Nora Marianela García Rodríguez
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el sur de Ciudad Victoria, en fraccionamientos como Lomas de Guadalupe, El Palmar o Huertas San Javier, el pavimento se deshizo hasta parecer terracería, las banquetas se abrieron y varias casas llevan años sin ocupante, mientras a unos kilómetros, en el centro de la capital, más de 350 edificios se sostienen apenas, con ventanas rotas y techos vencidos, sin presupuesto asignado para rescatarlos ni proyecto en puerta.
Ese contraste, casas nuevas que se degradan y casas viejas que nadie toca, dejó de ser una queja vecinal para convertirse en un dato duro de la política de vivienda en el estado, con nombres, cifras y responsables que se pueden rastrear.
El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI contó en Tamaulipas 1 millón 336 mil 491 viviendas, de las cuales solo 1 millón 69 mil 121 estaban habitadas, de modo que 211 mil 137 unidades aparecieron como deshabitadas, una cifra que multiplica por veinte las estimaciones que el propio sector manejaba una década atrás.
Los dos registros no miden lo mismo: no toda vivienda deshabitada es una casa del Infonavit abandonada, ni toda casa abandonada está invadida, ya que el dato censal mide ausencia de residentes, en cambio el padrón del instituto contabiliza créditos con problemas, y las dos cifras describen fenómenos distintos.
Ese padrón aporta la medición más específica, pues en el censo que el Infonavit y la Secretaría de Bienestar levantan desde 2024 Tamaulipas aparece en segundo lugar nacional con 81 mil 749 viviendas con alguna irregularidad, por abandono, invasión, vandalismo o adeudo, solo detrás del Estado de México, que suma 113 mil 56, y por delante de Nuevo León, con 71 mil.
De las 6 mil 774 casas ya visitadas en la entidad hasta mediados de 2025, 6 mil 335 estaban habitadas, 367 desocupadas y 72 vandalizadas, un adelanto de lo que las brigadas encontrarán cuando terminen de recorrer el resto del universo tamaulipeco.
El fenómeno tampoco es nuevo, lo que cambió fue su tamaño; en 2016 el propio Infonavit reconocía unas 10 mil casas abandonadas en Tamaulipas, con el 30 % concentrado en Reynosa, y una cartera vencida cercana al 10 %, es decir, uno de cada diez créditos sin pagar.
Para 2020 la delegación estatal ya hablaba de 67 mil viviendas abandonadas, y el censo posterior elevó la escala a las cifras actuales, de modo que en menos de una década el problema se multiplicó varias veces sin que el esquema que lo producía se detuviera.
Las causas se repiten en cada corte oficial: desempleo, inseguridad, distancia entre la casa y el trabajo, mala calidad de la construcción y créditos que terminaron costando más que el valor real del inmueble.
Esa combinación vació primero las ciudades fronterizas, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, que concentran el grueso de las 211 mil unidades censales, con 48 mil, 29 mil y 19 mil viviendas deshabitadas respectivamente, y después alcanzó a la franja capital, donde Victoria y Altamira encabezan la segunda línea del deterioro.
El propio INEGI reconoció al presentar los resultados que el censo no captura los motivos del abandono, aunque señaló que puede tener relación con los altos niveles de percepción de inseguridad, una lectura que el mapa fronterizo respalda casa por casa.
EL INVENTARIO DEL ABANDONO
La magnitud se explica también por el peso del Infonavit en la entidad, ya que desde su creación en 1972 el instituto ha colocado más de 602 mil créditos en Tamaulipas, que hoy cuenta con cerca de 150 mil derechohabientes activos, y solo en 2022 la entidad ocupó el sexto lugar nacional en colocación, con 19 mil 961 préstamos formalizados.
Cada uno de esos créditos levantó una casa, y una parte de esas casas es justamente la que hoy engrosa el inventario del abandono, de modo que la misma máquina que da vivienda produce, por su propio ritmo, la vivienda vacía.
La exposición de Tamaulipas se explica en el modelo federal de vivienda: a partir de 2013 la política nacional dejó de financiar la construcción masiva en la periferia y viró hacia otro esquema, un giro que precipitó la caída de las grandes desarrolladoras que habían levantado esos fraccionamientos en serie.
Geo y Homex entraron en concurso mercantil, la quiebra definitiva de Homex se declaró a inicios de 2025 y Urbi salió de la bolsa, de manera que las empresas que fabricaron esa vivienda por decenas de miles desaparecieron del mercado dejando atrás conjuntos enteros lejos de servicios, transporte y empleo.
La casa de interés social se ofreció como patrimonio y llegó, en miles de casos, como pasivo, una deuda amarrada a un inmueble que perdía valor más rápido de lo que se pagaba.
Ahí opera la contradicción de fondo: la norma prometía un techo digno y un patrimonio que asegurara a la familia trabajadora, no obstante la realidad entregó vivienda mal ubicada, sin drenaje suficiente ni alumbrado, que al vaciarse se degradaba en meses.
Una casa vacía no permanece neutral, se deteriora, atrae vandalismo, y en no pocos casos termina ocupada por familias sin techo o, en el peor escenario, por grupos que la venden o la rentan sin ningún derecho.
EL OCUPAMIENTO IRREGULAR
El registro nacional lo confirma: de las 168 mil viviendas ya visitadas en el país, 145 mil estaban ocupadas de forma irregular, indicio de que el hueco del abandono se llena solo cuando la institución se retira del territorio.
El daño económico tampoco se detiene en la puerta de cada casa: una vivienda vacía arrastra al conjunto entero, baja la plusvalía de las que siguen habitadas, encarece la seguridad y obliga al municipio a seguir pagando alumbrado, agua y recolección en calles a medio poblar, de modo que el vecino que sí se quedó termina subsidiando el abandono del que se fue.
Para el trabajador el golpe es doble, porque quien dejó la casa por perder el empleo en la maquila o por mudarse cerca de su nuevo trabajo cargó durante años con un crédito por un inmueble que ya no ocupaba y que perdía valor cada mes, de ahí que esa deuda lo persiguiera incluso después de cerrar la puerta, hasta que el congelamiento de cartera de finales de 2024 empezó a ofrecer una salida a más de 4 millones de casos en el país.
En Ciudad Victoria el problema tiene su propia letra chica: la Secretaría de Obras Públicas municipal reconoció que cerca del 60 % de las pavimentaciones de la ciudad están dañadas, y explicó que en varios fraccionamientos el Ayuntamiento no puede intervenir porque los desarrolladores nunca registraron correctamente las obras.
Colonias como Lomas de Guadalupe o el reciente Viento Huasteco quedaron atrapadas entre un constructor que ya cobró y una autoridad sin facultad legal para entrar.
A ese pasivo heredado se suma la presión del suelo irregular, con la venta de terrenos «campestres» sin permisos que el Ayuntamiento suspendió en sectores como Altos de Caballero y la zona de la Normal Superior, un negocio que subdivide tierra barata y la revende cara, cargando el riesgo legal al comprador.
El otro extremo del abandono está en el centro, donde más de 350 edificios permanecen en ruinas, algunos con valor patrimonial, sin presupuesto de restauración ni proyecto anunciado, expuestos a incendios, vandalismo y colapso; el vacío no distingue entre la casa nueva de la periferia y la casona vieja del primer cuadro, porque en ambas el resultado es el mismo, patrimonio que se cae por falta de quien responda.
Frente a ese cuadro, la respuesta institucional se movió en dos niveles; en el estatal, Protección Civil y la Mesa de Ordenamiento Territorial frenaron proyectos habitacionales sobre ductos de hidrocarburos, líneas de alta tensión y cauces naturales, mientras el Atlas de Riesgo, sin revisión durante 17 años, alcanzó en mayo un avance de actualización del 70 % a cargo de la UAT, con término estimado hacia agosto y nuevas zonas inundables ya detectadas por vivienda construida cerca de ríos y lagunas.
En el federal, el Infonavit lanzó la Regeneración Comunitaria y Aliados por la Vivienda para rehabilitar casas y regularizar su ocupación, con la meta de devolverlas al mercado, junto con las Zonas de Consolidación Urbana, que obligan a que toda vivienda nueva cuente con transporte, drenaje, escuela y salud antes de construirse.
A ese frente se agrega el programa Vivienda del Bienestar, que fijó en 630 mil pesos el precio máximo de la casa y contempla alrededor de 43 mil créditos para Tamaulipas en el ciclo actual, con la promesa expresa de no repetir la periferia sin servicios que dejó vacíos los fraccionamientos de la generación anterior.
El plan piloto de regularización opera apenas sobre 168 mil casos en el país, una quinta parte del universo de 843 mil viviendas con problema, de modo que la corrección avanza muy por detrás del tamaño real del abandono.
