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Expreso-La Razón
Decenas de funcionarios y legisladores se encuentran ahora ante la disyuntiva de renunciar a sus puestos para apuntalar sus proyectos electorales o quedarse en sus posiciones.
El gobernador Américo Villarreal Anaya puso fecha al futuro político de muchos integrantes de su gabinete, pero también diputados de la 4T… y hasta de otros partidos.
En una entrevista reciente, el mandatario llamó a los integrantes de su administración a definir su permanencia en el gobierno o su salida para buscar un lugar en la contienda electoral del próximo año.
La frase coloca a un grupo amplio de aspirantes tamaulipecos ante una disyuntiva que la ley todavía no les exige resolver, pero que la política ya les está cobrando.
“Si tienen alguna aspiración desde el punto de vista electoral, pues es el momento de definirse”, dijo el gobernador, al recordar que resta poco más de una tercera parte de su administración, tiempo que consideró suficiente “para consolidar” el proyecto estatal antes de que la atención pública se desplace por completo hacia la sucesión municipal y legislativa de 2027.
El mandatario fue explícito en que la decisión no depende únicamente de la voluntad de cada funcionario.
Comparó el escenario con un tablero de ajedrez, de damas chinas o de backgammon, cuya configuración final dependerá de las reglas que cada partido defina para la postulación de sus candidatos.
En el caso de Morena, señaló, el método de encuesta interna que utilice el partido determinará el momento en que los aspirantes deban separarse del cargo. “De acuerdo a esas perspectivas y en las encuestas que hará el partido en su momento, pues tendrán que separarse del cargo para poder participar”, indicó, aunque remarcó que mientras tanto los funcionarios mantienen la obligación de dar resultados en la administración pública.
El proceso electoral 2026-2027 arrancará formalmente el 13 de septiembre próximo, aunque para esa fecha aún estarán pendientes de definirse aspectos que dependen enteramente de los partidos políticos, entre ellos los métodos de selección interna de candidaturas.
En el caso de Morena actualmente están en marcha las convocatorias para los candidatos a las 17 gubernaturas, y después seguirá la selección de candidaturas para alcaldías y después las diputaciones.
Lo que exige la ley y lo que pide Morena
La Constitución Política del Estado y la Ley Electoral de Tamaulipas establecen plazos de separación del cargo que varían según la función que desempeñe el aspirante y el puesto que pretenda ocupar. Para diputaciones locales, los servidores públicos estatales y municipales, así como los integrantes de ayuntamientos, deben separarse de su encargo al menos 90 días antes de la jornada electoral. La misma regla aplica para quienes buscan un cargo en algún ayuntamiento: presidencias municipales, sindicaturas o regidurías.
Existe, sin embargo, una excepción relevante para los actuales titulares de cargos de elección popular. La Ley Electoral del Estado establece que los servidores públicos federales o estatales deben separarse 90 días antes de la elección, “con excepción de los cargos de elección popular”. En la práctica, esto significa que un diputado local o federal que busque una candidatura distinta —a una alcaldía, por ejemplo— no está obligado por esta disposición específica a solicitar licencia, salvo que el cargo al que aspire exija ese requisito de manera particular, como ocurre con la gubernatura, que pide 120 días de separación a quienes integran legislaturas o ayuntamientos.
Esa diferencia normativa divide en dos grupos a los aspirantes identificados en Tamaulipas. Por un lado están los integrantes del gabinete estatal, servidores públicos sin cargo de elección popular, sujetos a la regla general de los 90 días.
Por otro, los actuales diputados locales y federales, que gozan de mayor margen legal para permanecer en funciones mientras definen su candidatura. El llamado del gobernador, no obstante, no distingue entre ambos grupos: pide una definición antes de que el calendario legal la exija.
Este llamado coincide con las reglas establecidas por Morena que exigen que cualquier que se pretenda inscribir como aspirante en las convocatorias, deberá renunciar o pedir licencia a su cargo actual.
Los nombres del gabinete bajo la lupa
No son pocos los funcionarios estatales mencionados con frecuencia como posibles candidatos.
Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es uno de los nombres recurrentes en las quinielas, ya sea para la alcaldía de Victoria o para una diputación local.
Desde su designación al frente de la dependencia ha intensificado su presencia en redes sociales y medios de comunicación, un patrón que sus críticos interpretan como promoción anticipada.
Mismo caso de Gerardo Illoldi, actual secretario de Trabajo.
Ninfa Cantú Deandar, secretaria de Economía, es señalada como la aspirante más fuerte a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, un señalamiento que no ha negado ni confirmado públicamente.
Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación, aparece en las listas como posible aspirante a una diputación federal, aunque al ser cuestionado sobre el tema respondió que su atención está puesta en el quehacer educativo.
A ese grupo se suman Carlos Irán Ramírez González, mencionado como posible aspirante a alguna posición política en Matamoros, y Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca, cuyo nombre circula como aspirante a la alcaldía de Victoria y quien, al igual que Becker Hernández, ha incrementado notablemente su presencia en redes sociales en las últimas semanas.
También figura Silvia Casas González, secretaria de Bienestar, a quien se le ha vinculado tanto con la alcaldía de Victoria como con una diputación federal, sin que haya confirmado su interés en ninguna de las dos rutas.
Todos, en los hechos, siguen despachando en sus dependencias mientras la definición sobre su futuro político permanece abierta, en un terreno donde la ley todavía no los obliga a decidir, pero los tiempos políticos establecidos por su partido y por el gobernador, se agotan.
El Congreso, “semillero” electoral
Aunque el panorama es distinto entre los legisladores locales, pues por su condición de cargos de elección popular cuentan, según la interpretación de la Ley Electoral, con mayor flexibilidad para permanecer en su curul mientras definen una candidatura distinta, la regla de Morena es pareja: si quieren ser candidatos tendrán que dejar su posición.
Dentro de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Marcelo Abundiz Ramírez busca la candidatura a la alcaldía de Altamira o, en su defecto, la reelección en su distrito. Blanca Anzaldúa ha sido vinculada con un posible interés en la alcaldía de Victoria, mientras que Adrián Cruz Martínez y Claudio de Leija compiten, cada uno por su lado, por el señalamiento como aspirantes a la alcaldía de Ciudad Madero.
Cruz Martínez, en particular, ha mostrado una presencia creciente en redes sociales en las últimas semanas.
Magaly Deandar Robinson ha manifestado interés en la alcaldía de Reynosa, mientras que Víctor García Fuentes es visto como uno de los aspirantes con mayor fuerza para la alcaldía de Matamoros, un escenario que se explica en parte por la crisis de imagen que enfrenta el actual alcalde, Alberto Granados.
Katalyna Méndez Cepeda aparece como una de las aspirantes más sólidas para la alcaldía de Victoria, en un terreno donde también compiten otros personajes de la 4T local.
Sergio Ojeda Castillo es mencionado como aspirante a la alcaldía de Nuevo Laredo, mientras que Humberto Prieto Herrera busca la misma vía en Reynosa, donde enfrenta señalamientos por el presunto uso de recursos del Congreso del Estado para promover su imagen.
Úrsula Salazar Mojica figuraba como posible aspirante a la alcaldía de Tampico, aunque la casi segura postulación de Mónica Villarreal a la reelección en ese municipio ha reorientado las expectativas sobre Salazar Mojica hacia una diputación federal. Isidro Vargas cierra la lista de legisladores de Morena con interés en la alcaldía de Matamoros.
Del lado del Partido Acción Nacional, Marina Edith Ramírez Andrade es identificada como aspirante a la alcaldía de San Fernando, en uno de los pocos casos de oposición que figura entre los nombres con mayor proyección hacia 2027.
La diputación federal como plataforma de salida
Un tercer grupo de aspirantes proviene de la representación tamaulipeca en el Congreso de la Unión. Claudia Hernández Sáenz aparece como la aspirante más fuerte a la candidatura por la alcaldía de Reynosa, con el respaldo de Maki Ortiz y José Ramón Gómez Leal, dos nombres con peso propio en la política municipal de esa ciudad. Blanca Narro Panameño suena como la carta más sólida de Morena para la alcaldía de Altamira, mientras que Adrián Oseguera Kernion es mencionado como aspirante a la candidatura para Ciudad Madero, el mismo municipio donde compiten Cruz Martínez y De Leija desde el Congreso local.
Fuera de Morena, José Braña Mojica, del Partido Verde Ecologista de México, es señalado como aspirante a la alcaldía de Ciudad Victoria, mientras que Jesús Nader es identificado como el aspirante más sólido del PAN para la alcaldía de Tampico.
Las diputaciones federales, al igual que las locales, están amparadas por la excepción de separación aplicable a los cargos de elección popular, lo que permite a este grupo de legisladores mantener su encargo mientras avanza el proceso interno de definición de candidaturas en sus respectivos partidos.
Una decisión que la política adelanta a la ley
El resultado de este cruce de calendarios —el electoral, el legal y el político— es un grupo amplio de funcionarios y legisladores que enfrenta una presión de definición que antecede por meses, en algunos casos, a la obligación jurídica de separarse del cargo. Mientras la Ley Electoral concede a los actuales diputados un margen razonable para permanecer en funciones hasta que sus partidos definan métodos de selección, y exige a los integrantes del gabinete estatal apenas 90 días de separación antes de la jornada, el gobernador ha optado por adelantar el reloj político y pedir definiciones inmediatas, sin esperar a que se agoten los plazos que la norma permite.
Esa distancia entre el tiempo legal y el tiempo político es, en el fondo, el verdadero contenido del llamado gubernamental. No se trata solamente de una exhortación a la disciplina administrativa, sino de una señal dirigida a los propios partidos, y en particular a Morena, sobre la necesidad de ordenar cuanto antes un proceso de selección de candidaturas que, de no resolverse con claridad, corre el riesgo de convertirse en una disputa abierta entre funcionarios del gabinete y legisladores que, en no pocos casos, aspiran exactamente al mismo cargo en el mismo municipio.
