La reforma propuesta desde el Congreso del estado, a la par de la iniciativa presidencial, marca un parteaguas en la forma de hacer política en el estado desde la alternancia en 2016.
En la última etapa del régimen priista, los liderazgos regionales eran generalmente concentrados mediante gremios como la CTM, la CNOP o la CNC.
Las estructuras del partido daban vida, voz y voto a los sectores populares, y espacios de poder a sus liderazgos, para lograr el perfecto equilibrio entre el capital humano a disposición en la operación política y los liderazgos para agregar organización e inyección de capitales.
La naturaleza de origen, derivada de la Revolución mexicana, de caudillismos y cacicazgos, fue una de las principales razones para cooptar a todos los sectores de la población desde el partido y no desde sus liderazgos. Una medida aplicada en todo el país y, en una etapa final, en los estados que sobrevivieron a la alternancia del poder y que continuaron con el régimen priista, como Tamaulipas.
El punto de quiebre para destruir ese sistema inició con las crisis económicas de los setenta y ochenta, y fue aniquilado con la implementación del modelo neoliberal y su estocada final tras el error de diciembre. Cayó el régimen de partido y todas las estructuras del estado que lo apoyaban. Cayó el flujo de dinero y cayeron los liderazgos del partido, pero no los de los grupos económicos. Y la degradación del gremio se dio a la par del ascenso del crimen organizado; surgieron nuevas estructuras de poder, al margen del mismo Estado.
La simbiosis fue perfecta: grupos de poder libres y fortalecidos, otros destruidos y cooptados por la delincuencia organizada, todos al final entrelazados, fueron forjando liderazgos regionales, acentuados tras la crisis de inseguridad. Regiones completas quedaron sin operación ni control político, salvo el arrebatado por la delincuencia organizada o las áreas controladas por las autoridades federales. Y un hibridaje más: grupos empresariales de claroscuros en las ciudades o las denominadas autodefensas en las zonas rurales.
Todos aterrizados a las realidades estatales y municipales. Como sucedió en Tamaulipas, uno de los estados más devastados en la línea del tiempo por la crisis de inseguridad.
Las reacciones tardías en la vida política de Tamaulipas acoplaron una alternancia política una década y media después, ya cuando en el país estaba por iniciar otra. En un breve lapso de seis años, el salto de los liderazgos regionales del panismo al morenismo propició en gran medida la crisis política que acentuó el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero que ya estaba presente desde el derrumbe priista, y que el fenómeno AMLO y su 4T pudo absorber rápidamente.
Fueron seis años en los que solo hubo impulso, desde el gobierno estatal o de la Federación, en la vida política del estado, que excluyó a todos los grupos leales a los exgobernadores.
La 4T agregó, como pizca de sal, que revivieran —o al menos dieran señales de vida— y sostuvieran alianzas con partidos de oposición, con grupos morenistas o con la periferia partidista de sus aliados, el PVEM y el PT, además de MC. Pero esos grupos de poder, aún presentes y fuertes, pero en la incertidumbre, lograron enquistarse en regiones o ciudades específicas del estado, y parecía que todo continuaría bajo la misma dinámica, pese al control político que ahora ostenta el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya.
Pero en la política global actual no hay absolutos, y la embestida orquestada desde Palacio Nacional al obradorismo, y la persecución morenista emprendida por el gobierno de Donald Trump desde Estados Unidos, cambió por completo el panorama. Y si existía resistencia parlamentaria para las iniciativas de la presidenta, poco a poco van avanzando, y el gran remedio para sanear la política mexicana actual pareciera nada más y nada menos que acelerar la movilidad política y dar por terminados las reelecciones y el nepotismo. Y en Tamaulipas, en prácticamente todo su territorio, esa parecía una constante.
La Zona Conurbada y la red de negocios lícitos e ilícitos en torno a los hidrocarburos; en la frontera, los clanes familiares en una hibridación entre viejos liderazgos priistas, la colusión de la delincuencia organizada y todo lo concerniente al control de las aduanas. La zona centro del estado, ocupada por una agrupación armada, y una capital que no ha logrado el orden político tras la catástrofe priista, y la fragilidad de los grupos emergentes del panismo y de Morena, en su mayoría provenientes del priismo.
La zona cañera, controlada por un clan familiar que mantiene el lujo de manifestar simpatías desde el panismo a otros grupos políticos, siempre perpetuos en los cargos públicos. Y una zona rural que mantiene una volatilidad política desde que la crisis de inseguridad les arrebató el orden público, al parecer jamás superado. Los excesos en su concentración de poder, por el conflicto entre el cabecismo y Palacio Nacional, los heredó el gobierno en turno, y la herencia obradorista en las estructuras del poder federal les dio independencia. Hasta este momento, entre cacerías de huachicoleros y de narcopolíticos, además del desprecio a todo el obradorismo —hasta ahora solo excluido el mismo expresidente—, en Tamaulipas se mantiene en la zozobra política a la mayoría de las y los “candidateables” para la sucesión, por todos los focos rojos prendidos entre las disputas políticas internas y la presión estadounidense. La medida tomada en Tamaulipas pareciera dar un golpe directo al desmoronamiento de todas esas estructuras, con el fin al nepotismo. Y la posibilidad (ojalá) de que frenen también las ambiciones de todos los que intenten reelegirse sería una medida saludable. Y sería el fin de una era poco prometedora en un estado que saltó de la catástrofe de un partido al autoritarismo cabecista, y después a los principados regionales.
El mejor ensayo será la elección de 2027, que demostrará la prudencia desde el poder o la obstinación a las viejas prácticas políticas.
Por lo pronto, da por culminada una era que demostró los alcances, desde el poder municipal a la perpetuidad, con la capacidad de posicionar a una sola persona o clan familiar en la sucesión, con todos los recursos a disposición. Entre tantas desgracias políticas actuales y el riesgo latente de un posible intervencionismo, existe aún la esperanza democrática. Aunque falta revertir todo el entramado obradorista que destruyó los organismos autónomos y le arrebató espacios del Estado a la ciudadanía.
