
Es trabajo.
Es economía.
Es estabilidad social.
También es una oportunidad.
Sí Tamaulipas decidiera fortalecer la inversión en salud mental, el impacto no sería únicamente sanitario.
Bajo estimaciones globales, este tipo de inversión puede multiplicar varias veces su valor, generando beneficios en productividad, bienestar y reducción de costos sociales.
Menos ausentismo.
Menos abandono escolar.
Menos presión sobre hospitales.
Menos violencia asociada a crisis no atendidas.
Invertir en salud mental no solo mejora vidas… también genera retornos tangibles para la sociedad.
Hoy, además, existen herramientas que hace unos años no estaban disponibles.
La tecnología y la inteligencia artificial están comenzando a transformar la forma en que se aborda la salud mental: detectar señales tempranas, ampliar el acceso y acercar acompañamiento oportuno incluso antes de una crisis.
En un entorno donde los especialistas son limitados, estas soluciones no sustituyen la atención profesional, pero sí pueden ampliar significativamente su alcance.
La oportunidad es clara: pasar de reaccionar ante la crisis… a anticiparla.
La conversación ya no es si estamos de acuerdo.
Eso quedó claro con la votación.
La pregunta es otra:
¿qué estamos esperando?
Porque el bienestar no puede depender de los tiempos administrativos.
Porque el papel puede esperar.
La gente no.
Porque una ley en pausa… también deja vidas en pausa.
Lo que no se publica, no protege.
Y lo que se implementa… transforma.
