Staff
El corredor Texas-Tamaulipas es la segunda ruta de abastecimiento ilegal de armas más activa de México, según el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, que publicó una evaluación nacional sobre comercio y tráfico de armas de fuego.
El 74 por ciento de las armas utilizadas por el crimen organizado en territorio mexicano proviene de manera ilegal de cuatro estados estadounidenses: Arizona, California, Nuevo México y Texas, siendo este último el principal proveedor de las organizaciones que operan en Tamaulipas, de acuerdo con el mismo informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentó que Tamaulipas registraba, hasta 2022, el mayor volumen acumulado de decomisos de armas de fuego entre los 32 estados de la república mexicana, posición que comenzó a ceder ante el crecimiento del corredor Arizona-Sonora, impulsado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa desatada en la segunda mitad de ese año.
El mecanismo central de abastecimiento opera mediante compradores denominados «paja»: personas sin antecedentes penales que adquieren rifles semiautomáticos en armerías del sur de Texas y los depositan en puntos acordados cercanos a los puentes internacionales, donde los recogen enlazadores de las células criminales para su traslado al interior del estado.
Los informes de inteligencia del gobierno estadounidense señalan que, una vez cruzada la frontera, las armas son depositadas en casas de seguridad en las ciudades fronterizas o trasladadas por carretera hacia destinos más al interior del país, siguiendo rutas establecidas con precisión logística y con la complicidad documentada de elementos de corporaciones locales de seguridad.
La estimación más reiterada en los informes de inteligencia de Estados Unidos señala que aproximadamente 250 mil armas de fuego son adquiridas anualmente en territorio norteamericano con destino al mercado criminal mexicano, siendo los rifles de asalto y los fusiles de francotirador las categorías con mayor demanda por parte de los cárteles del noreste, cuyos combates en campo abierto exigen alcance y poder de fuego superiores al armamento convencional.
El fusil Barrett calibre .50, pieza de manufactura estadounidense diseñada para la destrucción de blindajes ligeros y vehículos a grandes distancias, ha sido recuperado de manera reiterada en operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la frontera chica tamaulipeca y en Nuevo Laredo, donde Los Zetas lo adoptaron como arma de precisión contra patrullas federales desde el inicio de la guerra abierta con el Cártel del Golfo en 2010.
Un análisis del programa académico Stop US Arms to Mexico, con base en más de 8 mil 200 recibos obtenidos del Ejército Mexicano, documentó que armas exportadas legalmente por Estados Unidos fueron transferidas a corporaciones policiales de Tamaulipas que figuran en registros con amplia documentación de corrupción, colusión con grupos criminales y violencia de Estado.
La Cuenta de Gobierno de Estados Unidos (GAO) advirtió en su informe de 2021 que los mecanismos de rastreo binacional de armas de fuego presentan deficiencias críticas en la recolección y análisis de datos, lo que ha limitado históricamente la capacidad de las autoridades para identificar y desarticular las redes de suministro que nutren los arsenales del noreste.
La disponibilidad irrestricta de municiones en el mercado estadounidense agrava el problema de manera estructural: a diferencia de las armas, los cartuchos de alto calibre pueden adquirirse sin licencia y sin registro en sitios de venta masiva, lo que hace prácticamente imposible controlar el flujo de proyectiles hacia las células criminales que operan en los municipios fronterizos de la entidad.
LA INDUSTRIA DE GUERRA ARTESANAL
Los vehículos blindados artesanales conocidos como “monstruos” surgieron en Tamaulipas en 2010, durante la guerra territorial que estalló tras la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, rompiendo el frágil equilibrio que había existido en el noreste mexicano por casi una década. Estos vehículos se volvieron una táctica central en los enfrentamientos armados.
Actualmente, Tamaulipas lidera el registro nacional con más de 260 vehículos blindados destruidos por las autoridades desde 2019, de acuerdo con datos de The Seattle Times basados en reportes de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto convierte al estado en el principal escenario de esta tecnología bélica improvisada en México.
Del 1 de enero de 2018 a mediados de 2022, la SEDENA aseguró 630 vehículos blindados en el país, con Tamaulipas concentrando 231 decomisos, incluyendo 42 clasificados como narcotanques por su mayor blindaje, torretas y capacidad ofensiva.
Se basan en camionetas de alta resistencia como Dodge RAM, Ford F-350 y Chevrolet Tahoe, a las que se agregan placas de acero de hasta una pulgada, troneras laterales y traseras, torretas para ametralladoras y suspensiones reforzadas para terrenos semidesérticos. Los talleres clandestinos, ubicados en ranchos rurales apartados, emplean equipos de cinco a seis especialistas que tardan 60 a 70 días en fabricar una unidad básica por alrededor de dos millones de pesos. El costo sube con adiciones como llantas antipinchazos, cámaras exteriores y torretas dobles.
La DEA describió en 2007 a Los Zetas como el grupo “tecnológicamente más avanzado, sofisticado y violento” de México. El uso de monstruos confirmó esta evaluación, mostrando una estrategia de emulación de las fuerzas especiales del Ejército, origen de muchos de sus líderes.
La académica Guadalupe Correa-Cabrera, autora de “Los Zetas Inc.” (2017), explica que la organización operaba como corporación transnacional con áreas especializadas en finanzas, recursos humanos y comunicación, utilizando la violencia extrema como herramienta de expansión y proyección.
El proyecto Justice in Mexico de la Universidad de San Diego indica que estos vehículos reflejan la institucionalización militar de los grupos del noreste, comparable a unidades irregulares latinoamericanas.
El analista Romain Le Cour, del Global Initiative against Transnational Organized Crime, subraya su rol político y comunicativo: actúan como símbolos visibles de dominio territorial, generando intimidación superior sobre civiles y autoridades que ninguna pancarta iguala.
En resumen, los “monstruos” representan la evolución táctica, tecnológica y simbólica de la criminalidad en Tamaulipas, consolidando un modelo de confrontación que va más allá del combate directo
LAS DESAPARICIONES EN TAMAULIPAS
El flujo constante de armas hacia México ha detonado un aumento exponencial de la violencia. En Tamaulipas, el efecto más grave es la crisis de desapariciones.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda actualizados a noviembre de 2025 y citados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, el estado tiene 13 mil 598 expedientes activos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO. Eso coloca a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en cifras absolutas, solo por debajo de Jalisco y del Estado de México.
Al analizar por población, la situación es aún más severa. El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, ubica a Tamaulipas en primer lugar nacional de desapariciones per cápita. Desde el año 2000 se registran más de 18 mil 500 personas desaparecidas en una entidad de tres millones y medio de habitantes. Es la mayor concentración proporcional del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió en su Informe sobre Desapariciones en México de 2026 que la cifra real es probablemente mayor. Colectivos de familiares señalan que muchas personas no denuncian por temor a represalias de grupos criminales que controlan los territorios donde ocurrieron los hechos.
La mayor incidencia se concentra en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Reynosa lidera con más de 2 mil 800 reportes desde 2010. La presidenta de la Codhet reconoció en noviembre de 2025 que el problema es «fuerte y considerable», aunque observó una mejoría relativa en los últimos años de gobierno.
Un informe de la Washington Office on Latin America, WOLA, publicado en abril de 2024 con entrevistas en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, documentó que la fragmentación del poder criminal en Tamaulipas genera una competencia violenta permanente. Al no haber un grupo hegemónico, la población migrante y los habitantes de comunidades fronterizas son los más afectados.
En Tamaulipas los reportes de desaparición ya superan a los homicidios. En 2023 hubo 632 desapariciones frente a 496 asesinatos. Esa tendencia siguió en 2024 y 2025. Causa en Común vincula el fenómeno a una posible reclasificación de víctimas mortales y al alto número de casos sin resolver.
El perfil principal de las víctimas está entre los 15 y 29 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, relaciona este grupo con el reclutamiento forzado, la extorsión a migrantes y la falta de empleo formal en los municipios fronterizos.
El tema ya llegó a instancias internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó a comparecer al Estado mexicano. En junio de 2025 el RNPDNO reportaba más de 128 mil personas desaparecidas en todo el país. Organismos independientes calculan que hay 70 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses estatales.
Además, Tamaulipas concentra el 43 por ciento de las citas diarias que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., CBP, otorga en toda la frontera. Eso lo convierte en paso obligado para miles de solicitantes de asilo al año, muchos de los cuales son interceptados, extorsionados o desaparecidos antes de llegar a su cita.
GRAVES DELITOS CASTIGO
El informe «En el Desamparo» del Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas documentó, con base en declaraciones de integrantes de Los Zetas, que policías municipales y agentes de tránsito de San Fernando reportaban los movimientos de fuerzas federales al cártel y cobraban por permitir el paso de convoys de migrantes y armamento pesado por las carreteras del municipio.
En enero de 2021, doce oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Tamaulipas fueron detenidos y acusados de homicidio por la masacre de 19 personas en Camargo (16 migrantes guatemaltecos y tres mexicanos). Sus cuerpos calcinados fueron hallados en una camioneta incautada a traficantes y liberada por agentes del Instituto Nacional de Migración, ocho de los cuales fueron separados del cargo.
El Congreso de Investigación del Gobierno de Estados Unidos (CRS) señaló en 2022 que la impunidad y las bajas tasas de procesamiento judicial —con la mayoría de crímenes sin investigar— representan el principal obstáculo para romper el ciclo de violencia en el noreste mexicano.
La WOLA documentó en 2024 que muchas autoridades en Tamaulipas toleran o participan activamente en el secuestro de migrantes, y que las políticas migratorias estadounidenses que desvían flujos hacia esta entidad aumentan la vulnerabilidad de las personas en tránsito y la rentabilidad del crimen organizado.
Entre 2017 y 2020, un periodista fue asesinado en México casi cada mes, con casos en Tamaulipas y Nuevo Laredo. El Departamento de Estado de EE.UU. registró 16 trabajadores de medios asesinados en 2018, en un contexto de “zonas de silencio” impuestas por grupos criminales que limitan el derecho a la información.
El impacto económico de la violencia en México alcanzó en 2021 los 4.92 billones de pesos (243 mil millones de dólares, equivalente al 20.8% del PIB), según el Mexico Peace Index del Instituto para la Economía y la Paz.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada describió en noviembre de 2021 la situación en México como una “crisis forense” provocada por estrategias de seguridad fallidas e investigaciones deficientes, que han dejado decenas de miles de restos sin identificar en panteones saturados.
Los homicidios dolosos en Tamaulipas registraron una baja sostenida, de 3.47 asesinatos diarios entre 2015 y 2021 a 1.37 en 2023 y 0.50 en 2025, según la Vocería de Seguridad estatal. No obstante, analistas advierten sobre posibles reclasificaciones de casos que obligan a tomar con cautela estas cifras de mejora.
