La FGR reveló que uno de los mayores esquemas de contrabando de combustible del país operaba desde la aduana de Matamoros; el caso que abrió un buque en Tampico exhibe una red de empresas fachada y agentes aduanales con servidores públicos dentro, la frontera tamaulipeca convertida en caja registradora.
El diésel ilegal no brincó el muro ni perforó un ducto, entró por la ventanilla con pedimento sellado y firma de autoridad; la Fiscalía General de la República informó esta semana que uno de los esquemas de contrabando de combustible de mayor dimensión detectados en México concentraba sus operaciones en la aduana de Matamoros, por donde, según la propia institución, cruzaron 144 millones de litros en 52 días de 2025, declarados como solución de cloruro de calcio, de los que solo se aseguraron 15 millones, 10.4% del total, junto con 129 ferrotanques y una lista de vinculados a proceso que apenas comienza.
El expediente tamaulipeco no nació ahí; el 19 de marzo de 2025 el buque Challenge Procyon, procedente de Beaumont, Texas, atracó en Tampico amparado en un pedimento de aditivos para aceites lubricantes, y el gabinete de seguridad presumió el decomiso de 10 millones de litros de diésel como el golpe histórico contra el huachicol fiscal.
La versión oficial duró lo que tardó en aparecer el papel; actas del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas, reveladas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, confirman que la importadora declaró 17 millones 459 mil kilos, equivalentes a 20.9 millones de litros, de modo que al menos 50% de la carga desapareció sin que ninguna autoridad haya explicado su destino.
Los números del fraude son de manual; el cargamento se declaró en 53 millones de pesos, unos 2.5 pesos por litro cuando el diésel de importación rondaba los 10.9, y el propio SAT calculó una evasión superior a 190 millones de pesos, es decir, 477 mil pesos omitidos por cada pipa de 49 mil litros. Detrás del papel había uniformes; en septiembre de 2025 fueron detenidos empresarios y mandos navales, junto con funcionarios portuarios y de aduanas, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, señalado por la FGR por su presunta responsabilidad en la red, mientras su hermano contralmirante pasó meses prófugo al amparo de suspensiones judiciales.
La red tocaba también la administración portuaria; el entonces director de Administración de la Asipona de Tampico aparecía asociado con los dueños de la importadora del cargamento, fue destituido cuando la investigación periodística lo exhibió y terminó detenido en el operativo de septiembre, con lo cual el circuito quedó completo, el que importaba y el que debía vigilar formaban parte del mismo negocio.
Conviene recordar la promesa original; los puertos y las aduanas pasaron a control militar en el sexenio anterior con el argumento de que el uniforme garantizaba honestidad frente a la corrupción civil, y lo que estos expedientes documentan es que la corrupción no se fue, ascendió de grado, al punto de que los dos últimos titulares militares de la aduana de Matamoros figuran hoy entre los prófugos del caso.
El corte nacional confirma la escala; la Fiscalía reporta más de 52 millones de litros asegurados en buques y ferrotanques, además de pipas detenidas en carretera, investigaciones contra más de 70 personas físicas y morales, y una red ferroviaria de 170 ferrotanques detectada en nueve estados con un daño estimado en 238 millones de pesos.
El método lo describe la propia autoridad; empresas importadoras, agentes aduanales, operadores logísticos y esquemas de dispersión financiera se integran para fragmentar la trazabilidad y vestir de legal cada litro, con Coahuila, Durango y Zacatecas como nodos de distribución, aunque la puerta de entrada siga siendo tamaulipeca.
La dimensión es binacional; la presidenta confirmó el 3 de julio dos grandes carpetas de investigación luego de que el Tesoro de Estados Unidos sancionara a dos mexicanos y nueve empresas por contrabando asociado al CJNG, con empresarios de doble nacionalidad que despachan sin sobresaltos desde el otro lado.
Lo que el caso exhibe es una fábrica de verdad oficial; el aseguramiento de Tampico se anunció con 10 millones de litros, el expediente fiscal registra 20.9, y esa diferencia de casi 11 millones de litros, que nadie en el gobierno federal ha querido aclarar, mide la distancia entre el comunicado y el país real.
La omisión tampoco fue un descuido; un informe de la propia Marina, fechado en mayo de 2025 y revelado por la misma organización, confirmaba que las autoridades federales sabían que el buque venía con alrededor de 20 millones de litros, de manera que la mitad faltante no se extravió por error, se extravió con conocimiento de causa.
El huachicol fiscal no requiere violencia ni nocturnidad porque su fuerza está en la forma; sellos, folios, clasificaciones arancelarias, facturas, todo el lenguaje con que el Estado acredita lo legítimo puesto al servicio del contrabando, de ahí que uno de los delitos más rentables del país sea el que lleva firma de autoridad.
La aduana existe para cobrarle al comercio exterior una parte de lo que financia el gasto público; cuando ese mostrador se renta, el impuesto no desaparece, se privatiza en la bolsa de quien vende la firma, mientras el gasolinero y el transportista que sí pagan terminan compitiendo contra diésel patrocinado por el crimen.
Para Tamaulipas el saldo es doble; el estado pone los puertos y los cruces, además del nombre en los titulares nacionales, las utilidades se registran en despachos de otra parte, y cada escándalo federal fechado en Tampico o Matamoros se cobra en la reputación de una frontera que vive precisamente de su comercio.
El desenlace es previsible; vendrán más comunicados con litros asegurados y más detenidos de rango medio, los prófugos con grado esperarán a que amaine y la ventanilla encontrará cómo reabrir, porque el contrabando no burló a la aduana, la contrató; hasta que el padrón de importadores se depure y las sanciones alcancen el patrimonio, cada litro evadido seguirá descontándose del presupuesto de las políticas públicas.
